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Antes de abordar el conjunto de proyectos es importante recapitular las normativas impulsadas e implementadas durante las últimas dos décadas y que, en ediciones anteriores, ya habían sido compartidas y analizadas.
En tal sentido, una de las primeras decisiones económicas al inicio de la democracia había sido la conversión de un tipo de cambio libre y fluctuante. Años después, la vigencia de una normativa que estableció el nuevo régimen tributario con la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La crisis financiera del año 1995 fue el escenario para la creación de varias leyes que dotaron al Banco Central del Paraguay (BCP) de importantes herramientas de manejo del sistema financiero como la ley orgánica de bancos y la de seguros.
En el año 1999, las finanzas públicas también experimentaron modificaciones con la ley de administración financiera del estado, por la cual se establecieron limitaciones en las intervenciones fiscales y monetarias como el tope de la figura del crédito de adelanto de corto plazo.
Durante el periodo presidencial de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), surgieron importantes medidas económicas en un escenario para el país de default selectivo. A decir, la firma de un acuerdo de “stand by” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dotar de cierta solvencia la gestión del Ministerio de Hacienda como la reforma tributaria que redujo el impuesto a la renta del 30% al 10%, impactando de manera positiva en las recaudaciones de hasta 10 veces. Así también, la creación de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), un organismo público que marcó el inicio del financiamiento de largo plazo en el país y la vigencia del Fondo de Garantía de Depósito para brindar cobertura y respaldo al sistema financiero ante cualquier crisis, entre otras reformas que dotaron de mayor institucionalidad al BCP y al Ministerio de Hacienda.
En el inconcluso mandato de Fernando Lugo (2009-2011) se destacan dos hechos de gran relevancia económica: la decisión del BCP de adoptar el programa de metas de inflación, que inicialmente fue fijado en 4,5% y luego a 4%, vigente hasta la actualidad. Además, del histórico acuerdo energético con Brasil conocido como “Lula-Lugo”, que permitió un aumento de los beneficios a favor de Paraguay en concepto de compensación por cesión de energía, que pasó de unos US$ 120 millones a US$ 360 millones.
En la administración de Federico Franco, entre los años 2012 y 2013 se implementaron importantes decisiones con impacto económico. Por mencionar, la creación del Impuesto a la Renta Personal (IRP), la capitalización del Banco Central del Paraguay (BCP) con la emisión de un bono perpetuo que viabilizó el arreglo contable, inyectando mayor fortaleza al sistema financiero paraguayo y la imagen pública.
Durante esta presidencia, Paraguay incursiona en los mercados internacionales con la emisión y colocación de sus bonos soberanos. La captación de estos recursos cambió el modelo de financiamiento de los proyectos de infraestructura en el país. Igualmente, la Ley de Alianza Público-Privada (APP) fue otra normativa de gran relevancia, así como la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y la reforma tributaria con el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (IRAGRO).