Ante el desafío 2023 hubo una estrategia

El Gobierno de Mario Abdo Benítez no tiene una estrategia para que el Paraguay acepte el desafío 2023 en Itaipú, fue la recurrente acusación que escuchamos en los cinco años de gobierno de esta cepa del Partido Colorado.

Vista parcial de la central hidroeléctrica paraguayo/brasileña Itaipú.
¿Sustituir una carga por otra en el costo de Itaipú o exigir el justo precio por nuestro excedente?gentileza

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Antes de cualquier desarrollo de este tema, es necesario que nos pongamos de acuerdo en algunos conceptos básicos, como estrategia por ejemplo y, por supuesto, en qué consiste el desafío 2023 en Itaipú.

Si por estrategia se entiende el objetivo final, la meta de una campaña, y por tácticas los pasos que se dan para “capturar al rey” del contendor de turno, la agónica cepa colorada en el gobierno, categóricamente, tuvo una estrategia.

Acerca del desafío 2023 hay controversias. Algunos la recluyen en una especie de compartimiento estanco, lo limitan a la mera adecuación de las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú.

Otros propugnan la revisión de todo el Tratado, específicamente de sus artículos, cláusulas, etc., con los que sus defensores, paraguayos inclusive, intentaron –aún lo intentan– justificar prácticas entreguistas con las despojaron a la República del Paraguay de su soberanía en Itaipú.

El numeral VI - Revisión del Anexo C del Tratado (bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la Itaipú) establece cuanto sigue:

“Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.

La entrada en vigor tuvo lugar en Asunción el 13 de agosto de 1973, tres meses y 18 días después de su suscripción, en Brasilia, el 26 de abril de 1973, por consiguiente, la primera condición para su revisión, se cumple dentro de 35 días.

El segundo requisito se atendió el 28 de febrero del presente año: la cancelación de la deuda a la que se refiere el numeral VI del Anexo C, la que de acuerdo con la versión oficial ascendía a US$ 63.500 millones.

Los debates sobre la opacidad de sus capítulos, páginas, párrafos inclusive, en los diarios o foros independientes de la cepa de turno en el poder, sin duda alguna, no se detendrán.

El Art. VI del Tratado de Itaipú “Forman parte del presente Tratado, ... punto c “las bases financieras y las de prestación de los servicios de electricidad de la Itaipú (Anexo C), prueba que este documento es parte del Tratado, luego su revisión, por lógica simple, implica la revisión del Tratado de Itaipú.

Esgrimir, como lo hacen muchos –inclusive paraguayos– a pesar de los apuntados, que las delgadas paredes de este compartimiento no deben rasguñarse siquiera, tiene una explicación simple, sus responsables no quieren molestar al socio mayor o porque siguen medrando a la sombra del asfixiante statu quo itaipuano.

No creo en las estrategias, pero que las hay las hay

¿No hubo estrategia en los tiempos de Mario Abdo? Sí hubo, que fue insatisfactoria e inclusive decepcionante es un asunto que seguiremos debatiendo en publicaciones posteriores.

El sábado último, 1 de julio, día en el mandatario de turno “rindió cuentas” –las comillas se justifican– explicaba que “el reciente acuerdo tarifario de Itaipú permite contar con recursos adicionales, como nunca antes, por un monto de US$ 409 millones, 1% del PIB. Con este precedente se sentaron las bases para que el Estado paraguayo cuente con otros ingresos para llevar adelante grandes inversiones. Si se sostiene el acuerdo tarifario, el próximo gobierno tendrá más de US$ 2.000 millones en los próximos cinco años”.

Se refería, obviamente, al último acuerdo tarifario con Brasil (17 de abril de 2023), para la contratación de potencia en Itaipú, con el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido el 1 de enero de este año.

Recordemos que la anterior administración, la de Jair Bolsonaro, horas antes de que feneciera su mandato, intentó, hasta unilateralmente, imponer su tarifa en Itaipú, la que habían reducido a US$ 12,67/kWmes.

No pretendemos polemizar –al menos en esta publicación– sobre la corrección o incorrección de la salida que quiso imponer el exmandatario brasileño, sí advertir una vez más sobre los hábitos hegemónicos de nuestros socios a la hora de tomar medidas relacionadas con Itaipú.

El 17 de abril último, el nuevo gobierno del Brasil, así como la administración que instaló en la entidad binacional, cerraba con el gobierno de Abdo Benítez el acuerdo al que mencionó el mandatario paraguayo el sábado pasado.

El mensaje del presidente prueba nuestra hipótesis, que hubo estrategia y que inclusive la puso en práctica en el presente de la binacional y, si atendemos el consejo que dio a su sucesor en su mensaje –”si se sostiene el acuerdo tarifario, el próximo gobierno tendrá más de US$ 2.000 millones en los próximos cinco años”–, concluiremos que le pide que siga aferrado a la misma, que no la reemplace si quiere contar en los próximos cinco años con un ingreso adicional de US$ 2.000 millones.

Los US$ 409 millones para el Paraguay –y una cifra similar al Brasil– aún cuando el presidente que está “de salida” no ponga nombres a la operación, son ya el producto de la sustitución de la carga de la deuda por la de los “nuevos componentes”.

Recordemos que salidas como esta ya fueron utilizadas con la tarifa 2022 de Itaipú entre el gobierno de Abdo Benítez y el de Jair Bolsonaro. En otras palabras, sobre el costo real de Itaipú descargaron los costos de componentes y que la recaudación fue igualmente distribuida en partes iguales entro los dos países.

En nuestro ese ingreso, entre otras asignaciones, sirvió para subsidiar a los usuarios de la ANDE una parte de sus facturas durante varios meses, solventar las inversiones en obras, cuya legítima rendición de cuentas aún aguardan sus usuarios.

La “estrategia” a la que se refirió Abdo Benítez el sábado no fue el transitorio resplandor de su creatividad, porque los dos casos mencionados, constituyen apenas las últimas pruebas.

El 25 de mayo de 2021, en un documento que publicó el Gobierno con el título “Revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú”, el capítulo “Determinación de la Tarifa”, su equipo técnico de respaldo escribía lo siguiente:

“A fin de verificar el impacto de la cancelación del servicio de la deuda en la tarifa de Itaipú, los grupos de trabajo realizaron una simulación para el período 2021-2030, bajo la hipótesis de que se mantengan los conceptos y las condiciones básicas actuales del Anexo C. Los escenarios son claros para el post 2023:

-Tarifa alta –cuando eso US$ 22,6 /kWmes–: se mantiene la tarifa actual. Se incluyen “nuevos componentes” en el costo del servicio de electricidad en sustitución del servicio de la deuda, en similar proporción (alrededor del 60%).

-Tarifa baja (aproximadamente US$ 9,61/kWmes: Es la mera aplicación del Anexo C. No se incluyen “nuevos componentes” en el costo del servicio de electricidad. La tarifa desciende automáticamente.

-Tarifa intermedia (aproximadamente US$ 15/kWmes) –actualmente rondaría los US$ 13/kWmes–. Se incluyen “nuevos componentes” en el costo del servicio de electricidad, en sustitución del servicio de la deuda, en una proporción del 50% de esta.

La parte más relevante de este documento apunta lo siguiente: “lo más conveniente para el Paraguay es determinar una tarifa intermedia, que resulte atractiva, accesible y con beneficios para ambas altas partes contratantes, contemplando ‘nuevos componentes’ en el costo del servicio de electricidad”.

Señalaban inclusive que de aplicarse la opción que recomendaban “se obtendría un beneficio económico adicional del orden de US$ 400 millones para cada país –anuales, se entiende–, para ser destinada a la actualización de regalías, nuevas inversiones, fondos especiales y otros, según sea negociado y acordado...”.

Entonces, hubo estrategia, ignoramos si la administración que asume el 15 de agosto lo adoptará o lo rechazará. No obstante, todo indica el status quo vigente seguirá, tal vez con un maquillaje más acentuado y más sugerente.

No hubo, eso sí, estrategias que buscasen la plena reivindicación de los derechos paraguayos, en Itaipú, como el justo precio que consagra el Acta Final de Foz de Yguazú de 1966, aún cuando el mayor consumidor del excedente paraguayo siga siendo Brasil y, por consiguiente, la plena disposición de la mitad de la energía que produzca la central, tal como lo consagra el Art. XIII del Tratado.

Tampoco intentaron, por ejemplo, investigar la deuda de la entidad binacional, específicamente su fracción espuria, como la que terminó de demostrar la Contraloría General de la República en 2019 y otros resarcimiento, no solo por los saltos sacrificados, sino también por las pérdidas que infligieron al Paraguay en los 39 años de operación de la central hidroeléctrica.

Anexo C

Esgrimir que las paredes del Anexo C no deben rasguñarse siquiera tiene una explicación, no quieren molestar al socio mayor o porque...

Hubo

¿No hubo estrategia en los tiempos de Mario Abdo? Sí hubo, que fue insatisfactoria y hasta decepcionante, es un asunto que seguiremos debatiendo.

Enroque

Los US$ 409 millones son ya el producto de la sustitución de la carga de la deuda por la de “nuevos componentes”, de la estrategia abdista.

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