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La administración central está compuesta por las instituciones que forman parte de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, más la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura. El año pasado, la deuda de este sector con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos del Tesoro alcanzó US$ 13.434 millones, que representaba 32,6% del PIB. Según la proyección de la cartera fiscal, en diciembre de este ejercicio llegará a un total de US$ 14.740 millones, 33,1% del PIB, con un aumento por ende de US$ 1.306 millones. Estos datos forman parte de un “Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública de la Administración Central y su impacto en el Presupuesto Público”, que se presentó en el evento denominado “GLOCAL 2023 Semana de la Evaluación”.
En el análisis, se cita que en el 2003, la deuda de la administración central era 31,1% del PIB y que tras la cesación selectiva de pago se redujo hasta llegar al 6,9% del PIB en 2011, pero que a partir de 2012 empieza de nuevo a subir para situarse en 19,7% en 2019.
Al año siguiente, en 2020, pega un salto y alcanza el 29,7% del PIB debido a préstamos contratados y a bonos soberanos colocados en el mercado externo para hacer frente a la pandemia. Luego, en 2021, pasaría al 30,1% y el año pasado cerró en 32,6% del PIB. En el estudio llaman la atención sobre la expansión que registra en los últimos años el pago de intereses de la deuda de este sector, teniendo en cuenta el alza de tasas de interés por la incertidumbre reinante en el mercado internacional.