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Al considerar el inicio de las reformas estructurales desde casi el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos hasta los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza total en Paraguay pasó de afectar al 57,7% de la población en 2002 al 24,7% al cierre del año 2022. Es decir, aproximadamente 1.300.000 personas salieron de la considerada línea de pobreza en las últimas dos décadas, con lo que más de 1.800.000 se encuentran viviendo en la mencionada condición. Es de recordar que la línea de pobreza total es igual al costo de la Canasta Básica de Consumo (CBC) que incluye además de los alimentos el costo de otros bienes y servicios no alimentarios considerados esenciales.
En veinte años, las reformas diseñadas e implementadas en Paraguay no solo se han traducido en resultados positivos para la macroeconomía, sino que la micro también se vio beneficiada, de acuerdo con los resultados expuestos, descritos y analizados por la Consultora MF Economía e Inversiones.
Los datos muestran una sostenida reducción de la pobreza con ciertos aumentos, pero que no han representado un retroceso significativo en el proceso. El comportamiento es similar en el grupo de la población vulnerable, donde alrededor de 460.000 personas dejaron de serlo en el periodo de veinte años, tal como se puede observar en el gráfico.
En tanto que la línea de pobreza extrema representa el costo de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) constituida por un conjunto de alimentos y bebidas no alcohólicas cuyo contenido calórico satisface los requerimientos calóricos mínimos (vida saludable).
El cambio de condición socioeconómica se ha traducido en un aumento considerable de la población no pobre, donde la cantidad de personas pasó de 2.279.340 a 5.532.250. Esto ha significado un crecimiento de aproximadamente 3.300.000 que se sumaron a la población fuera de la pobreza.
Si bien los programas sociales impulsados por los gobiernos se han constituido en una política de contención de la pobreza, el principal componente de los ingresos familiares ha sido el proveniente de lo laboral, representando el 86,7%. En tanto que los demás como por ayuda familiar del extranjero, jubilación o pensión y hasta otros ingresos, oscilan entre el 0,2% y 4,7% de la estructura de los ingresos familiares mensuales al año 2022, conforme con los datos del INE.
En el mismo contexto, la población ocupada también ha mostrado una dinámica de crecimiento con suaves caídas producto de la estacionalidad, como se puede observar desde los registros oficiales del año 2017. Se exceptúan los primeros meses de la pandemia en 2020 en los que se registró un desplome de la cantidad de personas en el mercado laboral, que se tradujo igualmente en un aumento importante del desempleo. Al quitar el mencionado factor, la población desempleada ha sufrido ciertas variaciones (ver info).
Imagen país y nuevas fuentes de financiamiento
La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) ha tenido su efecto derrame en la microeconomía; sin embargo, la estructura ha sido y sigue siendo vulnerable a condiciones adversas, por lo que es momento de buscar estrategias a fin de fortalecer y diversificar la economía como uno de los tantos desafíos para el entrante Gobierno.
En los últimos años, Paraguay ha logrado posicionarse a nivel internacional por sus auspiciosos indicadores económicos. Es de mencionar que las tres principales agencias de rating a nivel mundial, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, que califican al país, han avalado la fortaleza macroeconómica de Paraguay. Sin embargo, han coincidido en que la debilidad institucional sigue siendo el principal desafío que le impide alcanzar el grado de inversión.
En la misma línea, Paraguay ha tenido buenas calificaciones y perspectivas, así como importantes avances durante los últimos 15 años. De hecho, desde el inicio de las evaluaciones, nuestro país no ha registrado rebaja alguna y las últimas calificaciones de riesgo destacan a la nación con BB (Standard & Poor´s) y BB+ (Fitch) con tendencia Estable y Ba1 (Moody’s) con tendencia positiva.
Al respecto, Moody’s y Fitch Ratings ubican a Paraguay a un peldaño del grado de inversión, aún en el grado especulativo y con riesgos de incumplimiento a mediano plazo. Por su parte, la calificadora Standard & Poor’s sitúa a Paraguay a dos escalones de la mencionada deseada calificación.
Con la salida de los bonos soberanos en el año 2013, el país no solo se situó en el radar de los inversionistas, sino que cambió el sistema de financiamiento de proyectos de obras públicas. El modelo permitió, por varios años, un avance significativo en materia de infraestructura. No obstante, el acelerado endeudamiento, por situaciones adversas, agotó el mencionado modelo, por lo que igualmente urge el diseño de nuevas fuentes de financiamiento o la utilización de las ya vigentes como los acuerdos con el sector privado.
Para cerrar la brecha de infraestructura en un escenario previsto al año 2030, el país precisa alrededor de US$ 35.000 millones, conforme con datos del Ministerio de Hacienda. Estos recursos permitirán el financiamiento de proyectos vinculados al transporte (vial, aéreo fluvial, ferroviario), aguas, energía eléctrica, salud y vivienda.
Estudios realizados por el Banco Mundial (BM) comparten las externalidades y han revelado que un aumento en el nivel de infraestructura de 1% incrementa, temporalmente, el crecimiento del PIB, entre 1% y 2% (Calderón y Serven, 2014). En cuanto a la inequidad, se experimenta una reducción, producto del aumento de la infraestructura pública, debido a que amplía las oportunidades de producción y trabajo, valorizando bienes y propiedades y mejorando los prospectos de ingresos.
Por el lado social, la infraestructura facilita el acceso a servicios de educación y salud, valorizando el capital humano y ampliando el potencial de trabajo y calidad de vida. De esta forma, la infraestructura se vuelve una herramienta valiosa para la reducción de pobreza (Calderón y Serven, 2014).
Como se ha observado, los desafíos para el entrante Gobierno son múltiples. A decir, la contención social, desde una reforma del sistema previsional general, políticas de creación y hasta la conservación del empleo para reducir la pobreza. Además, de una profunda reorganización de las finanzas públicas con énfasis en la calidad del gasto, el crecimiento de las inversiones de gran impacto social y económico, así como una política energética de mayor y mejor aprovechamiento tanto para la población como para la atracción de inversiones.
Desafíos
Los desafíos para el entrante Gobierno son múltiples. Desde la contención social, la reforma del sistema previsional, políticas de empleo, entre otros.
Finanzas
Reorganización de las finanzas públicas con énfasis en la calidad del gasto y alza de inversiones de gran impacto social son materias pendientes.
