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La Consultora MF Economía e Inversiones recabó las grandes reformas realizadas durante los gobiernos del período democrático. Al considerar la corta presidencia de Federico Franco entre los años 2012 y 2013, se destacan decisiones de gran impacto como la creación del Impuesto a la Renta Personal (IRP), tributo que había quedado pendiente ya en el año 2003.
Con la aprobación del IRP, Paraguay se sumó al grupo de países de América Latina y el Caribe con un impuesto similar.
La capitalización del Banco Central del Paraguay (BCP) fue otra decisión de gran relevancia en el año 2012. La emisión del bono perpetuo viabilizó el arreglo contable, con lo cual se inyectó mayor fortaleza al sistema financiero paraguayo y la imagen pública.
Al año siguiente, Paraguay sale por primera vez a los mercados internacionales con la emisión y colocación de sus bonos soberanos. De esta manera, el instrumento se constituyó en la principal fuente de financiamiento para los proyectos de obras públicas. Igualmente fue clave en la obtención de recursos en plena pandemia.
Otras normativas aprobadas e implementadas desde ese periodo presidencial fue la Ley de Alianza Público- Privada (APP). Desde el año 2013 el capital privado cuenta con una herramienta que le brinda una serie de facilidades para plantear, diseñar y ejecutar obras de infraestructura en el país. En el mismo contexto, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) se ha convertido en una normativa de gran aceptación pública que ha impedido, de cierta manera, los excesos en los gastos cometidos en el pasado. De la misma manera, la reforma tributaria con el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (Iragro) sumó al esfuerzo por establecer reglas que se adecuen a las nuevas necesidades del mercado.
Durante el gobierno de Horacio Cartes fueron mejor implementadas las leyes mencionadas. En esta presidencia, el acceso a la información pública se constituyó en otro paso de preponderancia a nivel país.
De acuerdo con el cronograma de las reformas estructurales, en el periodo actual también se aprobaron e implementaron una serie de normativas que ayudaron y seguirán ayudando a la economía. Por mencionar, la Ley de Bancos, que representa una flexibilización a la anterior, por darle mayor potestad al BCP en la toma de decisiones con relación a los parámetros de aplicación para la estabilidad del sistema financiero.
También surgieron otras decisiones económicas como el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que unificó los impuestos a la renta que se encontraban vigentes en el país, la actualización de la Ley de Compras Públicas, la Ley de Empresa por Acciones Simplificadas (EAS) y el paquete de 10 leyes “antilavado” se convirtieron en soporte para todo el trabajo realizado desde años atrás.
Normativas pendientes y su importancia en la economía
El actual Gobierno deja una serie de proyectos de leyes que han dependido, en gran parte, de la decisión del Congreso Nacional y que se suman a la lista de desafíos para el entrante Gobierno a cargo de Santiago Peña.
Por mencionar, la Ley de Reforma “De la función pública y la carrera del servicio civil, que de acuerdo con la propuesta inicial tiene por objeto establecer las disposiciones generales en la Función Pública y regular tanto las normas como los procedimientos de la Carrera del Servicio Civil, basándose en la transparencia, integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, y la eficiencia”.
El proyecto dispone entre otros puntos, un tope y escala salarial unificada, el establecimiento de una política del sistema de remuneraciones, la regulación de ascensos, promociones, estabilidad laboral, supresión de puestos, requisitos de concursos, e inhabilidades, entre otros.
Además, plantea la creación de la Subsecretaría de Estado de la Función Pública, como única autoridad normativa del sistema de la función pública, dependiente del Ministerio de Hacienda.
El proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, o Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, es la actualización de la regla fiscal vigente que define la hoja de ruta de consolidación de la disciplina fiscal pospandemia, priorizando el gasto en inversión pública e incorporando un límite a la deuda pública. Igualmente, incluye la creación de un Fondo Soberano de Estabilización, da rango de ley al Consejo Fiscal Asesor (CFA), e incluye la obligación de que el Ministerio de Hacienda elabore un informe técnico sobre todo proyecto de ley que implique un impacto fiscal (Banco Interamericano de Desarrollo-BID).
Y el punto que conllevará mayor esfuerzo de diálogo y trabajo coordinado con todos los sectores será el proyecto de Ley de Pensiones en un sentido amplio. Es decir, que no busque solamente recomponer la crisis de la Caja Fiscal, sino de todo el sistema, a decir, del Instituto de Previsión Social (IPS) y del sector privado en su conjunto. Ello, al considerar la cantidad de personas que se encuentran desprotegidas y que, en el corto, mediano y largo plazo, requerirán de la asistencia del Estado.
En palabras del economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira, las reformas estructurales realizadas durante los últimos veinte años ha permitido la estabilidad económica del país. “Acá hay gobiernos de todos los colores. Mucha gente intervino, y construyó a lo largo de 20 años la situación que debemos valorar, así como exigir su conservación y evolución”.
En la siguiente edición, la Consultora MF Economía e Inversiones presenta los resultados del conjunto de decisiones y acciones económicas de los últimos años: La macro está bien, pero la microeconomía, ¿no?
Reforma
Reformas estructurales realizadas durante los últimos veinte años ha permitido la estabilidad económica del país, dice exministro de Hacienda.
Actual
Según cronograma de reformas estructurales, en el periodo actual se aprobó e implementó una serie de normativas que ayudaron y ayudan a la economía.
