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Esta reforma consiste en terminar de una vez por todas con la estafa estatal del sistema jubilatorio por reparto, modelo utilizado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
La estafa se pone en práctica desde el momento en que el pago a los nuevos jubilados se va haciendo, cada vez en mayor proporción, mediante el dinero de los nuevos trabajadores aportantes que luego no podrán, paradójicamente, obtener sus propios haberes. En un plazo determinado de quizás de no más de 8 años, este modelo de sistema jubilatorio empezará a colapsar.
No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados. La caja común a la que se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora están aportando no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos que a diario hacen en sus respectivos puestos de trabajo.
Llegará una etapa, por ende, en que la cantidad de dinero que extraen los jubilados será superior a la cantidad de dinero que aportan los trabajadores por una sencilla razón. Por cada año que transcurre existe más gente jubilada en relación a la cantidad de aportantes que ingresa al sistema.
Resulta, por lo demás, un contrasentido económico y jurídico que los empleadores no puedan también acogerse a los beneficios de la previsional, ya sea de la atención médica o la misma jubilación.
De igual importancia es dejar constancia de que se habla que la formalización podría corregir este problema. No es así. El inminente colapso de este modelo no podrá ser impedido mediante la formalización de las empresas, puesto que si bien podrían aumentar los ingresos por el aumento de nuevos cotizantes, ello no implica un cambio de fondo en el actual sistema de reparto.
Es loable la iniciativa de la formalidad, pero no es menos cierto que el problema real es otro y todavía más grave. El problema más acuciante es el modelo de reparto que, de modificarse, definitivamente puede convertirse en un poderoso incentivo para lograr la tan necesaria formalidad.
¿Solidaridad?
Se alega con insistencia que el actual modelo jubilatorio es solidario. Pero, ¿de qué solidaridad o de “justicia social” puede hablarse cuando se niega a la gente disfrutar en el futuro por sus largos años de dedicación laboral? ¿De qué solidaridad o justicia social puede mencionarse si el dinero empieza a faltar para pagar y luego se dispone de la plata de los demás vía nuevos impuestos o subiendo los ya existentes?
Una sociedad que pretenda respetar los derechos humanos que, por cierto, no son más que los derechos de los individuos, debe garantizar la libertad de elección, en este caso de trabajadores y patrones.
La propia Constitución Nacional exige romper con el modelo del IPS en razón del artículo 95. Deben ser las personas las que elijan de acuerdo a sus propias decisiones dónde y a qué lugar aportar una parte de sus ingresos para su posterior retiro. El costo social de seguir prorrogando ciertas reformas como la mencionada no es más que una escusa para seguir manteniendo los privilegios de los grupos beneficiados de los monopolios y de la corrupción.
Impuesto al trabajo e ineficiencia
A la ineficiencia en la gestión que es de público conocimiento se suma el impuesto al trabajo causado por los aportes obligatorios al IPS. Este “aporte” que sabemos no es precisamente voluntario sino coercitivo, finalmente es una confiscación y atropello tanto a la propiedad privada como la libertad de elección consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Si no se permite a los trabajadores y empleadores tal como sucede ahora, la más mínima oportunidad para que según sus conveniencias destinen su dinero a una institución, pues entonces estamos ante una directa violación de los principios arriba señalados, el de la propiedad privada y libertad de elección.
Infelizmente los que se oponen a la desmonopolización lo hacen porque saben que los actuales aportantes saldrían del actual sistema del IPS, como de hecho ocurre cuando buena parte de los mismos aportan también en el sector privado.
Perpetuar este monopolio y oponerse a un cambio reformista positivo para todos en este sector es como decir que los trabajadores y empleadores no tienen la suficiente capacidad y carácter para decidir ellos mismos sobre su propia propiedad y elección. Esto es inadmisible no solo en términos de nuestra ley fundamental sino también es inmoral por donde se lo mire. ¿Acaso decidir sobre mi propiedad (mi dinero) y mi libertad de elección ya no son derechos?
Iniciativa legislativa
La iniciativa está en manos del Congreso, y para ser igualmente precisos, también el mismo Ejecutivo que en su rol de administrador del Estado es el que debe proponer el cambio del sistema de reparto por el modelo de capitalización individual.
De seguir prorrogándose esta reforma, y más temprano que tarde, ni el IPS ni el propio Estado central contarán con los recursos suficientes para pagar las jubilaciones y pensiones requeridas.
Esta situación no solo supondrá un duro revés para las finanzas públicas.
Significará igualmente dejar a demasiadas personas desamparadas, sin sustento en plena vejez, pese a que fueron pagando durante largos años con una parte de sus respectivos sueldos mensuales. El costo político que alegan los gobernantes para así evitar las reformas de política económica para el progreso terminará en una tragedia social.
Nuevos
La estafa se pone en práctica desde que se paga a los nuevos jubilados, cada vez en mayor proporción, mediante el dinero de nuevos aportantes.
Tiempo
No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.