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Así, en la edición titulada: ¿Qué plantean los gobiernos para mitigar impactos económicos? se mencionaba que, tras dos años de incontables consecuencias socioeconómicas vinculadas a la pandemia, la recuperación de las economías se convirtió en uno de los más importantes desafíos de los gobiernos del mundo.
Los altos niveles de endeudamiento y de déficit fiscal contraídos durante la crisis, sobre todo en países emergentes y de bajos ingresos, han sido temas de debate entre los economistas y autoridades estatales.
A todo ello se había sumado el 24 de febrero del corriente año el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que impactó en la cotización de los commodities, traduciéndose en una disparada de los precios de alimentos y de recursos energéticos a escala global.
La amenaza al crecimiento económico activó la alerta y los diferentes gobiernos de la región comenzaron a desplegar planes y paquetes para dar soporte al proceso de reactivación de la actividad económica.
El Gobierno de Brasil adoptó medidas para refinanciar la deuda pública nacional. De los US$ 845.614 millones en concepto de gastos públicos para el 2022, el 39% se destinó al refinanciamiento de la deuda pública. Además, el Congreso Nacional había aprobado en las últimas semanas una ley que reducía los impuestos sobre el combustible, la energía, el transporte y los servicios de telecomunicación en un intento de frenar la inflación.
En Argentina, ante la creciente inflación superando el 60%, el Banco Central de la República Argentina elevó la tasa de interés al 52%. Como parte de su política contra la inflación y la escalada del dólar, el Gobierno apostó a la segmentación de tarifas de energía y gas para reducir los subsidios, mejorando así el impacto distributivo de la asignación para pago a los hogares.
En Paraguay, el Gobierno nacional había dado a conocer las medidas de recuperación económica implementadas desde este segundo semestre del 2022. El paquete contempló cuatro pilares de asistencia: apoyo social, aspecto impositivo, inversión pública y acciones financieras. En explicaciones oficiales, la serie de acciones, que formaba parte del Plan de Contingencia implementado desde comienzo del año, apuntó a hacer frente y mitigar los efectos negativos causados por el conflicto entre Rusia y Ucrania y que generó una muy fuerte presión inflacionaria, así como dar un nuevo impulso al proceso de recuperación económica.
Entre las principales acciones del plan económico figuraban:
-Área social: las medidas apuntaron, entre otros objetivos, a asegurar la movilidad de los ciudadanos y el abastecimiento de combustible para lo cual se establece el subsidio a pasajeros del transporte público, por ende, mantener el precio del pasaje hasta fin de año. Esta decisión demandará US$ 35 millones de las arcas. Además, quedó dispuesta la ampliación presupuestaria para la compra de combustibles por US$ 273,4 millones, lo que permitirá garantizar el abastecimiento en el país.
- Medidas impositivas: se aplicó la reducción de la base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para combustibles derivados del petróleo en vigencia desde febrero de este año. A la citada medida se sumaron otras como mantener, por dos meses más (julio y agosto), la base imponible reducida del 5% para los rubros y sectores de gastronomía, hotelería, eventos, turismo y alquileres comerciales. Además, de facilidades de pago correspondiente a obligaciones tributarias y suspensión de anticipos para el Impuesto a la Renta Empresarial.
- Inversión pública: en este pilar se busca, de cierta manera, la contención económica con una inyección de US$ 1.110,9 millones para la vivienda (US$ 31,9 millones), vial (US$ 413,9 millones), agricultura (US$ 15,1 millones).
De la misma manera recursos a salud (US$ 82 millones), ANDE (US$ 217 millones), educación (US$ 51,6 millones), entre otras áreas.
- Medidas financieras: dentro de este paquete de acciones se estableció mantener las tasas para préstamos de todos los productos financieros del Banco Nacional de Fomento (BNF), además del fideicomiso BNF-Ministerio de Hacienda por US$ 16,5 millones y que representan alrededor de 1.400 créditos.
Las medidas también buscan atender al sector agrícola, productores campesinos y mujeres emprendedoras con tasas de hasta 10%. Para ello, se dispuso una línea de G. 300.000 millones.
En aquella entrega se remarcaba la urgente necesidad de diseñar otras medidas mejor focalizadas y el involucramiento de los sectores más afectados. Ello, al considerar que las decisiones que se tomaran en lo que restaba de 2022 serían clave para que la economía siga su proceso de recuperación.