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Durante parte del segundo semestre del año pasado, la Caja Fiscal fue centro de especial atención debido a una propuesta que amenazaba con profundizar la situación del sistema.
En tal sentido, en la entrega “Actualización de haberes: Posibles implicancias macrofiscales y costo empresarial” se recordaba que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o más conocida como Caja Fiscal atraviesa, desde hace años, una complicada situación financiera. El proyecto de ley, que proponía actualizar anualmente los haberes jubilatorios y de pensión de los funcionarios públicos y empleados del programa contributivo civil a los salarios de los activos, encendió la alerta en todos los sectores.
Es de mencionar que, al cierre del año 2021, el déficit había sido de US$ 167 millones o 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, alrededor de US$ 137 millones fueron solventados con recursos generales o impuestos. Con un promedio de US$ 120 millones anuales, solo en la última década se destinaron US$ 1.200 millones para responder el descalce de los programas deficitarios de la Caja Fiscal, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda.
Estimaciones del déficit
Las estimaciones para el 2022 daban cuenta de que el déficit ascendería a US$ 224 millones, donde el programa no civil llegaría a US$ 153 millones y el civil a US$ 71 millones. La Caja Fiscal cuenta con aproximadamente US$ 800 millones entre reservas acumuladas e inversiones realizadas en el sistema financiero del país. Sin embargo, debido al creciente déficit, en los próximos años el descalce provocaría el agotamiento de los recursos acumulados en el año 2026.
Ante la insostenibilidad del sistema surgieron una serie de alternativas de financiamiento que podrían ir desde la aplicación de un sistema de prorrateo para el pago de los haberes, sacrificar lo que quedan de los recursos de programas sociales y gastos de capital financiados con impuestos hasta aumentar la tasa de ciertos tributos. En este último punto y considerando el comportamiento de los ingresos tributarios, desde el Ministerio de Hacienda mencionaron la posibilidad de aplicar un incremento del Impuesto al Valor Agregado del 10% al 12%, el del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) al 14% o la combinación de ambos, una suba del IVA del 11% e IRE del 12%.
El aumento de impuestos impacta de manera indirecta a los negocios con la reducción en sus ventas y posteriormente con la contracción de los mismos. Esta situación, probablemente, conlleve a la reducción de jornadas de trabajo o incluso prescindir del personal. Mientras que un aumento de impuestos en la renta empresarial genera desincentivos a la expansión, debido a que las ganancias disminuyen. Por tanto, las empresas centran su análisis en si la rentabilidad esperada compensa el riesgo de la inversión realizada. Incluso, para compañías multinacionales, el incremento de tributos podría provocar el replanteamiento de su continuidad en el país.
Adicionalmente, cuando los impuestos son altos, las empresas tienen mayores incentivos para evitar el pago de éstos. Es decir, comienzan a plantearse nuevas estrategias que deriven en la mitigación del impacto de los nuevos tributos en lugar de concentrarse en mejorar la calidad de la producción y a ofrecerlos a precios más competitivos.
Durante el tercer trimestre del 2022, en el análisis sobre el Índice de Pobreza Multidimensional, se consideraba la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el instrumento de medición que analiza otros indicadores además de los ingresos e incluye aspectos como el acceso al agua potable, la educación, la electricidad, los alimentos y otros seis indicadores más. De esta manera, con herramientas como el Índice de Pobreza Multidimensional se pueden obtener datos más precisos de las condiciones de vulnerabilidad y las limitantes de la población en situación de pobreza.
En el mismo contexto, a lo largo de los casi últimos 25 años, la pobreza extrema a nivel mundial disminuyó. Sin embargo, este proceso se había visto interrumpido con la llegada de la pandemia en 2020 a lo que se sumaron demás factores como los conflictos y el cambio climático, provocando una desaceleración en la reducción de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial.
A más de dos años de la crisis sanitaria, los indicadores de pobreza mostraban una disminución en su trayectoria. En ese sentido y conforme con estimaciones del organismo, para el 2022 entre 75 y 95 millones de personas más podrían vivir en pobreza extrema con respecto a las proyecciones previas al covid-19. Esto, como consecuencia de los efectos persistentes de la pandemia, la guerra en Ucrania y el aumento de la inflación. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza en la región aumentaría de 29,8% en 2018 a 33,7% en 2022 y la pobreza extrema pasaría de 10,4% en 2018 a 14,9% este año.
En Paraguay, la incidencia de la pobreza multidimensional y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 20,8% de la población total del país (1.505.422 individuos) presenta carencia- en mayor o menor medida- en las cuatro dimensiones utilizadas para caracterizar la pobreza. Así, 636.006 personas de la población paraguaya se encuentran fuera de la pobreza monetaria, pero en situación de pobreza multidimensional. Esto es, cuenta con los ingresos suficientes, sin embargo, carga con privaciones ya sea en materia de trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente o en educación. En tanto que 869.416 personas comparten la pobreza monetaria y multidimensional.
Al desagregar los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional a nivel país, se observa que la dimensión de viviendas y servicios (33,1%) figura con la mayor carga, seguido del aspecto relacionado a la salud y ambiente (27,6%), el trabajo y seguridad social (20,3%); finalmente, la educación (19%). Siendo Caazapá, San Pedro y Caaguazú, los departamentos de mayor incidencia de pobreza multidimensional.
La Consultora MF Economía e Inversiones también abordó sobre la situación de Paraguay, Taiwán, China y las potencialidades de las relaciones comerciales.
Al respecto, las relaciones diplomáticas de Paraguay con Taiwán datan del año 1957 en el marco de la democracia sin comunismo. Tras más de 60 años, nuestro país es el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto, a pesar de los intentos de acercamiento con China, muchos de ellos propiciados por la Cámara Cultural Comercial e Industrial Paraguayo-China.
La posición de China es clara y radica en rechazar cualquier relación diplomática con aquellos países que admiten la independencia de Taipéi. Además, consideran una afrenta cualquier acercamiento a los intereses de la región insular.
Por tanto, los vínculos diplomáticos y comerciales mantenidos con Taipéi han impedido el total relacionamiento de Paraguay con la República Popular China. Es de recordar que el gigante asiático se encuentra en conflicto con Taiwán desde 1945, debido a que lo considera una provincia rebelde que pertenece al histórico territorio de China. De hecho, solo 14 naciones al año 2022, incluida Paraguay, reconocen a Taiwán como un país y no como una provincia. En los últimos dos años, Panamá y Salvador han sido los países de América Latina y el Caribe en adherirse a China desvinculándose de Taiwán.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), las importaciones realizadas por el país durante el 2021 alcanzaron US$ 12.672 millones. En tanto que las exportaciones totalizaron US$ 9.139 millones. La participación de Taiwán dentro de las importaciones totales del país representó 0,3% y de China 30,4% al cierre del año pasado. En cuanto al global de las exportaciones, Taiwán contribuyó con el 1,7% y China con el 0,3%.
Como revelan los datos, Paraguay mantiene activa relación comercial con Taiwán, que en los últimos años ha ampliado fuertemente los vínculos con la mayor compra y variedad de productos cárnicos, así como el apoyo a través de préstamos y donaciones. Sin embargo, los productos importados desde China representan volúmenes, por mucho, superiores al flujo comercial que Paraguay mantiene con Taipéi.
En tal sentido, las necesidades del mercado chino de materias primas como soja y carne van en constante aumento y estos productos representan los principales rubros de exportación de Paraguay. Ante el mencionado potencial, el sector productivo ha abogado desde hace años por el establecimiento de las relaciones considerando el abanico de oportunidades que podrían presentarse desde obtener precios más competitivos hasta potenciar la producción nacional al estrechar relaciones comerciales directamente con los asiáticos.
En parte del segundo semestre de 2022, la ley más importante del país, el proyecto de Presupuesto General de la Nación también fue tema de descripción y análisis en lo que respecta a los ingresos, gastos, financiamiento, desafíos y perspectivas.
Los gastos propuestos para este año de los organismos que integran la Administración Central ascendían a G. 53,6 billones ó US$ 7.557 millones. De este total, el 75,4% (G. 40,4 billones) fue consignado como gastos corrientes, el 19,2% (G. 10,3 billones) de capital y finalmente el 5,4% (G. 2,9 billones) correspondió a gastos de financiamiento.
En líneas generales, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2023 será financiado en aproximadamente 60% con recursos del Tesoro o fuente 10, alrededor del 20% con recursos del crédito público o fuente 20 y el restante, con recursos institucionales o fuente 30.
El presupuesto de la administración central fue presentado al Congreso Nacional con un déficit ajustado a la Ley de Responsabilidad Fiscal de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) o su equivalente a US$ 651 millones. Sin embargo, por quinto año consecutivo, el Ministerio de Hacienda, en representación del Poder Ejecutivo, solicitó la suspensión de la aplicación de lo establecido en el numeral 1 del Artículo 7° de la Ley Nº 5098/2013, «De Responsabilidad Fiscal». Con esto, busca contar con la autorización para superar el límite hasta el 2,3% del PIB o US$ 1001 millones aplicado al presupuesto de la Administración Central.
Como se había referenciado en ediciones anteriores, el financiamiento de obras de infraestructura se convirtió, en los últimos años, en uno de los principales desafíos para el Estado. Ello, al considerar que desde el 2019 y durante los siguientes años, la fuerte inyección de recursos ha sido posible mediante el endeudamiento y cuyo nivel está próximo a alcanzar lo considerado “prudente y manejable”.
En esta entrega se enfatizaba que no solo el 2023 se presenta como un año de grandes desafíos sino los siguientes, considerando el complicado estado de las cuentas fiscales. Si bien, hasta hace un tiempo el modelo de financiamiento con endeudamiento se convirtió en una valiosa herramienta para el país y que posibilitó el crecimiento en infraestructura, en los últimos años ha venido en claro deterioro y con signos de que se ha agotado. Por tanto, es urgente una reforma del gasto público que reditúe en la calidad, por consiguiente, en ahorros de recursos, además de la implementación de nuevas alternativas de financiamiento (acuerdos con el sector privado) para la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
Descalce
Debido al creciente déficit de la Caja Fiscal, en los próximos años el descalce provocaría agotamiento de fondos acumulados en el 2026.
20,8%
En Paraguay, el 20,8% de la población total del país (1.505.422 individuos) presenta carencias, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pobreza
Para Cepal, la pobreza en la región subiría de 29,8% en 2018 a 33,7% en 2022 y la pobreza extrema, de 10,4% en 2018 a 14,9% este año.
Cuentas
No solo este 2023 se presenta como un año de grandes desafíos sino los siguientes, considerando el complicado estado de las cuentas fiscales.
