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Entre los principales importadores de vehículos usados figuran los países de África (40%), seguidos por las naciones de Europa del Este (24%), Asia-Pacífico (15%), Oriente Medio (12%) y América Latina (9%).
Ante tal escenario, se torna fundamental regular el comercio mediante la adopción de un conjunto de normas mínimas de calidad, especialmente, estándares de antigüedad y emisiones.
En la misma línea, la adopción de los nuevos vehículos está incursionando lentamente en América Latina. La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible reveló que durante el año 2021 se matricularon en Latinoamérica 118.191 vehículos híbridos y eléctricos, representando un incremento del 107,1% con respecto a 2020 cuando se registraron 57.078. De ese total, 6.011 fueron vehículos totalmente eléctricos, 7.887 híbridos eléctricos enchufables y 104.293 híbridos eléctricos. Entre los países donde más vehículos eléctricos e híbridos se matricularon en 2021 figuran México con 47.079 unidades, seguido por Brasil con 34.990 y Colombia con 17.702.
Paraguay se suma a políticas de normas estandarizadas
Como se ha mencionado en la edición anterior, el Paraguay se ha sumado, desde hace años, al diseño e implementación de políticas de lucha contra la contaminación ambiental. En tal sentido, ha refrendado compromisos y acuerdos internacionales y puesto en vigencia normativas para reforzarlos. Así, desde el año 2014, el país cuenta con la Ley Nº 5211/2014, “de calidad del aire”. La normativa había sido reglamentada el 13 de febrero del año 2019 y algunos apartados serán implementados desde la próxima semana.
Es de recordar que la Ley dispone “proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y garantizar la sustentabilidad del desarrollo” - Artículo 1º.
En la Ley se designa a la Secretaría del Ambiente -antes que la misma haya sido elevada al rango de Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) por Ley Nº 6123/2018- o el organismo que la sucediera, como autoridad de aplicación.
En la reglamentación de la Ley de “De Calidad del Aire” se precisan puntos como la protección; corrección, control y prevención de la contaminación del aire. Además, de incentivos crediticios para las industrias y otros estímulos fiscales.
Un paso de gran importancia, en el marco del cumplimiento de la Ley de Calidad del Aire, es el que se dará desde el 1 de febrero de 2023, con la aplicación de los controles de emisiones de vehículos usados importados previos al despacho aduanero.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en coordinación con la autoridad de aplicación, es la dependencia encargada de establecer los puertos para el ingreso de los vehículos usados importados bajo los parámetros aprobados por la autoridad de aplicación para emisiones gaseosas provenientes de fuentes móviles. El procedimiento deberá realizarse vía Ventanilla Única del Importador (VUI) y los vehículos que no aprobasen el control serán devueltos a origen a costa del importador.
La DNA, que ya alista su plan de acción contemplado en la Resolución Nº 1515 del pasado 6 de diciembre de 2022, dispuso que los depositarios de los recintos portuarios correspondientes a las Administraciones de Aduanas deberán contar con la infraestructura necesaria para los prestadores de Control de Emisión autorizados por el Mades a fin de realizar las funciones correspondientes a su competencia, sin cuyo requisito no se podrán tramitar los despachos de importación de vehículos usados. En caso de una mayor necesidad de espacios para la realización de los controles, Aduanas procederá a la habilitación de los mismos bajo todas las condiciones ya establecidas. Así también, se dispone que la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación realice las adecuaciones tecnológicas necesarias para la implementación de las disposiciones establecidas.
En palabras del jefe del Departamento de Resguardo Central, dependiente de la dirección de procedimiento aduanero, Miguel Caballero, para el inicio de los controles fueron habilitadas las 10 principales administraciones de aduanas del país por donde, de acuerdo con las estadísticas, ingresa la mayor cantidad de vehículos usados.
“La lista aún no está cerrada, es decir, los depositarios pueden solicitar más lugares en caso de necesidad. La autoridad de aplicación, en base a parámetros aprobados, realizará los controles de carbono y eso tendrá un costo como una licencia previa de importación que se hace para cualquier tipo de mercaderías. En caso de que los vehículos no pasen la revisión, la ley establece que los rodados deben ser reexportados al país de origen”, precisó Caballero.
Por su parte, la directora general del Aire del Mades, Sofía Vera, precisó que los controles tendrán un costo de 2,5 jornales por cada vehículo usado importado, independientemente a que el rodado cumpla o no las condiciones para el ingreso al país. “En caso de que no pasen el primer control, se otorgará un plazo de 80 días para la readecuación del vehículo y no tendrá costo alguno. Habrá un tercer control cuyo costo será del 50% y si el vehículo no se encuentra en condiciones será devuelto”, enfatizó la directora.
Agregó que, con la ley, se pretende el ingreso de vehículos en mejores condiciones, lo que permite el cumplimiento de los acuerdos y compromisos internacionales de lucha contra la contaminación ambiental, que Paraguay ha suscrito en los últimos años.
Para el especialista en transporte y cambio climático Juan Pablo Nogués, la implementación de los controles se configura como un mecanismo muy necesario para establecer el costo real de la importación de los vehículos de segunda mano y mitigar sus efectos. Al considerar que existen costos ocultos que el Estado y la sociedad, en general, deben cargar.
“Por lo general, los vehículos a combustión interna emiten más contaminantes a medida que pasan los años. Se estima que el costo directo e indirecto de los problemas de salud relacionados a la mala calidad del aire, causados por la combustión ineficiente de combustibles fósiles en vehículos es de aproximadamente US$ 40 millones al año (cálculo hecho antes de la pandemia)”, sostuvo el experto.
Es de recordar que, en los últimos cuatro años, del total de vehículos importados, entre el 60% y 65% han ingresado al país como usados, de acuerdo con información de la Dirección Nacional de Aduanas y procesados por la Consultora MF Economía e Inversiones.
Datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente revelan que, de los países con normas de calidad del aire dentro de su legislación, el 13% lo ha hecho en su legislación primaria, el 67% en la secundaria (introducida en virtud de otra normativa que ha permitido su aplicación), el 14% en políticas o directrices (que guardan una relación explícita con el marco legislativo), y el 6% se encuentra en más de una de estas categorías.
Si bien en Paraguay aún existen importantes desafíos, el cumplimiento de las normativas existentes es clave en el proceso de acompañar las políticas contra la contaminación atmosférica y el reflejo del compromiso asumido en esferas internacionales.
Calidad
Los países importadores de vehículos que no pasan las inspecciones ambientales y de seguridad deben introducir estándares de calidad más estrictos.
Acuerdos
Con la ley se pretende el ingreso de vehículos en mejores condiciones, lo que permite el cumplimiento de acuerdos internacionales contra la contaminación.
Control
Para inicio de controles fueron habilitadas las 10 principales administraciones de aduanas del país por donde ingresa la mayor cantidad de los usados.
Desafíos
En Paraguay aún existen importantes desafíos, el cumplimiento de normas existentes es clave en el proceso de acompañar las políticas contra la contaminación.
Regular
Se torna fundamental regular el comercio mediante la adopción de un conjunto de normas mínimas de calidad, en especial estándares de antigüedad y emisiones.
Alza
Durante el 2021 se matricularon en Latinoamérica 118.191 vehículos híbridos y eléctricos, un alza del 107,1% con relación al 2020.