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La Ley Anual de Presupuesto General de la Nación autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a emitir y mantener en circulación Bonos de la Tesorería General hasta un tope fijado en dicha normativa. La emisión y colocación de los mencionados Bonos podrán realizarse en el mercado local, así como en el internacional, en guaraníes o en moneda extranjera y en forma desmaterializada. Podrán ser emitidos directamente por el Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central del Paraguay de un Agente Financiero autorizado por un contrato de servicios. Cuando la emisión y transacción de Bonos del Tesoro se realizan en el mercado nacional estarán sujetas a las leyes nacionales; y cuando se realizan en el mercado internacional, estarán sujetas a las leyes aplicables del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de dicho Estado, refiere la información alojada en la web de la cartera fiscal.
La Deuda Pública o deuda soberana está constituida por pasivos que un Estado mantiene con particulares o con otros países. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se compone de la generada internamente “deuda pública interna”, es decir, aquella contraída con personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República del Paraguay, cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional, y de la deuda pública externa, contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en el país, cuyo pago puede ser exigible fuera del territorio nacional.
Superávit hasta el 2012
Es de recordar que, hasta antes del año 2012, las cuentas fiscales registraban resultados superavitarios (los ingresos superaban a los gastos). Si bien los mayores ingresos frente a los gastos permitieron al Estado generar cierto ahorro, las inversiones en obras de infraestructura acumularon importantes retrasos. Con el aumento salarial concedido en el 2011, el espacio fiscal en los siguientes años se redujo considerablemente. Así en el 2013, con la colocación de los US$ 500 millones de bonos soberanos en los mercados internacionales se generó otra alternativa de financiamiento. Es de mencionar que este tipo de título es un bono emitido por el Gobierno en el mercado internacional; su tasa se expresa por lo general como spread sobre un bono del tesoro del Gobierno de los Estados Unidos, y da cuenta del riesgo país.
Tras casi una década y debido al acelerado ritmo de endeudamiento, la tasa ya roza el umbral del 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Hasta el mencionado límite, la Deuda Pública es considerada prudente, responsable y sostenible. Por tanto, el modelo de financiar obras públicas con deuda ha llegado al punto de agotamiento.
Composición del endeudamiento público
Los datos del Ministerio de Hacienda, procesados por la Consultora MF Economía e Inversiones, muestran que la Deuda Pública de Paraguay antes de su incursión al sistema financiero internacional, es decir, hasta el 2012, se ubicaba en US$ 3.600 millones y tras el hecho con cierre a octubre de 2022 llegó a aproximadamente US$ 15.000 millones. El endeudamiento del país pasó de 25,6% del PIB en 2004 a 37,2% al décimo mes del presente año.
En lo que respecta a la composición, históricamente, la deuda externa ha sido, en promedio, el 80% de la Deuda Pública total; el restante la ha conformado la deuda interna.
Durante los últimos años y en medio de un escenario de factores adversos, la Deuda Pública del país aumentó en 85% entre el 2018 y octubre de 2022, es decir, el endeudamiento creció aproximadamente US$ 7.000 millones. Así, pasó de 19,8% del Producto Interno Bruto en 2018 a 37,2% en el mismo mes, pero de este año, tal como se muestra en el gráfico.
Aumento del servicio de la deuda
Sin embargo, pese al acelerado crecimiento de la Deuda Pública del país, lo que ha generado presión a las finanzas públicas es el aumento del Servicio de la Deuda, es decir, las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos contemplados en los respectivos contratos o convenios, que son atendidos según las normas y procedimientos legales establecidos y las previsiones del presupuesto (Ministerio de Hacienda).
En efecto, el Servicio de la Deuda ha pasado de alrededor de US$ 250 millones en 2004 a más de US$ 900 millones al cierre de 2021. En tanto que, a octubre de este año ha superado los US$ 762 millones. Este importante crecimiento achica aún más el espacio fiscal, al considerar que los intereses son pagados con ingresos tributarios, componente que en un alto porcentaje ya está comprometido para el pago de los gastos rígidos.
A todo lo anterior, se le debe agregar que este año, el endurecimiento de las condiciones financieras a nivel mundial, así como internamente por las altas tasas de interés, complicaron el acceso a los recursos para el financiamiento de las finanzas públicas. Ante esto, los préstamos de organismos internacionales se constituyeron en la alternativa para el fisco.
En palabras del director de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, Rolando Sapriza, “el escenario se mantendría en los siguientes meses. Por tanto, está abierta la posibilidad de recurrir a las dos opciones de financiamiento, tanto a través de la colocación de los bonos soberanos y de préstamos con multilaterales. Sin embargo, los niveles actuales de las tasas y la prima adicional que nos piden hacen que veamos más factible, más barato con el pago de intereses, optar por el financiamiento con multilaterales, aunque es coyuntural la decisión de salir a los mercados”.
Finalmente, tras casi una década, se ha agotado el modelo de financiamiento consistente en tomar deudas para financiar obras. Como se ha expuesto, las últimas crisis saturaron las cuentas públicas y las condiciones financieras desfavorables profundizaron el problema. Por ello, no solo es más que urgente buscar otras alternativas de financiamiento como los acuerdos con el sector privado, sino abordar la situación desde una mirada más estructural, es decir, desde una reforma del gasto público, que permita optimizar los recursos y generar el mayor impacto social y económico en el país.
