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La ley 7021/2022 contempla, entre otros puntos, que las personas inhabilitadas no podrán crear empresas de maletín para seguir proveyendo al Estado.
En otro orden, Llamosas mencionó que las mipymes tendrán preferencia en cuanto a las compras públicas y se les dará prioridad para que sean proveedoras del Estado, así como también a la economía local; por ejemplo, los emprendimientos de pueblos originarios.
Ciudadanía accederá a datos
Otro dato no menor es que la ciudadanía tendrá acceso a toda la información del proceso de compras en formato de datos abiertos, a través de la plataforma electrónica habilitada por la DNCP.
Un punto muy importante resaltado por las autoridades del Poder Ejecutivo tiene que ver con que las autoridades de alta conducción política electas por voto popular y sus familiares no podrán ser proveedores del Estado.
Llamosas destacó que con esta nueva ley se ayudará al proceso de transparencia del gasto público y a mejorar en materia de ahorros para el Estado.
“Dentro de los criterios de la compra no solo primará el precio, sino la calidad de los bienes y servicios. Como otra de las innovaciones es importante mencionar la posibilidad y la obligación de que el Estado compre el 20% de –los productos de– las mipymes, así como otras compras sustentables que beneficiarán a la economía local”, detalló la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco.