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La binacionalidad: una entidad por encima de sus dueños
Itaipú Binacional se encuentra constituida por el Estado paraguayo y el Estado brasileño. Sin embargo, su carácter jurídico denominado sui generis ha creado una institucionalidad en la cual se erige la entidad por encima de sus dueños. La falta de transparencia, el blanqueo de las cuentas de la entidad y el blindaje del manejo por fuera de los Estados ha sido otro de los puntos profundizados este año, yendo en contracorriente a la necesidad de construir un nuevo esquema de manejo, basado en la soberanía y la transparencia.
El carácter jurídico binacional de la entidad ha sido utilizado nuevamente como escudo para negar acceso a la información pública, lo que este año le ha valido una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ocultar información. La Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP) realizó una demanda en los estrados judiciales a la entidad por acceso a la información pública, luego de que la entidad rechazara brindar información sobre la actuación de los consejeros paraguayos en el Consejo de Administración de la entidad. Primeramente, la SCP acudió a las instancias judiciales nacionales, habiendo ganado en una primera instancia, luego perdido en segunda instancia, y en tercera instancia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido in limine litis.
La nota de negativa de la entidad binacional al pedido de información pública realizada por la SCP en este caso paradigmático reza que «la doctrina y la jurisprudencia niegan el carácter público de la información de Itaipú, en razón de su naturaleza jurídica binacional», y que «la información y los documentos de Itaipú Binacional pertenecen a la propia entidad y, por consiguiente, no se hallan a libre disposición de terceros interesados ni de organismos estatales». Continuando en esa línea, la nota Ref. E/DP.PY/004/2021 alude que «los Tratados Internacionales están por encima de las leyes nacionales, por lo que el presente pedido de información dependerá exclusivamente del estudio, juicio y resolución de las altas partes».
El mismo argumento esgrimió nuevamente la Defensoría General de Itaipú en nota del 29 de agosto del corriente, en la cual niega a dos académicos el acceso a información solicitada sobre los gastos de explotación. Repite que Itaipú es una persona jurídica de derecho internacional y que, por su doctrina y jurisprudencia, su información no es de carácter público, siendo esta pertenencia de la propia entidad.
En esta ocasión, la argumentación de las autoridades de Itaipú fue más allá, planteando que Itaipú cuenta con «capacidad para producir actos propios, independientemente de la voluntad de los Estados contratantes», y sostiene que «conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales se encuentran por encima de las leyes nacionales».
De esta forma, la entidad expresa en documentos oficiales y acciones consecuentes con ello, el rol que la binacionalidad como naturaleza jurídica cumple, al crear una institución por encima de sus mismos dueños, y fuera del control de estos. A su vez, la binacionalidad ha continuado siendo el esquema de blindaje para garantizar los intereses extranjeros en el manejo de la entidad. La tarifa del año 2022, así como el tema de la deuda, son ejemplos de esto.
Junto con la negativa al acceso a la información pública, la entidad continuó este año sin ingresar el presupuesto de Itaipú - lado paraguayo al Presupuesto General de la Nación, y manejando el mismo fuera del Estado parte.
El presupuesto de Itaipú es fijado cada año, contemplando los ingresos a ser generados por la facturación de la potencia contratable y estableciendo, en función a ellos, los egresos, visto que la entidad no puede contar con lucro ni pérdida. Desde el inicio de sus operaciones en 1985 al 31 de diciembre de 2021, Itaipú binacional generó ingresos de US$ 97.331,7 millones, de los cuales, solamente US$ 12.020,5 millones ingresaron a Paraguay en concepto de royalties, resarcimiento, utilidades de capital y compensación por cesión de energía.
De lo presupuestado para este año de 2022, US$ 1.442 millones serán destinados al pago de la deuda, y US$ 1.054 millones a los gastos de explotación. Pero solamente los royalties, la compensación, el resarcimiento, las utilidades de capital y la compensación por cesión de energía, que hacen a la menor parte de los componentes del presupuesto de la entidad, ingresan al Tesoro Nacional, habiendo transferido Itaipú de enero a setiembre de 2022 US$ 283 millones al Estado paraguayo en estos rubros.
El resto del presupuesto de Itaipú es manejado de forma binacional, por fuera del Estado paraguayo, tales como los fondos sociales para proyectos sociales y ambientales, y los gastos de explotación, que incluyen los salarios y viáticos de funcionarios paraguayos, entre otros. Esta porción del presupuesto y de los gastos se encuentra amparada por el blindaje de la figura de la binacionalidad, estando exenta del control, fiscalización y la transparencia por parte de los Estados.
Por esta misma definición, dichos fondos no son considerados como públicos, no estando así la entidad obligada a rendir cuentas, ni a ser pasible de auditorías/fiscalizaciones por organismos nacionales. En la práctica esto deriva en el uso discrecional de los fondos de la entidad, muchas veces para fines ilegítimos, como el uso clientelar y el pago de favores políticos.
La estructura de gobernanza de la entidad ha blindado a Itaipú del control del Estado y la ciudadanía, careciéndose de mecanismos de acceso a la información pública y de participación ciudadana en las decisiones, erigiéndose por encima de los propios Estados parte de la entidad, no estando la entidad ni, en consecuencia, las autoridades paraguayas en esta, regidas por las leyes nacionales, y contando con la primacía de las autoridades brasileñas en el control de las Direcciones Ejecutivas principales a la fecha.
Con todo ello, la naturaleza jurídica de la entidad se constituye en el entramado que permite blindar a la entidad del manejo por parte de sus legítimos dueños, los soberanos de cada Estado parte, siendo una entidad por encima de ellos. Este esquema es el elemento central que garantiza los intereses que buscan seguir manteniendo cautiva la riqueza de Itaipú en detrimento del desarrollo integral.
Territorio para el narcotráfico y contrabando
El control territorial es la base de la dominación extranjera en Itaipú. A lo largo de este 2022, el mismo se ha profundizado, estando ausente de los debates públicos y de la agenda de los Estados.
En diversas ocasiones de confrontación a las autoridades nacionales en torno a este punto, las mismas han defendido el condominio y el manejo binacional del territorio, sin dar cuenta de la evidencia existente respecto al manejo ilegal del territorio compartido y de frontera, y sin dar solución a la restitución de las tierras a las comunidades indígenas despojadas. A la fecha, la Fiscalía no ha actuado de oficio con relación a las denuncias y datos existentes sobre el contrabando, narcotráfico y otros manejos ilegales en el territorio de la entidad.
El territorio donde se encuentra la represa fue cedido de facto al Brasil bajo la figura del “condominio”, a través de la firma del Acta de Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, con la cual se acordó poner fin a la crisis desatada por la invasión militar de tropas brasileñas al territorio paraguayo y avanzar en el aprovechamiento conjunto del potencial hidroeléctrico de la zona.
En junio de 1965, el ejército brasileño invadió la zona conocida como Puerto Renato, reclamando la soberanía sobre el mismo. La crisis desatada por este evento derivó, primeramente, en la firma del Acta de Foz de Yguazú en 1966 y, posteriormente, en la firma del Tratado de Itaipú en 1973. Todo ello, bajo la ocupación militar. Las tropas brasileñas solamente abandonaron la zona ocupada cuando la misma se inundó para la construcción de la represa en el año 1982.
Tras un primer momento en el cual el Gobierno paraguayo reclamó su soberanía sobre el territorio ocupado militarmente desde 1965 —manifestado, entre otros, en la nota de la Cancillería Nacional del 14 de diciembre de 1965—, este cedió el territorio al control del Estado brasileño a través del Acta de Foz de Yguazú. A su vez, el Tratado de Itaipú —y sus subsecuentes modificaciones vía Notas Reversales— ha establecido la potestad de acciones unilaterales en materia de policía y seguridad en el territorio en condominio, lo que prevalece hasta la actualidad.
Esto constituye un fuerte factor de vulnerabilidad en términos de seguridad nacional y de la defensa del territorio y de los recursos del país. De forma sistemática, el ejército brasileño ha realizado en diversas ocasiones ejercicios militares, siendo uno de ellos el simulacro de ocupación de la represa para defenderla.
A la par, una extensión importante de frontera con Brasil, ubicada entre el Hito Principal Ybycui al Hito Natural Salto del Guairá -zona de Ypehu a Salto del Guairá- se encuentra sin ser delimitada a la fecha, estando ocupada por el Refugio Biológico Binacional Itaipú.
El Lago de Itaipú y los bosques que lo rodean para cumplir la función de franja de protección también funcionan como corredor para el contrabando de mercaderías de todo tipo, desde cigarrillos, agroquímicos, armas, y también del narcotráfico. Según investigaciones periodísticas, existen más de 250 puertos clandestinos entre ambas márgenes del río Paraná.
Las Fuerzas Armadas de la Nación han llevado a cabo diversos operativos en la zona en torno al tema, pero con resultados puntuales. La magnitud y envergadura del problema del narcotráfico y contrabando en la zona requiere una acción abarcante que excede a la entidad binacional. El trabajo conjunto militar y policial con el Brasil en el territorio de frontera, por otro lado, se presenta como una potencial violación de la soberanía territorial, colocando en riesgo la defensa y seguridad nacional. Vale recordar que, con el mismo argumento del contrabando, el ejército brasileño invadió Puerto Renato en el año 1965, lo que derivó en la apropiación del territorio que hoy ocupa la represa.
Con relación a la restitución de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas despojadas por la hidroeléctrica, la única respuesta del Estado a la fecha ha sido la dilatación y el amedrentamiento.
Para la creación de la represa se estableció la expropiación de 165.000 hectáreas de tierras en Paraguay, a través de la Ley 752/1979. Según registros no oficiales, alrededor de 20.000 indígenas - 38 comunidades - fueron obligados a abandonar sus territorios ancestrales sin recibir una justa indemnización o tierras en iguales condiciones hasta la fecha. Varios estudios apuntan que dichas tierras siquiera quedaron inundadas.
Investigaciones periodísticas han constatado que alrededor de 50.000 hectáreas, que originalmente deberían ser parte de la franja de protección, dejaron de ser expropiadas y, al presente, se encuentran ocupadas por el cultivo extensivo de soja, explotaciones ganaderas, clubes y condominios privados.
Así, Itaipú ayudó a generar un esquema de privilegios que persiste hasta hoy. Mientras se mantiene la concesión del uso del territorio a los sojales, clubes y condominios privados, a las comunidades indígenas que fueron desplazadas se les siguen negando sus derechos ancestrales sobre el territorio.
El caso de la Comunidad Tekoha Sauce, establecida al borde de la Reserva Limoy en el departamento de Alto Paraná, que fue desplazada de sus tierras a raíz de la construcción de la represa de Itaipú Binacional, es un caso paradigmático. La comunidad volvió a ocupar sus tierras hace unos años, y fue posteriormente demandada por los directivos de la Binacional, quienes realizaron una denuncia por invasión contra la comunidad. Desde la comunidad, las y los habitantes vienen planteando diversas alternativas de solución, que permitan resguardar su derecho a la vida y a la soberanía.
Próximo artículo: Itaipú 2023: escenarios posibles y recomendaciones
(*) Cecilia Vuyk, politóloga, docente e investigadora. Especialista en desarrollo latinoamericano Redes: @cvuyk.
(**) Sara Costa, master en Relaciones Internacionales, investigadora social y especialista en proyectos. Campaña Itaipú Ñane Mba’e – por la Soberanía Nacional. Correo electrónico: itaipunanembae@gmail.com. Redes: @itaipunanembae.