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Este tercer artículo presenta una serie de hechos acontecidos en este año en torno al uso de la energía y el pago de la deuda espuria, que consolidan, de hecho, posiciones favorables a los intereses extranjeros en Itaipú, por sobre el interés nacional.
Pese a una ausencia de estrategia nacional pública en torno a Itaipú por parte del actual Gobierno, hechos claves han sido llevados adelante en este periodo. Al armar el rompecabezas de las diversas partes de esta jugada, se ve cómo dichos puntos claves –como energía, fondos y territorio– vienen teniendo avances concretos, pero no difundidos ni comprendidos como tales, siendo presentados por parte del Gobierno como temas desvinculados de la agenda oficial de negociaciones en el marco de la revisión del Anexo. Sin embargo, es todo lo contrario, porque constituyen partes claves del partido que se está jugando.
Uso local de la energía, para el interés extranjero
Uno de los puntos centrales en esta oportunidad es el del uso de la energía paraguaya en Itaipú para el fomento del desarrollo del país, a partir de la diversificación de su matriz productiva y energética vigente para potenciar la industria local y el transporte eléctrico y para su comercialización a mercados extranjeros a partir de su libre disponibilidad.
Lejos de buscar esos objetivos, las acciones actuales del Gobierno están llevando a un futuro cercano en el cual sería necesario importar energía, sin haber aprovechado el bono energético actual para cambiar la estructura productiva vigente del país, manteniendo el mismo nivel de atraso, del que se benefician los actuales detentores del poder.
A una tasa de crecimiento de la demanda como la actual, las proyecciones estiman que llegaremos a utilizar toda nuestra energía a nivel nacional en la próxima década. Este escenario se agrava ante la constatación de la disminución de la producción (oferta) de energía hidroeléctrica en los últimos años a raíz del impacto de los efectos del cambio climático, como las sequías extremas que impactan en los niveles de los caudales hídricos y, por tanto, sobre los niveles de producción de energía. También, a partir del avance del uso de grandes bloques de energía en el país por parte de empresas extranjeras electrointensivas, incluso con tarifas diferenciadas.
El Gobierno viene presentando la propuesta de potenciar el uso local de la energía eléctrica para generar un supuesto desarrollo limpio y que genere mayor bienestar social. Para ello, la ANDE, por un lado, suscribió a fines del 2021 expresiones de interés con empresas extranjeras para el uso intensivo de energía y, por el otro, inició en mayo del corriente un llamado para que le hagan, por escrito, manifestaciones de interés sobre uso de grandes bloques de energía y comenzó a firmar contratos con varias de ellas.
En noviembre del año pasado, la ANDE suscribió expresiones de interés para el uso de bloques de energía con diversas empresas extranjeras, como la de capital inglés ATOME Energy PLC, para la producción de hidrógeno verde; la canadiense Neogreen Hydrogen Corporation, también para la producción de hidrógeno verde; las empresas de capital italiano FerSam Uruguay SA y Met Development SPA, para la producción de fertilizantes; y la australiana FORTESCUE Industries PTY LTD.
Posteriormente, en mayo de este año, tras anunciar su intención de abrir una licitación de 1.000 MW de potencia para su venta a interesados a nivel mundial a partir del 2023, la ANDE se abrió a la presentación de manifestaciones escritas de interés. Recibieron 23 manifestaciones escritas de interés por un total de 5.862 MW de potencia, es decir, más de cinco veces del monto que se pretende ofertar. Representantes de la ANDE manifestaron que estas acciones se enmarcan en la política del país de utilizar toda su energía en territorio nacional.
El 3 de mayo de este año, la ANDE firmó el primer contrato de prestación de servicios con la empresa ATOME SA Paraguay, representante en el país de la empresa británica ATOME Energy PLC, cuyo director ejecutivo es el exdirector de Itaipú James Spalding. El objetivo de este acuerdo es apoyar la instalación de una planta de producción de hidrógeno verde y amoníaco, que a su vez servirán para proveer al mercado agrícola y de fertilizantes de Paraguay y países de la región. Si bien este primer contrato firmado ha sido por 60 MW, el proyecto de esta empresa requeriría 400 MW de potencia.
Seguidamente, en julio de este mismo año, la ANDE firmó contratos con otras dos compañías: con la empresa Penguin Infraestructure SA para el suministro de 100 MW de potencia que serán utilizados en un centro de datos de alto rendimiento y, con la empresa Commons PY SA, para el suministro de 100 MW de potencia, que serán utilizados en la instalación de una planta de producción de led, transformadores, centro de datos y la administración de recursos digitales.
Mientras las autoridades sostienen que están promoviendo el ansiado uso local de la energía y resaltan los fondos que se tendrían en inversiones del extranjero, poco debaten al respecto de la calidad de esas inversiones en cuanto a su contribución para la industria nacional, la producción y, en consecuencia, el desarrollo del país. Los rubros predominantes de las principales empresas que manifestaron su interés tras el llamado realizado en mayo 2022, y con quienes se han firmado acuerdos, tienen como objetivo disponer de la energía a bajo costo para fomentar la minería de criptomonedas, la producción de hidrógeno verde y fertilizantes, y operaciones de centros de datos.
Así, el llamado “uso local de la energía” se viene basando esencialmente en la entrega de grandes bloques de energía a empresas de capital extranjero, para el fomento de rubros que no apuntan a generar cambios significativos ni en la matriz energética ni económica actual, sino una profundización del mismo proyecto económico que viene manteniendo al país en el atraso, extrayendo la energía eléctrica nacional para el usufructo de las empresas privadas, sin una transferencia tecnológica al país, con bajo nivel de generación de empleo y sin la promoción al desarrollo local de la industria.
En general, se trata de modelos productivos y/o de negocios que hacen uso intensivo de la energía y que, por ello, pretenden instalarse en el país para aprovechar el bajo costo de la energía eléctrica, lo cual les permitirá seguir expandiendo sus ganancias. Esto configura un esquema ya muy conocido en otros sectores económicos, el extractivismo, en el que las empresas extranjeras aterrizan en el país atraídas por las condiciones establecidas por el gobierno que facilitan su instalación, como la exención de impuestos y el precio diferenciado de la materia prima barata –en este caso, la energía eléctrica–, explotando los recursos/materia prima locales y transfiriendo sus lucros al extranjero, sin generar inversiones que fomenten realmente el mercado interno, la producción y la tecnología en el país.
En el caso de la producción de hidrógeno verde, por ejemplo, se pretende generar una nueva fuente de energía renovable, utilizando como principal fuente otra energía renovable (la hidroeléctrica), que históricamente nunca pudo ser utilizada de manera soberana en el país, a su vez, para orientarla al mercado internacional de hidrógeno verde.
En el caso de las criptomonedas se replica el mismo esquema de uso intensivo de la energía para un lucro y aprovechamiento de unos pocos. Este tema ha estado en auge en el debate nacional ante la urgencia de regular el alto nivel de uso, incluyendo el uso ilegal e informal, que se estaba dando de la energía para este fin. Ante esa situación, la ANDE ha planteado crear un “grupo de consumo intensivo”, con su propia tarifa. Según declaraciones recientes del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, se estima que este nicho representaría un total de ventas de hasta 300 MW.
Con todo esto, se alza la alerta ante el tope al que el país va llegando en cuanto al uso total de la energía generada estimada para la próxima década. Con este ritmo se podría llegar a un escenario en el que será necesario importar energía del exterior en un país que prácticamente constituye una potencia energética. Nuevamente, se evidencia que las acciones del Gobierno no apuntan hacia una hoja de ruta clara para el desarrollo del país. Predomina un conjunto de acciones aparentemente aisladas pero que, en lugar de buscar posicionar a la economía paraguaya hacia el futuro, indican el camino hacia la reproducción de los viejos esquemas económicos que mantienen al país en el atraso.
El blanqueo de la deuda corrupta
A lo largo del 2022, la deuda de Itaipú ha sido pagada, pese al informe final sobre la deuda de Itaipú emitido por la Contraloría General de la República (CGR) el 19 de julio de 2021, en el cual se reconoce su ilegalidad, y pese a las recomendaciones de diversas organizaciones sociales y políticas de frenar el pago de la deuda, recuperar el monto sobrepagado y que las y los responsables rindan cuentas ante la justicia.
El Gobierno nacional, así como las y los directivos y consejeros paraguayos en la entidad binacional no definieron posición alguna sobre la ilegalidad de la deuda, no presentaron el informe a las instancias correspondientes, y no reclamaron el cese del pago de la deuda ilegal, como corresponde a partir del informe existente y de una posición en defensa del interés nacional.
Al contrario, el director general de Itaipú - lado paraguayo, embajador Manuel María Cáceres, justificó la deuda y salió al paso de la evidencia generada que prueba su ilegalidad. La Fiscalía, por su parte, no avanzó en la investigación del tema, sin contar a la fecha con ningún paso dado en esta dimensión.
Las autoridades paraguayas tampoco tuvieron en cuenta el tema de la deuda ilegal en las negociaciones sobre la tarifa para el año 2022, siendo que el pago de esta es uno de los componentes principales de la tarifa, según la fórmula vigente para su definición. Aprobaron a inicios de año la deuda como componente del presupuesto de la entidad para el 2022, con un pago de US$ 1.442 millones para este año, los cuales provienen de las familias paraguayas y brasileñas a través del pago del servicio de electricidad. En las últimas décadas, el pago del servicio de la deuda ha representado alrededor del 60% del destino de los fondos que ingresan a la entidad.
El Gobierno nacional y las autoridades paraguayas en Itaipú sostienen la impunidad y la ilegalidad de la deuda, manteniendo su pago acorde con el cronograma, sin exigir ni el cese del pago de la misma, ni la devolución del monto sobrepagado a Eletrobras, ni que las y los responsables rindan cuentas a la justicia.
En lugar de seguir pagando esta deuda ilegal –cuyo valor para el año de 2022 es de al menos seis veces el valor de las inversiones anunciadas por el obierno con la definición de la tarifa intermedia para este mismo año– se podría direccionar estos fondos hacia inversiones de desarrollo. Una vez más, la ausencia de una estrategia nacional en Itaipú permite que los fondos sigan siendo utilizados para financiar soluciones coyunturales que no apuntan hacia un cambio estructural en nuestra matriz socioeconómica, que asegure beneficios para toda la población en el corto, mediano y largo plazo.
Junto con todo ello, la entidad binacional creó un mecanismo de supuesta auditoría, pero en realidad de blanqueo, de la deuda de Itaipú: la Comisión Binacional de Cuentas de Itaipú. La Comisión aún no entró en vigor. Las Notas Reversales de su creación fueron intercambiadas entre los ministros de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y de la República Federativa del Brasil el 5 de noviembre del 2021, durante la visita oficial del canciller nacional a Brasilia. Para entrar en vigor, deben ser aprobadas por el Congreso de Paraguay y el Congreso de Brasil.
La Comisión creada cuenta con dos puntos claves: por un lado, mantiene en el carácter binacional la fiscalización y auditoría de las cuentas de la entidad, blindando con ello a la entidad de la acción soberana de los Estados; es decir, la Contraloría General de la República no podrá auditar ni fiscalizar a la entidad; y, por el otro lado, sostiene que la Comisión podrá auditar las deudas de los últimos cinco años, luego de que entre en vigor la Comisión, dejando con ello impunes y blanqueadas las deudas anteriores de la década de 1970 en adelante, que se constituyen en el grueso de la deuda corrupta e ilegal de la entidad.
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(*) Cecilia Vuyk, politóloga, docente e investigadora. Especialista en desarrollo latinoamericano Redes: @cvuyk
(**) Sara Costa, Máster en Relaciones Internacionales, investigadora social y especialista en proyectos. Campaña Itaipú Ñanemba’e – por la Soberanía Nacional. Correo electrónico: itaipunanembae@gmail.com. Redes: @itaipunanembae.