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Alrededor del 50% de la población con discapacidad de la región está en edad de trabajar, pero la mayoría se encuentra desempleada o excluida del mercado laboral. En muchas ocasiones, la falta de adaptación de las infraestructuras y de los servicios de transporte público hacen que las personas con discapacidad deban buscar medios de transporte alternativos, principalmente privados como taxis, con el gasto extra que eso supone, por no hablar de los condicionantes en sus desplazamientos y de las barreras de acceso a sus derechos.
Uno de los proyectos que está tratando de asegurar la accesibilidad universal en la región es “Bogotá al derecho”, liderado por la Alcaldía y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Actualmente, los cerca de 245.000 habitantes de Bogotá que tienen alguna discapacidad realizan 1,2 millones de viajes. La mayoría usa las veredas (un 41%), mientras que otros van en TransMilenio (11,7%) y SITP zonal (11,6%). Con el proyecto se pretende crear una ruta clara para lograr un 100% accesibilidad universal en la infraestructura peatonal, la conectividad, el Sistema Distrital de Cuidado y el Sistema Distrital de Parques.
Los gobiernos locales suelen tener buenas intenciones pero no suelen llevar a cabo ninguna medida porque lo que falta es inabarcable. La deuda histórica con las personas con discapacidad es muy grande. Para asegurar la eficiencia en las intervenciones públicas, es imprescindible crear un esquema institucional para el diagnóstico, gestión, administración, priorización, ejecución de obras de infraestructura peatonal para lograr una accesibilidad universal, así como crear esquemas de financiación para la construcción, mejoramiento y conservación de la infraestructura peatonal y sistemas de monitoreo.
Otro proyecto que promueve una movilidad segura, accesible, inclusiva y sostenible está a través del uso de datos y tecnología, es “100 Preguntas en Movilidad Urbana y Transporte” que ha identificado las preguntas más apremiantes para responder a los desafíos de movilidad. La iniciativa, desarrollada por GovLab de NYU, junto con CAF, TUMI y NUMO, considera que las ciudades necesitan aprender a usar sus datos para informar y justificar mejor las decisiones de política pública que se toman en torno al desarrollo urbano, el transporte limpio, la accesibilidad a oportunidades económicas y la calidad de vida en los centros urbanos.
Según Stefaan Verhulst, cofundador y director del Programa de datos del GovLab de la Escuela de Ingeniería Tandon en NYU, es necesario que nos basemos más en los datos para tomar decisiones informadas en la planificación de la movilidad urbana y en el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles, para así garantizar el beneficio común.
Según la encuesta de necesidades y prioridades de transporte local de las personas con discapacidad —realizada en 39 países por la Alianza Global de Ambientes y Tecnologías Accesibles (GAATES)— se determinaron los desafíos en el transporte: 47% declaró vehículos de transporte público inaccesibles; 35% actitudes negativas de los conductores y resto del personal; 26% falta de disponibilidad del transporte público en general; y 25% aceras desniveladas o rotas entre otras barreras.
Si bien se han realizado algunas reformas en los sistemas de transporte público en América Latina y el Caribe para incluir a las personas con discapacidad, la región sigue teniendo una deuda histórica para contemplar la accesibilidad universal de forma integral en las ciudades.
Medida
Hay deuda histórica con las personas con discapacidad. Los gobiernos locales suelen tener buenas intenciones pero no suelen llevar a cabo ninguna medida.
(*) Juan Pablo Salazar, coordinador de la Unidad de Inclusión en el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).