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El Ministerio de Educación es el problema. Su propia naturaleza estatal torna difícil, por no decir imposible, llevar a cabo la tarea educativa. La estructura jurídica y financiera, sumada a la pedagogía, conlleva al fracaso de todo el sistema.
En efecto, el Estado involucrado de modo directo –como sin duda hoy se tiene en nuestro país– a lo que se suman las mallas curriculares así como de la consecuente evaluación periódica del mismo, terminan por ser arrastrados hacia una burocracia que se mueve por incentivos que no son precisamente los de la calidad.
Ocurre que la naturaleza estatal conlleva necesariamente a que el funcionamiento de sus respectivos órganos de gestión requieran de la burocracia. Y la burocracia implica necesariamente una serie de comportamientos establecidos de carácter engorroso, donde el trámite por lo general largo y tedioso es su movilidad. Esto discurre, en primer lugar, en sus normativas y, en segundo lugar, en la ejecución procedimental de las mismas.
Centralización
Si nos detenemos en las normativas vamos a notar que las mismas son dependientes de una estructura legal superior establecida en la Constitución y sus leyes respectivas. Solo desde aquí notaremos que la influencia conferida al Estado es de una categoría superior por cuanto que la educación llamada estatal debe contar con una estructura centralizada burocrática.
Esta centralización en la ejecución de la política educativa conlleva la toma de decisiones que requieren de la disposición de conocimientos que el Estado no puede contar, aunque se encuentre conformada por los más entendidos en la materia. No puede el Estado desde su Ministerio de Educación disponer de un programa de estudios uniforme para todos porque esta uniformidad es de por sí contraria a la educación.
La educación no puede ni debe ser uniforme porque está basada en la diversidad. La uniformidad en la educación implica un programa de estudio, una forma de enseñanza y sobre todo un control decisorio centralizado.
Programa de estudios
Por ejemplo, una malla curricular aprobada para todo el país sin haber primero evaluado el nivel de los educandos y de los educadores, significa apuntar a un blanco inexistente. El Ministerio de Educación no cuenta con la información veraz y suficiente como para establecer programas de estudios desde un centro decisorio alejado de los padres de familia y de los profesores en las escuelas distantes de aquel centro decisorio.
De ahí que la naturaleza jurídica del Estado torna difícil, por no decir imposible, que la burocracia estatal pueda involucrarse de modo eficiente y con parámetros de calidad en la educación. Para muchos esta argumentación podrá ser rebatida por cuanto se cree que un Estado más moderno y con cada vez más presupuesto público harán posible la educación que se requiere.
Esto no es cierto porque sencillamente los hechos dicen que el Ministerio de Educación fue elevando sus respectivas partidas presupuestarias y el resultado no ha cambiado en todas estas décadas.
Por el contrario, los informes van indicando un deterioro en todo el sistema educativo y no solo en la calidad educativa en sí misma, sino también que los recursos en cuestiones que hacen a sus edificios donde se imparten las clases no han sido precisamente correspondientes con la disposición de más dinero.
De la importancia pedagógica
El Ministerio de Educación cuenta con recursos humanos importantes insertos en su estructura burocrática. Sin embargo, la mayoría de ellos está sin el suficiente apoyo respectivo porque no cuentan con el requerido aval político. Esto implica que los talentos no son precisamente resguardados ni cuidados en su debida forma. Donde impera la conducta de la politiquería impera la corrupción.
Pero la corrupción no es la causa de los males que se padece en el sistema educativo, sino su misma consecuencia. Si la burocracia estatal, enorme por cierto, y que actúa de acuerdo a incentivos a corto plazo, porque la política del partido de gobierno y de los llamados opositores tienen como propósito disponer del Ministerio, pues es hasta natural que se deje de lado lo importante para hacer valer lo accesorio.
Y lo importante en la educación está en lo que precisamente no se encarga de llevar a cabo el ministerio del ramo. Lo importante debería ser un permanente y reflexivo análisis acerca de cómo se está enseñando en las aulas. Si no se dispone un proceso evaluatorio solamente en este tema, pues todo lo demás también resultara ineficiente.
De modo que si no se sabe con rigor evaluatorio y de toma de decisiones en cuanto a cómo se está enseñando en las aulas, pues menos se podrá contar con información, evaluación y decisiones sobre qué se debería enseñar. Y menos aún no se podrá responder a la siguiente interrogante: para qué se está enseñando.
Conclusión
La educación es un tema demasiado serio para dejarlo en manos del estado. El órgano estatal fue creado para llevar a cabo la tarea de resguardar la seguridad de las personas, más allá de esto la actuación gubernamental se convierte no solo en ineficiente y corrupta, sino también en peligrosa para los individuos.
De la estricta limitación de los poderes estatales de modo a que no transgreda los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad se encuentra el inicio del progreso no solo material sino también educativo de las nuevas generaciones en nuestro país.
Estamos pagando un precio demasiado caro para seguir en lo mismo.
Si bien la presente conclusión, finalmente, resulta diferente a lo que dispone a la fecha nuestro ordenamiento jurídico constitucional en cuanto se refiere al tema educativo, considero pertinente la reflexión para cambiar el eje del debate que hoy tenemos y que posee precisamente al Estado en un centro y hacedor de los cambios, cuando que precisamente es el menos interesado en modificar el actual estado de cosas.
La mejor manera de comprender el tema educativo en nuestro país es lo que está ocurriendo en este momento con la llamada transformación educativa, un modelo experimental cuyo objetivo es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer: adoctrinamiento aditivado con una fuerte dosis de relativismo moral.
Estatal
El Ministerio de Educación es el problema. Su propia naturaleza estatal torna difícil, por no decir imposible, llevar a cabo la tarea educativa.
Sistema
Pero la corrupción no es la causa de los males que se padece en el sistema educativo, sino su misma consecuencia.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.