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¿Cuál es el espíritu del proyecto de ley: “Que reconoce la compensación histórica de beneficios laborales a ex trabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos de las empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de convenios de salud y educación de la usina de Itaipú, margen derecha”? Creo que el pueblo merece una explicación, ya que los proyectistas, abogados de formación, no lo han hecho adecuadamente. Y si lo hicieron, no convencieron.
Integré esta gran fábrica de electricidad llamada Itaipú durante cuatro décadas. Ingresé en 1979 y me jubilé en el 2019. Es cierto que conocí un exilio involuntario bajo el nombre de “despido injustificado”, durante cinco años (1988-1993), pero eso no impidió que me actualice en las informaciones guardadas en los laberintos del principado binacional. Las luces y sombras de este portento económico-político se han publicado en más de 450 artículos, en 22 años.
Los 5.600 trabajadores, técnicos, administrativos y gerentes que pasamos por el cuadro propio de la entidad, durante estos casi 50 años, podemos considerarnos como unos privilegiados sociales. Fuimos la realeza manceba, la nobleza de esta nación indigente. Y lo digo con mucho convencimiento. Lo viví por dentro y por fuera, en el tiempo mencionado.
¿Qué podemos pedir los que tuvimos los mejores salarios del país, el mejor seguro médico de la región y las mejores condiciones laborales? Los beneficios que recibimos después de la dictadura sencillamente duplicaban nuestros salarios bases. Las horas trabajadas normales, sumadas a las extras elevaron a albañiles, agricultores y trabajadores en general de una clase pobre a una clase media, para los padrones de vida de la década de los 80. ¡Y eso estuvo muy bueno!
Es por ello que estoy de acuerdo que los trabajadores paraguayos de las empresas contratistas, que no recibieron sus beneficios laborales, lo reciban en forma integral; pero sostengo, que paguen los dueños de las empresas que escamotearon sus derechos, los “barones de Itaipú”. Existen, sin embargo, algunas dudas razonables que me permito socializar.
Años atrás he publicado un artículo en este mismo espacio, demostrando responsablemente las inequidades y la exclusión política que hubo desde 1973. Las reitero ahora porque es justo, es verdad y la considero oportuna. De estos 5.600 trabajadores del cuadro propio, 99,9 % estuvieron afiliados a la ANR; evidentemente eso ocurría antes de la caída de la dictadura. ¡Nadie pudo haber entrado a Itaipú sin su famosa afiliación al Partido Colorado, voluntaria o involuntariamente! Al 10 de febrero de 2020 ese porcentaje varió considerablemente. Hicimos un nuevo cruzamiento de datos con los padrones de los diferentes partidos y encontramos que el 73% de los trabajadores aún pertenecían a la ANR, el 7% al PLRA, el 3% a otros partidos y 17% estaban sin afiliación (universo de 5.600 personas, vivas y fallecidas).
Lo más simpático es que muchos empleados, por temor a perder sus cargos durante el período presidencial 2008-2013, cambiaron su afiliación al PLRA y otros de izquierda. En el 2013 (en el período de Cartes), todos ellos volvieron a la ANR. Se cumple lo que dijo el expresidente significativamente corrupto, que “la afiliación te da trabajo, estudios y esperanza”.
En la misma fecha mencionada encontramos que la Itaipú tenía 2003 jubilados y pensionados. Entre ellos están los que reciben hoy (IPS + Cajubi), cerca de 90 millones mensuales, y un pintoresco personaje que no llegaba a un estipendio de 100.000 mensual. Lo publicamos en artículos y hasta en un libro (“La deuda social de Itaipú”) con diferentes tablas, gráficos, listados de hijos y parientes de políticos, etc. Hasta la bofetada social (gratificación por “término de función”) de un exdirector que estuvo 12 años con tres presidentes diferentes. El monto era de 7.852.548.569 guaraníes, ¡en tiempos de pandemia y habiendo aceptado la infame acta entreguista del 20 de mayo de 2019! Y no pasó nada.
Es por ello que hoy me resulta difícil creer que el Congreso de la nación le haya otorgado media sanción a este proyecto de ley que no tiene cuerpo y mucho menos, espíritu. Y si en esta lista están algunos de los 5.600 exempleados del cuadro propio o comisionados de la ANDE, me parece un despropósito. Si un jubilado de Itaipú no supo capitalizar las bondades laborales que recibió durante 10, 20, 30 o 40 años, no lo hará ni en un siglo.
Se ha preguntado el lector: ¿qué puede hacer un presidente con 940 millones de dólares? Para que tengan una idea, les recuerdo que la versión más ventajosa de la esclusa de navegación, una obra faltante en Itaipú, cuesta 1.200 millones de dólares, costo al 2020.
“La verdad existe, solo se inventa la mentira”. Georges Braque.
(*) Ex asesor del DGP de Itaipú, del 2008 al 2012, jubilado.