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Antes de la reforma del 2003, la Caja Fiscal funcionaba bajo determinados parámetros que la habían vuelto insostenible. Por mencionar, la retención de aportes no se realizaba sobre todas las remuneraciones percibidas; el salario base para el cálculo del beneficio consideraba únicamente el último sueldo y la tasa de sustitución era del 90% para todos los sectores. Para ese año, el déficit operacional (diferencia entre las contribuciones y gastos anuales) llegó a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Con la sanción de la Ley N° 2345/03 “De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal” se implementó una serie de medidas que apuntaron a ordenar el sistema.
Informaciones oficiales refieren que así se contemplaron seis sectores contributivos distribuidos entre el Programa Contributivo Civil y el No Civil; el aumento de la tasa de aporte del 14% al 16% para todos los sectores; la retención de aportes sobre todos los objetos de gastos remunerativos del personal, incluido el salario base, horas extraordinarias, gastos de representación, bonificaciones.
Además, quedó establecida una jubilación ordinaria para los funcionarios de la Administración Pública con al menos 62 años y 10 años de servicio, posteriormente modificada a 20 años de servicio, con una tasa de sustitución del 47% más 2,7 puntos porcentuales por cada año de servicio adicional.
También quedó contemplada la ampliación del salario base utilizado para el cálculo del beneficio de pensión definiéndolo como la remuneración promedio de los últimos cinco años de servicio en lugar del último salario. De la misma manera se estipularon nuevos porcentajes para la determinación de la pensión y su aplicación generalizada a todos los sectores (anteriormente los porcentajes diferían de acuerdo con cada sector) y la actualización de haberes jubilatorios de acuerdo con la evolución del Índice de Precios del Consumidor (IPC), en lugar de los incrementos salariales del sector público.
Un análisis del Ministerio de Hacienda reveló los impactos de la reforma en la Caja Fiscal. A decir, el déficit actuarial había disminuido del 90% del PIB antes de la reforma al 45% del PIB tras la misma (38% del PIB para los planes contributivos). Se había logrado el equilibrio en 60 años de los sectores de empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales. Sin embargo, seguían con déficits el magisterio nacional (13,2%), las Fuerzas Armadas (12,7%) y la Policía Nacional (9,7%). En el caso de magisterio nacional, la reforma generó ahorros, en términos de valor actual neto, de alrededor del 20% del PIB inicial. Mientras que en el de los policías y militares, la normativa tuvo un impacto relativamente pequeño, reduciendo el valor actual neto de sus déficits en aproximadamente 10% del PIB inicial, precisaron desde la cartera económica.
Tras las importantes modificaciones introducidas en el año 2003, surgieron nuevos regímenes de jubilación que terminaron por complicar la estructura de la Caja Fiscal, incluso agravando el déficit (ver info).
El sistema arrastra un descalce importante desde el 2015. Si se considera años atrás, desde el 2008 hasta el 2010, el déficit ha sido en promedio de G. 100.000 millones anuales. A partir del 2011 se recupera obteniendo superávits de G. 160.000 millones en promedio hasta el 2014, pero desde el 2015, el desequilibrio no ha podido revertirse. El promedio anual de los últimos cinco años ya ha superado los G. 500.000 millones.
En esta edición, la consultora MF Economía e Inversiones repasa la situación financiera de la Caja Fiscal, el comportamiento de los distintos sectores y el impacto de la brecha entre los aportes y haberes en dos casos puntuales.