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Tras dos años de pandemia, aún se espera el liderazgo del Gobierno para retomar el curso normal del comercio, de las empresas, del mercado. El trabajo, que se vio afectado como consecuencia de las medidas sanitarias, propiciando la disminución del personal en empresas de todos los tamaños, merece la convocatoria de los sectores por parte del Gobierno para discutir en forma tripartita, la situación actual y posibles vías de solución a la crítica situación social.
Extrañamente, estamos ante un escenario en el cual, lejos de lo aconsejable, operadores políticos, de bandos distintos oficialistas, parecen decididos a obrar en forma provocadora, impulsando medidas que aumentan el desasosiego y la desigualdad, como componente de la crisis, tal vez, la más irritante.
Lo dicho anteriormente vale como referencia suficiente en cuanto al tema de los combustibles, donde la prensa desde ya ha venido publicando los nombres de los concesionarios de las estaciones de servicio del emblema oficial “Petropar”. No es ninguna sorpresa, que de las más de 200 estaciones de servicio a cargo de la empresa, solo 6 de ellas son explotadas por la misma: el resto, según la prensa, están distribuidas entre operadores políticos, naturalmente del partido del Gobierno de turno, entre los cuales se hallan el propio presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana.
De lo dicho queda claro que esos concesionarios-políticos, que reciben a crédito la provisión de combustible, y venden con ventaja con respecto a la competencia, están recibiendo un privilegio indebido que solo se explica por la alta posición política o económica que ostentan. Estos hechos deben ser analizados por el directorio de la Conacom, como órgano especialmente creado por la ley de conformidad con la Constitución Nacional para defender la leal competencia en el mercado. Pero, desde otro ángulo, debiera analizarse si constituye o no un acto de “tráfico de influencia”.
En el mismo sentido, el anuncio de un importante aumento salarial para empleados públicos, plasmado en un acuerdo suscrito entre el Vicepresidente de la República, candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, con representantes de los funcionarios del sector público, representa un gesto claro de proselitismo de muy mal gusto, valiéndose de sus funciones en el Gobierno y pretendiendo así obtener beneficios electorales.
Es necesario observar el llamado de la buena razón, que exige en tiempos de tormenta el manejo prudente de la situación. Una crisis así de compleja no se soluciona sólo con el facilismo de aumentos salariales, sino también con eventuales recortes presupuestarios en el Gobierno central, y otras medidas consensuadas y analizadas por los sectores involucrados: empresarios y trabajadores, quienes con inteligencia y patriotismo deben sellar los acuerdos.
Lamentablemente, los casos comentados provocan malestar en la población, amenazan el equilibrio del mercado, desatan la espiral inflacionaria y por sobre todo generan indignación con privilegios odiosos.
(*) Abogada laboralista