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Precio máximo
Si el Estado establece un precio máximo del pan o de la leche a un precio x, esto es, a menor precio de lo que la oferta y la demanda dicen, entonces se origina una contracción de la oferta. Los vendedores muy pronto retiran sus productos del mercado. Empieza la escasez. No se pueden mantener los costos a un precio más bajo.
El resultado de este intervencionismo estatal está en que contrayendo la oferta entonces muchas empresas empiezan a incurrir en pérdidas y luego en quiebra. Ya no se ofrecen productos o bienes al público. Una ley de alquileres, por ejemplo, con precios máximos por debajo del mercado, hace contraer la oferta o dicho de otro modo, habrá menos casas y departamentos ofrecidos a la gente.
Si baja el precio de manera coercitiva lo que tendremos igualmente es un aumento de la demanda. En contrapartida, aquel precio bajo hará que más personas deseen comprar al bien o producto ofrecido.
Sin embargo, cuando la oferta es menor que la demanda el resultado será que empezará a existir menos bienes y servicios ofrecidos, es decir, se inicia la escasez. Siguiendo nuestro ejemplo, habrá cada vez menos pan y menos leche.
En consecuencia, en lugar de mejorar la situación de las personas con más y mejores bienes y servicios, se agrava la condición de vida. Lo más sorprendente de esta situación de escasez producida por el mismo Estado y de su intervencionismo está en que las mismas autoridades que crearon el problema, ahora empiezan a culpar a los productores y empresarios de “especuladores e insensibles”.
Precio mínimo
Por otra parte, y en el caso del precio mínimo (superior al mercado) la cuestión es similar solo que al revés. El precio mínimo por encima del mercado produce un aumento de oferta. Para este caso en particular podemos citar las leyes de salario mínimo en el ámbito laboral que ocasionan un aumento de la oferta pero que finalmente muchos no encuentren trabajo. Toda la oferta se vuelca en busca de ese precio más alto (salario mínimo) artificial que incide en el aumento del costo operativo de las empresas. El resultado: desempleo e informalidad.
Ocurre que el salario laboral es un precio, esto es, el precio por un servicio determinado. Si el salario es obligatorio anexado a cargas sociales habrá mucha gente que no encontrará empleo porque, además, no cuentan con la suficiente capacidad, entrenamiento o conocimientos para producir igual o mayor al mínimo legal fijado por la legislación laboral.
El desempleo y la informalidad que se tienen en el país, por tanto, no es una maldición de obscuras fuerzas del más allá. El castigo a la gente tiene explicación. Es el intervencionismo estatal en el mercado laboral. Resulta impresionante notar que incluso personas con una capacidad o productividad superior al mínimo (supongamos que pueda contar con un salario de G. 3,5 millones mensuales) al final gana el G. 2,3 millones del salario mínimo.
Estabilizar precios
Solo a las mentes estatistas de burócratas y políticos se les puede ocurrir estabilizar los precios, esto es, que mediante el Estado se impida que llegue a un precio elevado el combustible. ¿Y por qué no también subsidiar las cubiertas, aceites y otros insumos relacionados al transporte?
La verdad es que todo está supeditado a lo que a los tecnócratas se les ocurra. Y no solo a ellos, sino también a los transportistas que aliados con políticos populistas que están en la carrera electoral en este momento, encuentran el terreno ideal para avanzar en sus objetivos de congraciarse con ciertos sectores y todavía más, de otorgar poderes de presión a las autoridades cuando los “precios” no sean lo que ellos consideren sean los justos.
En efecto, apenas subió el precio del crudo por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo primero que se les ocurrió a los grupos interesados en intervenir en los precios de los combustibles fueron los tecnócratas y los transportistas. Pero lo que no tuvieron en cuenta es que la cotización del petróleo también se ajusta a la ley de la oferta y de la demanda y el precio volvió a bajar.
¡El delirio de más leyes!
Si antes estaba en US$ 130 el barril luego bajó a menos de US$ 100. Poco y nada les interesa al gobierno, sus tecnócratas, políticos y transportistas la baja en el precio. Tienen una ambición: ¡Hay que hacer una ley!
¡No puede ser – dicen- que estemos expuestos a las oscilaciones de precios. ¡Hay que estabilizar el precio! No interesa si baja o suba el precio, lo importante es tener una ley. Aquella ambición desde luego tiene el propósito de que cuantas más leyes hayan pues ellos serán los más entendidos en todo y solo ellos atenderán sobre su aplicación e interpretación. Sin embargo, ante estos tipos de normativas sale perdiendo la población en general, la gente trabajadora, el productor, el ciudadano de a pie. Qué mejor modo de incentivar la desestabilización de las finanzas públicas y de ahí a la economía privada que con una ley que crea un fondo de estabilización para combustibles con US$ 100 millones, mediante una fuente de financiación proveniente de un préstamo de un organismo internacional. ¿Qué pasará si los US$ 100 millones en un momento dado ya no pueda mitigar la suba de G. 1.500?
La respuesta está en que ya no serán suficientes los US$ 100 millones sino cada vez más dinero y para el caso que nos ocupa, más préstamos. Pagar créditos por un dinero que servirá para subsidiar un producto es el inicio del más exacerbado populismo. La regulación del precio del carburante además de violar la Constitución se convierte en fuente de indisciplina presupuestaria en el uso de los recursos que pagan los contribuyentes. Todavía más, mediante este mecanismo establecido en el proyecto de ley se abre la posibilidad de fomentar incluso más la corrupción. El subsidio se ejecutará –dicen los proyectistas– a través de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) por medio de los registros de las importaciones de las distribuidoras del sector privado y estatal. Una distribuidora podría certificar haber importado por 100 pero en realidad lo hizo por 80.
Más allá de esta conjetura, la realidad es que “estabilizar” los precios de combustibles mediante subsidio con fuente de financiamiento un préstamo internacional es el camino seguro para más intervencionismo estatal. Si ahora son combustibles, ¿por qué no luego cubiertas y el aceite de motor?
Los transportistas que cierran rutas y violan el derecho al libre tránsito saben que, de contar con una legislación como la planteada por el Poder Ejecutivo, tendrán cada vez más capacidad de influir mediante el chantaje a la población en complicidad con el gobierno de turno.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.