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Antes de profundizar en las diferentes aristas es importante repasar la definición.
De acuerdo con la compilación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el empleo formal es aquel que se encuentra registrado en los sistemas de seguridad social institucionalizados, financiados a través de una contribución típicamente dividida entre empleadores, trabajadores y el Estado (usualmente llamados programas contributivos).
En tanto que los trabajadores en condición de informalidad constituyen el residual entre los empleados formales y el total de trabajadores.
Otro documento del BID, denominado “Informalidad en los tiempos del covid-19 en América Latina: implicaciones y opciones de amortiguamiento”, refiere que en crisis económicas previas a la pandemia, la informalidad servía como amortiguador, debido a que absorbía la salida del sector formal mitigando el aumento en la tasa de desempleo (Lambert, Pescatori y Toscani, 2020).
Pero ¿qué ha cambiado con la crisis sanitaria?
Conforme con el mismo estudio del organismo internacional y en coincidencia con varios otros, la pandemia, en su periodo más crítico, habría provocado afectaciones en los empleos informales por motivos tales como: (i) las actividades informales de prestación de servicios personales -las cuales representan una proporción considerable de la informalidad- llevan consigo riesgos de contagio de salud más altos ya que implican interacciones con otros individuos para los que no es posible verificar la magnitud de su exposición al virus (WHO, 2020). Además, (ii) la informalidad se caracteriza, precisamente, por la falta de aseguramiento de servicios de salud, por lo que la atención a los riesgos de contagio puede ser más precaria, llevando a mayores tiempos de recuperación (en inactividad) o atención menos efectiva debido a la saturación de los servicios públicos. También, (iii) incluso en los casos en donde las autoridades gubernamentales implementaron mecanismos de apoyo económico para amortiguar los efectos de la caída en los empleos, la población informal, que por naturaleza se encuentra fuera de los registros de las autoridades fiscales u otros registros gubernamentales, es más difícil de identificar y localizar , y por lo tanto de hacer llegar mecanismos de activación; y (iv) en el caso de las empresas formales existen costos de despido, y en un contexto de incertidumbre que complica la estimación de los costos y beneficios de alterar la planta productiva, hacen que exista un grado de inflexibilidad mayor para hacer ajustes (Giupponi & Landais, 2020).
Con el proceso de reapertura de la economía, por ende, de la recomposición gradual del mercado laboral, las estimaciones advierten sobre un importante crecimiento de la informalidad, que incluso se ubicaría por encima de la precrisis.
Proyecciones del BID hablan de 7,56 millones de empleos informales adicionales. Sin embargo, el organismo remarca que posponer o condonar los pagos de impuestos sobre la renta y las contribuciones a la seguridad social, condicionados a la generación de empleos formales, podría reducir el crecimiento de la informalidad entre 50% y 75%.