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En efecto, el sistema de reparto sobre el cual se establece el modelo actual parecería ser el más beneficioso. De manera adrede se hace creer que tanto la jubilación y la salud deben ser parte de un mismo paquete de aportes, lo que desde el vamos ya es el primer problema a corregirse.
La jubilación es una cosa y otra la salud. Esta es una cuestión que los defensores del actual sistema dejan pasar en el análisis. Y desde luego les conviene así decir y mantener para dar lugar al supuesto sentido solidario que defienden.
Sin embargo, nada puede estar más lejos de la realidad. La jubilación –que insisto debe diferenciarse del seguro por salud– en el modelo actual del IPS es un método por el cual en una determinada etapa la cantidad de dinero que les corresponde a los jubilados empieza a ser superior a la masa monetaria que aportan los trabajadores activos. Es decir, existen cada vez más jubilados en relación a la cantidad de personas en edad de trabajar.
Resulta insostenible desde el análisis actuarial. Otra razón está en los cambios en la estructura demográfica y el notable efecto que se ha venido dando en las condiciones de vida debido a la amalgama entre libertad económica y Estado de Derecho.
Gracias al libre mercado, protección a la propiedad privada, a las inversiones y al comercio internacional sin ataduras, solo en los últimos cincuenta años en los países desarrollados la expectativa de vida llega a más de 80 años y en los países en desarrollo, 70 años.
Esto significa que la esperanza de vida es tal que impacta sobre una mayor cantidad de futuros jubilados o lo que se puede decir de otro modo más técnico, sobre el incremento del pasivo sobre el activo.
Expectativa de vida
Según informes recientes de la División de la Población de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), dice “que el envejecimiento actual de la población no tiene precedentes”. Que la cantidad de personas de más de sesenta y cinco años (65) se encuentra a una tasa superior al crecimiento poblacional.
Esto desde luego que está muy bien y es el resultado precisamente de los avances en libertad económica que permite más comodidades y mejoras en bienes y servicios así como también en la protección de los derechos civiles y políticos en el marco del imperio de la ley. Esto es una gran noticia y lo celebramos.
Pero si nos adentramos en el tema de la jubilación ajustándonos al modelo de reparto tal como lo tiene el IPS, pues la noticia no es buena. De hecho, los mismos administradores y defensores del modelo actual que tenemos así lo dijeron. Ellos mismos afirman que el sistema colapsará para el año 2040 aproximadamente. Yo más bien diría antes, porque el modelo no llegará para tanto por las razones antes esgrimidas y las que seguidamente agregaré.
En el modelo de reparto –además de la ya citada expectativa de vida– se halla intrínseco su propia sostenibilidad. Las jubilaciones a pagarse se destinan a una caja común a la que es preciso agregar también que las mismas dependen del funcionamiento de la economía en general y del mercado laboral en específico.
Mercado laboral, inflación e inseguridad
Sobre la sostenibilidad del sistema de reparto influyen decisivamente los retiros anticipados así como el mercado laboral y la inflación. Si a inflación nos referimos en nuestro país, podríamos decir que no estamos mal y no tanto. Si seguimos con el ritmo actual de endeudamiento sin reformas y sin transparencia ni contraprestación, pues la emisión monetaria puede incrementarse hasta volverse una práctica usual.
Pero si nos referimos al mercado laboral, pues aquí definitivamente estamos mal, siendo un problema de fondo. Como el modelo de reparto depende de una caja común en la que los aportantes están en el sector formal, la masa de dinero en categoría de ingresos se halla en directa relación a la formalidad lograda.
En nuestro país la informalidad es elevadísima. Del orden del 60 por ciento debido precisamente a que la formalidad contiene costos que conspiran contra los jóvenes y personas sin la debida capacitación. Hoy mismo solo 700 mil personas aportan al seguro social. De cada 10 trabajadores, apenas 2 están en el sector formal acreditado en el IPS. Esto no cambiará mientras no se haga más atractiva la inclusión de más gente al sector formal, inclusión que en el fondo los propios gobernantes se encargan de volverla difícil.
Y se vuelve difícil la formalidad porque los costos son elevados para el ingreso al mercado laboral debido a un código del trabajo y al aporte obrero patronal que llega al 25 por ciento. A esto hay que agregar la afectación de la economía en general tal como dije más arriba. Si la presión tributaria sigue subiendo y el gasto público también sigue incrementándose, entonces el margen de maximización de beneficios de las empresas disminuye para contratar en el sector formal.
Y por supuesto que si a lo mencionado agregamos la inseguridad jurídica que torna difícil la inversión nacional y envía señales a la inversión extranjera, pues estamos ante situaciones que afectan sobre la economía en general y sobre el mercado laboral formal en específico de fuerte impacto sobre los futuros aportantes al IPS.
Estafa e inmoralidad
Dicho de otro modo, al final de cuentas las tasas de capitalización, esto es, maquinarias, tecnología, conocimientos y seguridad, son los que determinan la producción y la productividad, sinónimo de progreso en todos los órdenes. Sin embargo, todo ello debe ser complementado con un sistema jubilatorio sano y el de reparto no lo es.
El sistema de reparto es una estafa además de una inmoralidad. Estafa e inmoralidad porque se obliga a una persona a hacer algo en contra de su libertad de elegir causándole luego un daño. Los nuevos aportantes entre los que se encuentran la gente joven de nuestro país se ven obligados a disponer de su dinero para que luego no puedan contar con sus haberes jubilatorios debido a la mayor proporción de jubilados en relación a los trabajadores activos.
Y desde luego que no puede ser solidario sino antisolidario un sistema jubilatorio que está expuesto a vicisitudes contrarias a la propiedad privada que toda persona tiene sobre su trabajo y salarios correspondientes.
La propuesta debe ser muy diferente. La misma consiste en una reforma consistente en aislar el dinero de los aportantes de los delirios a los que nos tienen acostumbrados los políticos y burócratas de turno. Estos se creen superiores a sus prójimos, imponiéndoles dónde dejar su dinero para la vejez e incluso obligándoles por ley a retirarse con un haber inferior a la proporción de sus aportes, como sabemos sucede con la estafa e inmoralidad del actual sistema de reparto.
Aportan
Hoy mismo solo 700 mil personas aportan al seguro social. De cada 10 trabajadores, apenas 2 se encuentran en el sector formal acreditado en el IPS.
Colapso
Los mismos administradores y defensores del modelo actual aseguran que el sistema colapsará para el año 2040, pero no llegaría para tanto.
(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.