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Su clasificación está determinada por la cantidad de personas empleadas y su nivel de facturación anual. Así, la normativa establece que una microempresa, con sus siglas “MIE”, es aquella formada por hasta un máximo de diez personas, en la que el propietario trabaja personalmente él o integrantes de su familia y facture anualmente hasta el equivalente a G. 500.000.000.
Para una pequeña empresa o “PE” se considera una facturación anual de hasta G. 2.500.000.000 y un máximo de treinta trabajadores. Mientras que, para las medianas empresas, la cantidad de trabajadores no debe superar las 50 personas y los ingresos de la empresa hasta G. 6.000.000.000.
Conforme a la normativa vigente, los parámetros de clasificación expuestos deberán ser concurrentes, primando en caso de dudas, el nivel de facturación anual.
Datos del Viceministerio de mipymes muestran que, alrededor del 90% de las empresas que operan en el país pertenece al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, siendo el 70% de la fuerza laboral total del país. Los últimos registros de julio de 2020 daban cuenta de la existencia de 41.000 registradas con cédulas de mipymes. Además, el 70% de estas empresas son informales, es decir no cuentan con el Registro Único del Contribuyente (RUC) emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ni tienen registrados a sus empleados, por ende, no aportan al Instituto de Previsión Social (IPS).
Repaso del mercado laboral en la prepandemia y durante la crisis
En la anterior edición se había descripto la situación del mercado laboral antes de la pandemia y durante ella. Para comprender el escenario socioeconómico generado por la crisis sanitaria, se repasa los principales indicadores del empleo en Paraguay de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al cuarto trimestre de 2020, la fuerza de trabajo entre los hombres y mujeres experimentó una recuperación con respecto al segundo trimestre del mismo año, aunque no alcanzó la tasa registrada en la prepandemia (ver info).
La fuerza de trabajo (FT) está conformada por las personas de 15 y más años de edad, que en los 7 días anteriores a la jornada de la entrevista realizaron alguna actividad económica por lo menos por una hora (Población Ocupada) y por las que no trabajaron ni una hora en una actividad económica, estaban disponibles para trabajar y buscaron activamente trabajo (Población Desocupada). La tasa de la fuerza de trabajo (TFT) se calcula dividiendo la suma de estos dos grupos (Ocupados+Desocupados) respecto a la población de 15 y más años de edad (PET).
Con respecto a la población ocupada, la dinámica ha sido la misma, los datos revelaron una recuperación del empleo masculino y femenino. Como en la fuerza de trabajo, la disponibilidad y reinserción laboral han sido levemente superiores entre los hombres frente a las mujeres, quienes, en alrededor del 70% prestaban sus servicios en el segmento más afectado por pandemia, el sector terciario, sumado a que no han podido desprenderse de las labores del hogar y otros motivos familiares.
Por tanto, la población desocupada, ha afectado más a las mujeres. De las aproximadamente 267.000 personas desempleadas al cuarto trimestre de 2020, el 60,4% han sido mujeres y el restante porcentaje, hombres.
Situación y descapitalización de las mipymes en Paraguay
De acuerdo con datos del INE, del total de población ocupada de 3.454.000 personas al cuarto trimestre de 2020, el 67,8% trabaja en una microempresa, el 9,1% en una pequeña, el 3,1% en mediana empresa y el 9,4% en una unidad económica con 51 y más personas empleadas.
Es de destacar que, a excepción de la micro, las demás categorías sufrieron una reducción en su población ocupada. Esto, considerando que las empresas de mayor porte, en determinadas crisis, realizan ajustes por el lado de los recursos humanos, es decir, reducen la cantidad de empleados. Durante esta pandemia, muchas empresas recurrieron a la mencionada medida y otras se vieron obligadas a cerrar sus puertas con el consecuente despido de cientos de trabajadores.
En las pequeñas empresas, la reducción ha sido de más de 36.000 personas al comparar el cuarto trimestre de 2019 con mismo periodo, pero del año 2020. En tanto que, en las medianas, el desempleo ha afectado a unos 5.600 trabajadores y en las empresas de 51 personas o más, a alrededor de 41.500 hombres y mujeres.
En cambio, en las microempresas, consideradas familiares, la política para reducir costos va -en general- por el lado de la postergación de deudas y otras medidas que generan erogaciones en el funcionamiento de la unidad, pero que pueden diferirse. Además, el otro fenómeno observado en el aumento de la población ocupada en las microempresas -pasó de 2.101.427 personas a 2.343.500, entre el segundo y cuarto trimestre de 2020- ha sido que las mismas se convirtieron en una alternativa para seguir generando ingresos. Es decir, muchas de las miles de personas que quedaron fuera del mercado laboral se vieron obligadas a reconvertirse y crear nuevos emprendimientos, lo que les ha permitido a las más de 333.000 personas sortear esta crisis.
Nuevos paquetes de asistencia y perspectivas para mipymes
Cuando en las primeras semanas de marzo de 2020 se reportaban los casos positivos iniciales en Paraguay, el Gobierno había determinado una serie de medidas para mitigar los efectos de la pandemia.
Tras solo algunas semanas, el Poder Ejecutivo diseñó y presentó ante el Congreso Nacional la Ley N° 6524, que declaró estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay. Tras la promulgación de la normativa, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dispuso de unos US$ 1.600 millones (G. 10.211 miles de millones) y US$ 390 millones (G. 2.490 miles de millones) para preparar al sistema sanitario, adelantarse a la compra de vacunas y contener social y económicamente a una parte de la población. Sin embargo, meses después, los problemas de gestión y las denuncias por corrupción empañaron la estrategia del Gobierno, que había comenzado con buenas perspectivas.
Paraguay enfrenta desde hace varias semanas la ola más fuerte de la pandemia. Ante el colapso sanitario y el aumento incontenible de casos, el Gobierno viene disponiendo una serie de nuevas medidas restrictivas para intentar un retroceso en las estadísticas. El conjunto de disposiciones conocida como “medida semafórica o serrucho” ha hundido a muchas empresas y otras están en el proceso.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) desde inicio de este año y hasta la fecha, se han registrado 26.300 contratos laborales suspendidos. Las restricciones antes de la Semana Santa provocaron el cese de 16.300 empleados.
La reciente disposición del Poder Ejecutivo, que comenzó a regir desde el 27 de abril hasta, en principio, el 10 de mayo, afecta, principalmente, a los sectores comerciales y de servicios. En tal sentido, desde la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy), anunciaron el cierre de 300 restaurantes y la suspensión de unos 15.000 trabajadores por 15 días. Mientras en todas las jornadas se suman más pymes a la estadística de cierre de negocios.
La incertidumbre, la apertura intermitente de las actividades y la caída de la demanda, se han vuelto insostenibles para el sector empresarial, que desde el inicio de la pandemia atraviesan un serio problema de descapitalización. Sobre todo, las micro, pequeñas y medidas empresas, cuya capacidad financiera se caracteriza por su limitación a diferencia de otras categorías empresariales.
Con el objetivo de mitigar el impacto de las nuevas medidas restrictivas, desde el Gobierno impulsan, desde la semana pasada, una serie de acciones económicas y financieras.
Como parte del programa de asistencia estatal, el Ministerio de Hacienda procedió al pago del subsidio a trabajadores y comerciantes que residen en 16 ciudades fronterizas con Argentina. En la primera etapa transfirieron a 3.764 comerciantes del sector formal, con dos pagos de G. 2.190.000 por persona. Para los siguientes días anunciaron el subsidio para los considerados trabajadores informales, previa inscripción de los mismos en el RUC como exigencia para acceder al beneficio.
En la reciente semana fueron anunciadas otra serie de medidas económicas tendientes a apoyar a los sectores más afectados por las nuevas restricciones sanitarias impuestas. Entre las asistencias figuran la continuidad del pago para los trabajadores suspendidos. Para ello, se tiene prevista una transferencia adicional al Instituto de Previsión Social (IPS) entre US$ 30 millones a US$ 50 millones.
La previsional cuenta actualmente con aproximadamente US$ 20 millones de los US$ 100 millones transferidos en el marco de la Ley de Emergencia y que solo le permitirá cubrir la compensación por cese laboral hasta el mes de junio, cuando las estimaciones de suspendidos laboralmente van en aumento y rondarían 30.000 nuevos cesados para mayo.
Los últimos datos del IPS dan cuenta que 99.531 han sido los beneficiados con el subsidio por suspensión de Contrato Laboral desde el primer pago realizado en abril de 2020.
Además, el Gobierno estableció como parte de las medidas de asistencia, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 50% para los alquileres comerciales, que entraría en vigencia desde el mes de mayo hasta octubre, tras el decreto presidencial. Ello significará alrededor de G. 50.000 millones de ingresos menos para el Estado. Así también, la entrega de kits de alimentos a trabajadores informales o por cuenta propia.
Las otras acciones contemplan un subsidio del 50% del consumo de energía eléctrica y agua potable orientado a sectores afectados, que regiría desde julio hasta diciembre. El costo sería de aproximadamente US$ 10 millones y debe contar con la venia del Congreso Nacional. Para ello, presentarán el proyecto de ley en los primeros días de mayo.
Otro eje dentro del paquete de asistencia es el fortalecimiento del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), un instrumento que permite garantizar los préstamos otorgados a través del sistema financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Hasta el último reporte del Fogapy se concedieron 23.412 garantías a empresas y que se encuentran empleando a 139.383 personas. Las microempresas han sido las más beneficiadas con la cantidad de garantías (46% del total), no así en el volumen de los créditos, donde las pequeñas (G. 1,425 billones) y medianas (G. 1,039 billones) lideran el grupo con mayores préstamos obtenidos.
Así, las garantías otorgadas representan alrededor del 10% de todas las mipymes con RUC en el país. El sector había tomado los préstamos meses anteriores con la expectativa de que la economía comenzaría su proceso de recuperación en el primer semestre del año 2021. Sin embargo, el proceso de vacunación ha sido débil, impidiendo la reactivación por lo que el grupo se enfrenta a un nuevo escenario, la imposibilidad de cumplir con sus compromisos.
Desde el Ministerio de Hacienda mencionaron que las recientes medidas complementan las ya vigentes como la reducción del IVA, la postergación del pago por todo el 2021, del aporte obrero al IPS, el compromiso de la banca pública de postergar por 12 meses más el inicio de los pagos de préstamos que se han gestionado a través de estas entidades, entre otras acciones.
“Todas las acciones que se están implementando se enmarcan dentro del tope establecido en la Ley de Presupuesto del 4% de déficit fiscal para este año, con un compromiso firme del Gobierno de avanzar en un proceso de reducción de este déficit y de convergencia a la Ley de Responsabilidad Fiscal en el mediano plazo”, expresó en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.
En palabras del directivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), Bruno Defelippe, “la empresa que se cierra deja un tendal de heridos, financieros y emocionales. Es un proceso muy violento para un emprendedor cerrar su negocio y buscar otras fuentes de ingresos. Muchas veces estamos hablando de ahorros de toda la vida. Tenemos que ser más creativos y agresivos en las medidas que se tomen porque las empresas generarán las riquezas que pagarán las deudas asumidas, la creación de nuevos empleos. No hay otra forma de recomponer la economía que fortaleciendo a los emprendimientos”. Finalmente, la descapitalización de las empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas ha sido considerable durante la pandemia, por lo que es urgente una política de asistencia del Estado para los próximos años, ya que serán las que finalmente reincorporarán al mercado laboral a las miles de personas que actualmente se encuentran desocupadas en el país. Además, son los principales motores para reimpulsar el desarrollo y crecimiento económico.
Es impostergable la creación de políticas a mediano y largo plazo, considerando que el importante grupo de personas que se encuentra hoy desempleadas y sin cobertura social, en unos años, representarán una presión adicional a las finanzas públicas y un sobrecosto que podría ser menor si se toman acciones inmediatas.
Pequeña
En las pequeñas empresas, el desempleo ha sido de más de 36.000 personas al comparar el cuarto trimestre 2019 con mismo periodo de 2020.
Mujeres
De las aproximadamente 267.000 personas desempleadas al cuarto trimestre de 2020, el 60,4% ha sido mujeres y el restante porcentaje, hombres.