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En febrero de 2016, el entonces titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, anunció la adjudicación de los tramos 2 y 3 del proyecto metrobús (ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) a la empresa portuguesa Mota Engil, una de las obras más “emblemáticas” del gobierno de Horacio Cartes, por US$ 54 millones (G. 300.417 millones). Luego de firmar el contrato, resolvieron que el proyecto debía incluir más obras como el cableado subterráneo y así, sin más, autorizaron un incremento del 35% el monto del contrato, que trepó a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). Recién en noviembre de ese año pudieron arrancar las obras y partir de ese momento empezó el suplicio para la población afectada, que advirtió desde el principio que la institución debía liberar primero la franja de dominio para iniciar con las obras. Pero desoyeron todas las advertencias y de forma chapucera intentaron avanzar con los trabajos.
Lo concreto es que el MOPC pagó unos US$ 20 millones en consultorías, supuestas fiscalizaciones y estudios afines, además de US$ 30 millones entregados a Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo que debía ejecutar. Como si eso fuera poco, la empresa portuguesa en un arbitraje está reclamando otros US$ 25 millones, por los supuestos daños que le causó la obra.
En agosto de 2018, Arnoldo Wiens asumió como ministro del MOPC y se encontró con la sorpresa de que Mota Engil remitió una nota donde comunicó la suspensión de los trabajos. En octubre de ese mismo año, la firma portuguesa abandonó las obras y alegó que ya no podía continuar con la ejecución del plan. Se crearon mesas de trabajo, reuniones, pero no se encontraron soluciones y las obras pararon al tiempo en que miles de comercios quebraron, como consecuencia del fallido proyecto.
A partir de ese momento, Wiens ordenó la rehabilitación del tramo intervenido y recién en febrero de 2020 rescindió el contrato con Mota Engil, porque la empresa se negó a renovar las garantías del anticipo pagado. El ministro también reclamó al banco Itaú la garantía del adelanto que se había pagado a la firma extranjera, y a Royal Seguros (vinculada al exjefe de Gabinete de Cartes, Juan Carlos López Moreira) se solicitó la devolución de la póliza de fiel cumplimiento del contrato. En total se reclamó unos US$ 12 millones de los seguros y solo Itaú devolvió el monto que le solicitaron, mientras que Royal inició una demanda de pago por consignación, para evitar devolver más de US$ 6 millones a Obras Públicas. El caso debe definirse en un tribunal de la capital.
Tras el fracaso del plan, Mota Engil demandó al MOPC ante dos instancias arbitrales y una de ellas ya está avanzando con un tribunal conformado.
Investigación no avanza, pese a tanto daño
En mayo de 2018 se presentó en la Fiscalía la primera denuncia penal por los supuestos hechos de lesión de confianza en la obra del metrobús, pero hasta la fecha no hay un solo imputado. Ni siquiera se realizó un peritaje para identificar si hubo daño patrimonial, porque el Ministerio Público no cuenta con el personal suficiente para realizar esta tarea, según confirmó a ABC la fiscala Esmilda Álvarez, que está interinando las investigaciones. “En este momento, nosotros no disponemos ni de personal, ni de nadie, ni de nada para hacer ningún tipo de este tipo de pericia” (sic), expresó recientemente a ABC.
La primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús había sido presentada por el ingeniero Hermán Pankow, contra el entonces ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona; la exviceministra de Finanzas, Marta Benítez Morínigo; y el exrepresentante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza.
La denuncia fue ampliada en varias ocasiones en las que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas. También se agregó entre los denunciados al exviceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y a otro funcionario del BID (financista de la fallida obra).
Además, la Comisión Bicameral del Congreso, que investigó el caso, la Contraloría General de la República (CGR) y el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, también presentaron denuncias en el Ministerio Público, las cuáles se juntaron en una sola carpeta fiscal.
La fiscal originalmente designada para esta causa fue Natalia Silva, quien fue recusada por Pankow por retrasar las investigaciones, por lo que pasó a interinar la fiscala Esmilda Álvarez. El fiscal Alcides Corbalán también interinó el caso en 2019 y fue el único que llamó a declarar al denunciante. Esta recusación debe definirse a instancias de la Corte, luego de una impugnación que presentó el denunciante.
Y pese a tantas denuncias, investigaciones que corroboraron groseras anomalías administrativas y financieras, sin olvidar el perjuicio para cientos de familias que perdieron sus empleos y miles de usuarios de la ruta Mariscal Estigarribia que fueron afectados durante años, hasta hoy no se tiene ni un solo imputado en la causa.
También rescinden contrato del tramo céntrico
Obras Públicas también resolvió rescindir del contrato del tramo céntrico del metrobús, que había sido adjudicado en febrero de 2018 al consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones a la cotización actual).
Dicho consorcio fue contratado para encarar las obras en el centro de Asunción (Puerto-Haedo-Herrera-Mercado 4), correspondientes al tramo 1, pero los trabajos nunca avanzaron. Esto pese a que el MOPC ya desembolsó G. 18.205 millones al grupo (US$ 2,94 millones), en concepto de anticipo (13,5% del monto del contrato), de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Antes de dejar el poder, el Cartismo apuró el pago de este adelanto.
En principio, el MOPC pretendía que este grupo se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del fracasado proyecto, pero no tuvieron otra opción más que cancelarle su contrato. Esto porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del metrobús. El plazo del empréstito ya venció en diciembre de 2020 (luego de postergaciones), pero pretendían ejecutarlo hasta el 2023.
En total, en el fracasado proyecto del metrobús, que tantos problemas ha traído a la ciudadanía, se invirtieron aproximadamente US$ 50 millones del préstamo del BID, al que se le deberá devolver el capital con intereses, y esto será financiado por los contribuyentes.