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Los primeros días de marzo de 2020, Paraguay registraba uno de los primeros casos de covid-19 en el país. Con el anuncio realizado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) el Gobierno dispuso la activación del protocolo sanitario y semanas después, la implementación de una serie de medidas financieras, fiscales, monetarias y sociales de corto y mediano plazo. Estos paquetes económicos habían sido diseñados con el objetivo de aminorar el impacto de la pandemia, que ya comenzaba a debilitar, incluso, a potencias económicas como China y Estados Unidos.
El proyecto de Ley de Contingencia Económica fue presentado y estudiado en el Congreso Nacional sin mayores contratiempos. La propuesta inicial había sufrido algunas modificaciones en Cámara de Senadores, recibiendo el acompañamiento de la Cámara de Diputados. Tras los cambios, el proyecto sancionado declaraba el estado de emergencia en todo el territorio nacional y se establecían medidas administrativas, fiscales y financieras.
Con la aprobación y posterior promulgación de la Ley, el Poder Ejecutivo contó con la autorización para implementar, por el ejercicio fiscal 2020, entiéndase hasta el 31 de diciembre, medidas excepcionales. Meses después, el Parlamento determinó la ampliación de la vigencia de la Ley de Emergencia hasta fines de junio de este año 2021. La normativa de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera fue diseñado con el fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del covid-19, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.
A continuación, se repasan las áreas consideradas y que se buscaban atender con la normativa.
- Sistema de salud: Se contemplaba el fortalecimiento de la estructura sanitaria del país. Esto, mediante la compra de más insumos, mayor dotación de equipos y personal necesario para atender la situación. Además, se otorgaba beneficios adicionales al personal de blanco, tal como quedó estipulado en el artículo 5°. En este apartado, se autorizó el pago de una gratificación especial, en carácter de excepción, al personal de salud afectado directamente a la atención de la pandemia, que no podía ser superior a tres salarios mínimos.
De acuerdo a las condiciones financieras del Estado, podría otorgarse una segunda gratificación de hasta dos salarios mínimos.
Éstas y otras medidas representarían una inversión aproximada de US$ 500 millones para el área de salud.
- Asistencia social: La ley consideraba el estado de alta vulnerabilidad de determinados trabajadores. En tal sentido, planteaba una ayuda integral consistente en una asistencia alimentaria, un subsidio monetario temporal, y la disponibilidad de créditos en condiciones financieras extraordinarias. También, contemplaba beneficios en los pagos por los servicios básicos e impuestos. En este punto, el Senado modificó el artículo 17, con lo cual, al diferimiento se le agregó la exoneración del pago de las facturas por los servicios básicos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo bajo ciertas condiciones.
Para el caso de los clientes de la Ande con un consumo mensual de 0 a 500kv fueron exonerados en un 100%. Los clientes con un consumo superior a 500kv mensual pudieron diferir el pago temporalmente.
En el caso de los usuarios de la Essap S.A., aguateras privadas, juntas de saneamiento, comisiones de saneamiento, se estableció el diferimiento temporal y/o un descuento de hasta el 100% para las mipymes y sectores vulnerables.
Finalmente, para el caso de Copaco S.A., la ley contempló las mismas condiciones de diferimiento temporal. En todos los tres casos, el plazo se prorrogó de acuerdo a las condiciones económicas y a la posibilidad de financiamiento.
Además, la normativa aprobada contemplaba que las obligaciones impagas resultantes de esta medida temporal podrían ser financiadas hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses.
Con respecto al establecimiento de las categorías de usuarios y fajas de consumo se dispuso que el Consejo Nacional de Empresas Públicas sea la instancia encargada, previa aprobación del Equipo Económico Nacional, incluyendo preferentemente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) y sectores vulnerables.
- Protección al empleo: En la ley se planteó también atender a los trabajadores informales. El artículo 22, contemplaba la autorización al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para otorgar un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente. El beneficio podría ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto, y abonado a los beneficiarios a través de entidades de pago sujeto a disponibilidad.
Con respecto a los empleados formales, en la normativa se proponía la asistencia mediante un subsidio temporal por reposo o suspensión de contrato a causa de la emergencia sanitaria covid-19.
El Senado había incorporado también un apartado donde se estableció que el Instituto de Previsión Social (IPS) debía seguir atendiendo a los asegurados durante la emergencia, más allá de los pagos recibidos de los aportes obreros patronales. En caso de atrasos, podían refinanciarlos en las mismas condiciones que los demás servicios públicos hasta en 18 meses.
- Créditos para sectores económicos: En la normativa también se buscó atender a las mipymes, al sector agrícola, comercial y de servicios. Para ello, se capitalizó a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), al Fondo de Garantía de las mipymes y al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). Además de una importante capitalización para la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), a fin de mitigar los problemas en la provisión de agua potable.
- Financiamiento de la Ley de Emergencia: Ejecución y resultados
Con el repaso de las principales áreas de asistencia contempladas en la Ley de Emergencia sanitaria y económica, resulta aún más importante conocer el nivel de ejecución de los mencionados programas.
Como muchos países de la región donde la pobreza y los escasos recursos representan un retraso importante para los gobiernos, la pandemia encontró al Paraguay sin fondos para hacer frente a la crisis sanitaria.
Es de recordar que alrededor del 80% de los ingresos tributarios están comprometidos a gastos rígidos como salarios, lo que queda poco o nulo espacio fiscal para la inversión de otros programas. Ante este escenario, las ambiciosas medidas presentadas en la Ley de Emergencia Económica no podrían ser cubiertas con el ahorro que el fisco esperaba generar a través del redireccionamiento y racionalización de ciertos gastos como el de catering, transporte, pasajes y viáticos, subsidio familiar, retiro voluntario, entre otros.
Gobierno dispuso de unos US$ 2.000 millones
Por tanto, el grueso del financiamiento provino de la contratación de empréstitos y bonos del Tesoro por un monto máximo de US$ 1.600 millones. Sin embargo, en la normativa se contempló otros préstamos, con lo cual el Gobierno dispuso de aproximadamente de US$ 2.000 millones.
De acuerdo a manifestaciones, en ese entonces, de autoridades del Ministerio de Hacienda, los US$ 1.600 millones fueron estimados para un escenario extremo. A casi un año del proceso de implementación de la normativa, la rendición de cuentas considera el mencionado monto. De acuerdo con datos oficiales, la distribución de los fondos de emergencia al último cierre se ha dado de la siguiente manera: de los US$ 538 millones para el funcionamiento del estado como salarios docentes, médicos, policías militares, etc., pago de pensiones a jubilados y pensionados, servicio de la deuda y los programas Tekoporã y Adultos Mayores, ya se ejecutaron US$ 535 millones o 99,4%.
Como segundo mayor porcentaje en la distribución figura la protección social (Pytyvõ, empleo formal, subsidio a artistas, Ñangareko). De los US$ 472 millones asignados, al último cierre de los datos, se utilizaron US$ 427 millones. Esto es 90,4% del total contemplado.
En lo que respecta a Salud y que consigna recursos destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Hospital de Clínicas, así como al Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se ejecutaron US$ 160 millones de los US$ 422 millones asignados. Los recursos utilizados ascienden al 37,9%, el programa con la menor ejecución de todas las áreas atendidas en la ley de emergencia.
De los US$ 107 millones aprobados para el subsidio de servicios públicos (Ande, Essap y Copaco), se han ejecutado US$ 104 millones o su equivalente a 97,1% de utilización. Por último, el componente de mipymes y capitalización, que contemplaba préstamos a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la construcción de pozos ya se ejecutaron la totalidad, es decir, US$ 61 millones.
Como se ha observado y ya mencionado, el pilar sanitario ha sido el que menos recursos ha usado a casi un año de la vigencia de la Ley de Emergencia. Para este 2021, cuenta con US$ 261 millones, de los cuales, US$ 142 millones serán destinados para la compra de medicamentos e insumos, US$ 24 millones para equipamientos médicos. Además de US$ 44 millones, US$ 37 millones y US$ 15 millones para construcciones, contratación de personal de la salud y unidad de terapia intensiva del sector privado.
Hasta el momento, Paraguay cuenta con 27.000 dosis de vacunas contra el covid-19. De este total, 4.000 corresponden a la vacuna rusa Sputnik V para inmunizar a unos 2.000 operadores de las unidades de cuidados intensivos. El país había adquirido a través del Fondo Ruso de Inversión Directa 1.000.000 de dosis.
El mayor lote de 20.000 dosis provino de la cooperación de Chile, país que donó la vacuna Coronavac, elaborada por el laboratorio Sinovac, para la inmunización de 10.000 funcionarios del personal médico de primera línea.
Una de las últimas dosis que arribaron al país también formaron parte de una donación de los Emiratos Árabes Unidos, que proveyó al país 3.000 dosis de la vacuna Sinopharm para la inmunización de 1.500 personales de salud más.
De acuerdo con los últimos registros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se han inoculado a aproximadamente 12.300 profesionales de blanco y afines. De momento se sigue aguardando la llegada de más dosis de biológicos de los 4.300.000 adquiridos por el mecanismo Covax Facility (Acceso Global para Vacunas covid-19), las que no han llegado antes debido a serios problemas de gestión administrativa del Gobierno, sumado a la alta demanda en todo el mundo. El viernes último finalmente arribaron a nuestro país las 36.000 dosis iniciales del referido mecanismo Covax.
Mientras los países de la región continúan su campaña masiva de vacunación, en Paraguay la inoculación se realiza a los profesionales de primera línea debido a la falta de vacunas, para el resto de las 4 millones de personas que deberían recibir la dosis.
Como ya se ha mencionado en la edición anterior, la política económica del país debe estar anclada a una política de vacunación masiva, bajo siempre el protocolo sanitario dispuesto. Sin embargo, la incertidumbre, la debilidad institucional, los problemas de gestión, siguen marcando el desarrollo del año 2021, por lo que urge la presencia de un Estado que realmente acompañe las necesidades sociales y económicas de toda su población. El bienestar de sus ciudadanos se traducirá en productividad para el proceso de recuperación económica.
Intensivo
Para este año 2021 las economías desarrolladas apuntan a un proceso de recuperación, con los intensivos programas de vacunación.
Olas
Perspectivas iniciales son auspiciosas. Sin embargo, las eventuales nuevas olas de contagios siguen amenazando las expectativas.
Fondo
A un año de la llegada del virus al país, los desafíos para enfrentarlo son altos. Fondo asignado para fortalecer el sistema es el que menos se usó.
Grave
Según CEPAL, el covid-19 magnificó graves problemas estructurales y reafirmó la insostenibilidad del modelo de desarrollo de la región.
Cifras
Desalentadoras cifras en materia sanitaria, económica y social en 2020 son un llamado de atención a la región y a la comunidad internacional.