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El organismo parte de que los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operativos y diferentes sistemas financieros, por lo que no todos pueden tomar medidas idénticas para contrarrestar dichas amenazas. Por tanto, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), instituyen un estándar internacional, que deben implementar a través de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.
Paraguay, al igual que los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, tiene el compromiso de ajustarse a los mencionados requerimientos. El incumplimiento de los preceptos coloca a un país como una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia. “Cuando una nación es enlistada por el GAFI, aunque sea en el menor nivel, automáticamente eleva la calificación de riesgo de dicho país” (Informe del Banco Central del Paraguay - BCP).
Ante una mala calificación en el examen/evaluación, los grupos regionales aplican medidas como el seguimiento y monitoreo hasta acciones más drásticas establecidas por el GAFI. El informe final es puesto a consideración de un grupo de trabajo denominado ICRG (International Cooperation Review Group) que en reunión semestral revisa, monitorea y recomienda medidas específicas para mitigar el riesgo de los países. A las listas de jurisdicciones de alto riesgo se le asignan colores que determinan las acciones a ser implementadas por las naciones miembros.
Las naciones pueden ser ubicadas en la lista negra cuando se hayan “aplazado” en las medidas recomendadas por el GAFI. En este caso, deben implementar “Contramedidas financieras”.
En la lista roja, el organismo alerta sobre el nivel de riesgo de los países que forman esta categoría. En el caso de la lista gris oscurecida, revela la deficiencia de los países en los sistemas preventivos, es decir, que incumplen con su plan de acción para revertir sus debilidades.
Finalmente, los Estados pueden ser incluidos en la lista gris cuando presentan deficiencias en sus sistemas preventivos. Sin embargo, tienen un compromiso político y plan de acción para salir de la situación (portal del GAFI).
Paraguay y su antecedente en la lista gris
Paraguay había ingresado en dos ocasiones -2008 y 2012- en la lista gris. En esos años, el país no había salido aún a los mercados internacionales con la emisión y colocación de bonos soberanos, por lo que las consecuencias de ese entonces no pueden compararse siquiera si Paraguay vuelve a caer en la mencionada categoría.
La crisis sanitaria también retrasó las consideraciones para la actualización de la lista del GAFI. El 2 de agosto de 2020, el GAFI decidió prorrogar la pausa general aprobada en abril de ese año con relación al proceso de revisión de la lista de “jurisdicciones de alto riesgo”, por lo que la lista se mantuvo en los mismos términos que en febrero de 2020. Así, la última dada a conocer en noviembre del año pasado no sufrió variaciones a la expuesta en febrero del mismo año.
En el último informe del GAFI, se especifica que, sin embargo, la declaración no necesariamente refleja el estado más reciente de la situación de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Irán y en la República Popular Democrática de Corea.
Finalmente, el organismo dio a conocer la lista de “Jurisdicciones bajo mayor vigilancia”. La misma incluyó a 16 países que se encuentran sometidos a un plan de acción bajo las recomendaciones del GAFI. La lista de países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT) la componen: Albania, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, además de Ghana. Otros países son Corea del Norte, Irán, Islandia, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Nicaragua. También figuran Pakistán, Panamá, Siria, Uganda, Yemen y Zimbaue. Panamá es uno de los Estados que ha ingresado y salido en varias ocasiones de la lista del GAFI (por falta de transparencia y los papeles de Panamá). En 2014 había sido enlistado porque solo cumplía con el 8% de las recomendaciones del organismo internacional. El país salió de aquella categoría dos años después tras implementar varias reformas. En el año 2019, Panamá fue nuevamente ubicado en la lista de naciones de alto riesgo por cumplir solo el 87% de las recomendaciones, es decir, 35 de las 40 establecidas.
En su último ingreso, el GAFI recomendó una serie de acciones, tales como mejorar el intercambio de información financiera y “demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros”.
Reformas legislativas en Paraguay
En nuestro país se han aprobado importantes paquetes de leyes en el marco de la lucha contra el Lavado de Dinero (LD), el Financiamiento de Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esto, enmarcado en las recomendaciones internacionales que evitarían el ingreso de Paraguay a la lista de países no cooperantes en la lucha contra actividades ilícitas. El año 2019 fue clave en tal sentido, ya que el Poder Ejecutivo promulgó un total de 10 normativas (ver infografía).
Si bien la aprobación de estas leyes en el país representa un paso más que importante en la transparencia de las operaciones, el gran desafío sigue siendo la implementación con sus consecuentes resultados efectivos.
El examen de GAFILAT considera desde la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo hasta el cumplimiento de las 40 recomendaciones.
Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) mencionaron que a través de un proceso de reforma integral de las reglamentaciones emitidas por la institución en materia preventiva y que rigen a cada uno de los sujetos obligados, se ha afianzado en cada uno de los criterios establecidos por el GAFI, constituyendo un sistema homogéneo de gestión y administración de riesgos en materia de prevención de LA/FT.
En palabras del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, “el componente de efectividad, que consiste en los llamados 11 resultados inmediatos, que miden cuan bien y en qué medida funciona el sistema, también se han obtenido resultados concretos. A modo de ejemplo, en Paraguay se han logrado avances esenciales en el ámbito de la supervisión del sector financiero y no financiero, aplicando sanciones efectivas, disuasivas y proporcionales, entre las cuales se encuentran multas por montos que superan millones de dólares, abordándose también cuestiones relativas a la prevención del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras acciones”.
Para Beltrán Macchi, directivo del sector financiero, Paraguay ha avanzado en forma muy importante en actualizar y modernizar todo su marco jurídico, regulatorio e institucional. Sin embargo, aún se está implementando parte de este nuevo conjunto de normas y abarcando la totalidad de los sujetos obligados conforme a las mismas.
Macchi agregó que, aunque se observan aparentes sentencias leves por deficiencias en los procesos relacionales a hechos ilícitos, se debe reconocer que “estamos ante procesos inéditos en Paraguay y cuyos desenlaces finales todavía están en trámite. Mirando lo que acontece en la región podríamos decir que Paraguay ha tenido también grandes avances en la aplicación de las normas”.
Implicancias ante un eventual ingreso a la lista gris
Recientemente el Banco Central del Paraguay (BCP) presentó un material denominado “Implicancias para Paraguay ante el hipotético ingreso a listas del GAFI”. En este documento se expone una serie de impactos negativos que generaría una evaluación negativa para el país.
Alto riesgo
Es importante mencionar, que el trabajo realizado en los últimos años ha permitido elevar las expectativas de que Paraguay ingrese en un listado de países con seguimiento intensificado. Esto es un periodo de observación donde se evalúan los avances y en el caso de incumplimiento ingresar a la lista gris. Si Paraguay es enlistado existe un alto riesgo de cierre de cuentas de corresponsales bancarios en el exterior a las entidades locales, ya que las sedes pueden optar por no operar con nuestro país como medida para eliminar cualquier riesgo de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Esto se traduciría en importantes daños económicos para importadores y exportadores, que no podrían, en muchos casos, realizar transferencias de fondos para la compra de insumos ni comercialización de sus productos.
Además, debido al de-Risking (eliminar riesgo) aplicado por los países, sedes de las corresponsalías extranjeras, las exigencias serían más rigurosas con el consecuente aumento del costo económico financiero. Esto es un incremento de precio de las comisiones bancarias cobrado a los clientes por transferencias al exterior.
Otras de las implicancias de ingresar a la lista del GAFI se reflejaría en la caída de las inversiones extranjeras. El país es considerado riesgoso por la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales.
Desde el BCP también advirtieron sobre eventuales cierres de cuentas a operadores de remesas (operaciones de transporte o transferencia de dinero al o del exterior). En este caso, los bancos que reciben divisas en Paraguay (dólares, reales, pesos, etc.) podrían enfrentarse a la cancelación de las operaciones de envíos a otros países como Estados Unidos. Brasil, Argentina, además del costo de atesoramiento de monedas extranjeras, que finalmente se trasladará al cliente bancario.
El mercado cambiario se reduciría debido a la falta de intercambio de monedas ante la disminución de divisas extranjeras. Las limitaciones se traducirían en una caída de las posibilidades de negocios de las personas o empresas que operan en el rubro, así como la imposibilidad de acceder a créditos por falta de ingresos y otras consecuencias.
El ingreso de Paraguay a la lista del GAFI también afectaría considerablemente la imagen país con las consecuencias económicas y financieras. Así como se mencionaba anteriormente, las inversiones se verían seriamente afectadas, además del turismo, el clima de negocios interno y el comercio internacional.
Tanto el riesgo país como el reputacional sufrirían un incremento, lo que generaría el cierre de canales de negocios internos y externos. En este punto el BCP es contundente: “La calificación de riesgo soberano baja y se obstaculizarían los objetivos nacionales de llegar al nivel grado de inversión y admisión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
Paraguay se enfrentaría a dos situaciones que afectarían sus posibilidades de financiamiento: Que los fondos internacionales se cierren al país o acepten los bonos soberanos, pero a tasas de interés altas, debido al riesgo que implica operar con un país enlistado. Además, nuestro Estado correría el riesgo de no ser parte de organizaciones internacionales, con la consecuente disminución de la cooperación internacional y una baja sensible en el desarrollo económico.
El retraso de la evaluación a Paraguay a causa de la crisis sanitaria ha permitido al país ganar cierto tiempo en la implementación del paquete de normativas y sus correspondientes resultados. El trabajo realizado durante los últimos años es la clave para que el país pase el examen GAFILAT y las consecuencias no se traduzcan en el crecimiento y desarrollo del país.
Sin dudas, Paraguay ha avanzado como nunca antes en la creación e implementación de sistemas efectivos para la prevención y represión del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Desde el sector público ven con optimismo el proceso de evaluación de Paraguay, considerando las acciones impulsadas. Sin embargo, el desafío es aún considerable, por lo que es imperiosa la necesidad de que el Estado siga avanzando en políticas y acciones que inyectan seguridad jurídica y transparencia en el manejo general del país.
Y tal como manifestó el ministro de la Seprelad, “la Evaluación Mutua a la que será sometido Paraguay, es un proceso integral que involucra a todo el país, por lo que debe ser abordada por los componentes del sector público y privado en el que los sujetos obligados se constituyan en los mejores aliados del modelo preventivo, y las autoridades de orden público intervengan, cuando así se requiera, en forma ejemplar, sancionando de manera ejemplar aquellas conductas ilícitas que tanto daño causan a la sociedad”.
Finalmente, el aval dado por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera eleva el status del país, por consiguiente, atrae inversiones y genera dinamismo y bienestar a todos los sectores económicos del país.
Clave
El trabajo hecho en los últimos años es clave para que el país pase el examen GAFILAT acerca de los mecanismos de prevención de lavado.
Desafío
Desde el sector público ven con optimismo el proceso de evaluación, considerando las acciones impulsadas. Sin embargo, el desafío es aún considerable.
Avances
Mirando lo que sucede en toda la región se podría decir que el Paraguay ha tenido también grandes avances en la aplicación de normas.