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Los recursos financieros elaborados en programas determinados que permitirá hacer viable la ejecución correspondiente, no puede desechar su íntima relación con el concepto multidisciplinario que la buena economía exige. Si se cree y se actúa como se ha venido haciendo en nuestro país, que el presupuesto es la mera determinación técnica de los gastos autorizados y su financiamiento, el resultado será la preeminencia del sector público sobre el privado adosada de escandalosa corrupción.
Y no se trata de menoscabar la importancia del sector estatal. De lo que se trata es que el Estado, mediante el respectivo gobierno –cualquiera sea– debe desarrollar sus actividades con base en el principio de la legalidad por la cual la actividad administrativa está sujeta a la supremacía de la Constitución.
Al respecto nuestra ley fundamental dice en su artículo 176 acerca de la política económica del Estado, que la misma tendrá como fines la promoción del desarrollo económico, social y cultural; expresión laxa en términos lingüísticos pero que deja entrever que el desarrollo viene a ser finalmente su propósito. Sin embargo, precisamente el documento presupuestario que pone en ejecución el dinero del pueblo se vino a constituir en un problema en su puesta en ejecución, pues como se ha visto a la fecha aquello de la transparencia, rendición de cuentas y contraprestación, elementos consustanciales en la administración del dinero ajeno, no se ha venido cumpliendo.
Lo que se viene dando es lo contrario. El dinero ajeno, el de los contribuyentes, se fue dirigiendo en partidas presupuestarias que en nada se asoman a lo que un mandatario debe hacer con lo que le dice su mandante. Y no ha sucedido así porque la propia actividad administrativa estatal se fue desligando al punto de violar preceptos constitucionales como el antes citado.
Escasa atención a la economía
Lo cierto es que el gasto público se fue incrementando en los últimos años fuertemente, con escasa atención a la economía. Los ingresos han venido aumentando ostensiblemente pero como los gastos también siguen la misma tendencia, entonces cada guaraní que ingresa pronto se vuelve escaso, siempre falta más dinero. Además, ciertamente de ser un problema de gestión que no puede ser desconsiderado, aquí tenemos un problema mayor.
El problema más grande que afecta a la eficiencia y eficacia de la gestión estatal está en la supina creencia de que el Estado, por su mera existencia, es un agente rector de la economía y desde ahí hacia otros sectores que llegan a la misma educación. Esta noción equivocada y hasta peligrosa para el futuro del país no ha sido debidamente tomada en cuenta en su correspondiente rigor. Esta es la razón por la que todos los años en la remisión y tratamiento respectivo del presupuesto nacional para su posterior aprobación se da lugar al crecimiento vegetativo del mismo. Esto es, si el año pasado fue de 100 pues ahora debe ser de 110 y más, y así de manera cuasi automática se procede a disponer del dinero de los contribuyentes.
Desde la relación entre gastos corrientes y de inversión así como el déficit que se empieza a disparar y no solo por la pandemia como se pretende hacer creer, el presupuesto termina por convertirse en un instrumento de expoliación por parte de algunos que con todo el tecnicismo al que apelan, pretenden justificar lo injustificable: que no hay otra que seguir incrementando rubros y programas, caso contrario –dicen–, el propio Estado no podrá cumplir con sus objetivos.
Pues ese es el tema de fondo. ¿Cuáles son esos objetivos? Si bien nuestra Constitución abrió un abanico de actividades, ello no significa desconsiderar lo que también dispone la misma ley fundamental, como en efecto se puede leer en el artículo 176, que habla de la “promoción” del desarrollo.
Estamos entonces ante una cuestión de singular importancia. Promover no significa precisamente hacerse cargo de manera directa de algo, sino que más bien la interpretación acertada es la de facilitar las condiciones jurídicas, económicas, financieras, clima de negocios, tributación etcétera, de manera que sean los habitantes, nacionales y extranjeros, los que mediante sus iniciativas, creatividad e inversiones los lleven a cabo.
Sin fuentes genuinas de financiamiento
Así como se procede en el presente, un presupuesto desquilibrado no tiene fuentes genuinas de financiamiento en donde los programas se controlen bajo la atenta mirada de la sociedad civil. Se deja entonces “cancha libre” a dos conductas extremistas en una sociedad: la demagogia y el populismo.
La democracia se está degenerando en el mundo y desde luego, aquí en Paraguay, por varios motivos. Uno de ellos está en que la misma solo tiene aplicabilidad y sentido si se basa en un mecanismo de gobierno y oposición, como también en una serie de propuestas que contienen principios. Esto es lo que se está perdiendo y nuestro país se desliza como por un tobogán hacia este abismo pues el ciudadano se percata de que todos, los políticos y los partidos de los que emergen, se parecen demasiado y el presupuesto de gastos los identifica como tales.
Y como se parecen demasiado, pues la oferta política cae en aquella demagogia y populismo donde todos compiten por ser lo mejores en el halago de los sentimientos de los electores, ganando influencia mediante promesas que solo toman en cuenta los fines, desconsiderando los medios. Todos hablan de más educación, más salud, más esto y aquello, pero nadie dice de dónde y cómo dispondrán los escasos recursos.
Habiéndose hecho práctica común la demagogia, luego el populismo se encarga por destruir lo poco que queda en pie. El populismo apela a lo abstracto, el pueblo, para congraciarse con él buscando un enemigo común para construir un poder desde las clases populares que así encuentran una razón para explicarse del por qué de su eterno retorno, del círculo vicioso del cual no pueden salir, ni los padres ni los hijos y así la siguiente generación.
El futuro de la democracia constitucional, del imperio de la ley, de la propiedad, del mérito, la ilustración, la salud y la cultura, dependen de la economía de mercado que proveerá los recursos para tales objetivos. No obstante, el futuro también depende del presupuesto estatal que se siga aprobando, porque después de todo es el ciudadano contribuyente el que paga cada guaraní de lo que se hace, gasta y mal gasta en el Estado.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.