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Sin embargo, a lo que en realidad estábamos asistiendo era a la implementación de una agenda de fachada, que luego de la crisis social y política generada por el descubrimiento del Acta Bilateral, en julio de 2019, se vio obligado a adoptar medidas adicionales para intentar mejorar esa fachada y buscar ocultar su esencia antipatriótica y excluyente, lo que ante la atenta mirada crítica de la ciudadanía no lo pudo hacer.
Así fue que, luego de esta crisis que llegó a amenazar al mandatario con el juicio político, el gobierno buscó demostrar una realidad diferente. Comenzando por el recambio de los principales implicados en al Acta Bilateral: el canciller, el director general paraguayo de Itaipú, el embajador paraguayo ante el Brasil y el presidente de la ANDE (con cuya renuncia se inició la crisis).
Se conformaron dos procesos de investigación sobre lo ocurrido en el Acta Bilateral: uno en el marco del Congreso (mediante una Comisión Bicameral de Investigación), otro en el seno del Ministerio Público para verificar la ocurrencia de hechos penales en ese proceso, que hasta la fecha no presentó novedades. También en este marco se conformó la Comisión Asesora para la revisión del Tratado de Itaipú, y luego, el 30 de diciembre de 2019, recién un año y medio después de haber iniciado su mandato, se estableció oficialmente el Equipo Negociador de Itaipú, liderado por implicados en la deuda espuria de la entidad.
Las inconsistencias entre los hechos reales y las acciones permiten ver que se trata de un esfuerzo claro de mantener una fachada de transparencia, institucionalidad y participación ciudadana en las negociaciones, mientras se avanza con una agenda de hecho, que tiene como principio mantener la dependencia del Brasil y el actual esquema de privilegios en Itaipú, agenda que quedó al descubierto con el Acta Bilateral.
Por otro lado, en el contexto de la Emergencia Sanitaria provocada por el coronavirus, presenciamos el agravamiento de la crisis social y económica, ante la cual instala con fuera la necesidad de mejorar la gestión de los recursos disponibles para el desarrollo. En este esquema, no caben dudas que Itaipú tiene un rol clave. Sin embargo, hechos ocurridos en este contexto de emergencia sanitaria, como el intento de emisión de bonos en Itaipú, apuntando a un mayor endeudamiento en lugar de promover una reforma económica y tributaria, prueban que se sigue concibiendo a Itaipú como un botín para pocos, y un salvavidas para la corrupción generalizada.
En lo que sigue de este artículo, en dos entregas, desarrollamos con mayor detalle algunos de los principales hechos que evidencian el libreto de la continuidad en Itaipú, que podemos resumirlos en ocho puntos: 1) la contratación de potencia hasta el 2022; 2) impunidad de los negociadores del Acta Bilateral; 3) resurgimiento del proyecto de reforma del sector eléctrico; 4) falsa participación ciudadana; 5) intento de emisión de bonos; 6) proyección de obras de infraestructura y de aumento de la capacidad de generación de energía; 7) manutención del esquema de manejo de la binacionalidad y 8) exclusión de los puntos clave para la recuperación de la soberanía de la agenda.
1. Contratación de potencia hasta el 2022
En diciembre de 2019, se concretó el convenio entre la ANDE e Itaipú que fija el cronograma de contratación de la potencia hasta el 2022, lo cual había quedado pendiente desde mediados de año luego de la anulación del Acta Bilateral que se logró gracias a la fuerte presión de la ciudadanía. El nuevo convenio sigue la lógica de sumisión de Paraguay a los intereses brasileños y diversos especialistas denunciaron que tendrá un sobrecosto para la ANDE, que tarde o temprano afectará a la población, sea a través del aumento de la tarifa o nuevos endeudamientos. Así como el Acta Bilateral, este convenio evidencia la inclinación del gobierno actual de seguir con la cesión de la energía no utilizada por el país al Brasil, y sienta un antecedente desfavorable para la revisión del Anexo C en cuanto a poner fin a esta obligación establecida por el Tratado vigente. Además revela el proyecto de mantener el actual esquema económico atrasado, que solo beneficia a una minoría a costa de un desarrollo que busque la diversificación y renovación de la industria con el aprovechamiento de toda la energía generada por Itaipú que corresponde a Paraguay.
2. Impunidad de los responsables del Acta Bilateral
La investigación sobre los responsables del acuerdo y de la negociación secreta de la Fiscalía no avanzó un año después. Si bien en el Congreso se conformó una Comisión Bicameral para la investigación del hecho inmediatamente después de la crisis, las conclusiones alcanzadas en octubre del mismo año no conforman un dictamen judicial por el cual se puede procesar legalmente a los responsables. La CBI se limitó a entregar esas conclusiones –seis dictámenes distintos– al Ministerio Público, encargado de la investigación penal desde el 31 de julio de los supuestos hechos de lesión de confianza, traición a la patria y tráfico de influencia. A la fecha, no hubo novedades sobre el proceso. Por otro lado, no debemos pasar por alto el hecho que, apenas se descubría el Acta Bilateral, el presidente Abdo Benítez tratara de justificarla, sosteniendo que el Paraguay se estaba beneficiando en cuanto a sus derechos de aprovechamiento de la energía de Itaipú, calificándolo de “pillo” (avivado/oportunista). Ante estos hechos, se deshizo la fachada de trasparencia, de lucha contra la corrupción y la impunidad que intentaba presentar el gobierno en el marco del proceso de renegociación del Tratado de Itaipú.
3. Resurgimiento del proyecto de reforma del sector eléctrico
La otra parte de la entrega que quedó pendiente con la anulación del Acta Bilateral es el negocio de la comercialización de la energía excedente de Paraguay en Itaipú. En ese momento, un pequeño grupo político-económico de Paraguay y Brasil intentó quedarse, en forma privada, con ese negocio a través de la empresa brasileña Leros. Son diversos los grupos económicos y de poder interesados en este negocio que, hasta hoy, gracias a la lucha ciudadana, sigue siendo un bien público. Esta disputa está en pleno desarrollo bajo el manto del resurgido proyecto de Reforma del Sector Eléctrico.
En mayo de este año, el vicepresidente Hugo Velázquez –uno de los principales implicados por el acta secreta– comunicó que había iniciado el diálogo para la reforma del sector eléctrico, tras una reunión con el ministro de Hacienda, Benigno López, el diputado Carlos Núñez, y el Ing. Nelson Cristaldo, empresario que impulsa la privatización del sector. La propuesta busca establecer las reglas de juego para una desmonopolización del sector eléctrico, es decir, para que empresas privadas entren a los servicios de transmisión y distribución de energía, incluyendo su venta al exterior. Se crearía la Comercializadora de Energía de las Binacionales (Conebi), una agencia estatal superior encargada de crear diferentes paquetes de energía que serían objeto de licitación. Como supuesta casualidad, el gobierno brasileño manifestó que estaría de acuerdo con la venta privada de la energía paraguaya al Brasil, siempre que sea al Brasil, recordando el interés de sus empresas –como Leros– de ser las comercializadoras. El presidente Jair Bolsonaro, vinculado a Leros, había tratado de justificar el Acta Bilateral, felicitando al presidente Mario Abdo Benítez por firmar dicho acuerdo.
Un esquema de comercialización de la energía generada en Itaipú, incluyendo la exportación del excedente no utilizado internamente, presupone la libre disponibilidad de la misma, es decir, el fin de la cesión obligatoria a Brasil, a fin de ofrecerla a precios de mercado más justos que el actual costo de compensación. Esta es una bandera de lucha de larga data de las organizaciones y la ciudadanía. Teniendo en cuenta que el gobierno actual no se está preparando para dar el salto cualitativo que le permitirá al país aprovechar internamente el 100% de la energía que le corresponde, y considerando el interés del actual gobierno de quedarse un grupo con el negocio de la venta privada de energía al Brasil, manifestada en el Acta Bilateral y en el último convenio ANDE-Itaipú; y observando también la escasez de infraestructura, la postergación de las obras y la ausencia de estudios técnicos sobre el potencial de comercialización a otros mercados de la región, todo indica que el gobierno apunta a que la libre disponibilidad de nuestra energía, en la práctica, sea para el sector privado paraguayo y brasilero, a costas de su explotación desde el sector público. Este esquema es lo que justamente quedó al descubierto con el Acta Bilateral, de forma anticipada, pero que ahora se está realizando de forma abierta bajo la agenda de Reforma del Sector eléctrico.
Por otro lado, mientras se disputan los detalles de la reforma del sector eléctrico, sigue el proceso intencional del gobierno de desfinanciación y precarización de la ANDE, que deriva en la postergación de obras necesarias de infraestructura para mejorar el servicio de electricidad, debilitándola para el 2023 y dejando como supuesta única salida su privatización. En el último semestre, esto se vio también en el ataque a los contratos colectivos del sector público, específicamente de la ANDE, que a la vez busca restar poder a la organización de las y los trabajadores, que fue clave para frenar la entrega desde hace varias décadas. Más que nunca la ciudadanía debe estar atenta ante estos hechos para detener los intentos de privatización que, en la experiencia paraguaya –como el caso del servicio de transporte público en Asunción y área Metropolitana– bajan la calidad de los servicios y los encarecen, mientras se enriquecen los mismos grupos empresariales de siempre.
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(* ) Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Río de Janeiro. Integrante de Soberanía Lab-Campaña Itaipú Ñane Mba’e, por la soberanía nacional.