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La mitad de la deuda la pagó el Paraguay pese a aprovechar solo el 7% de la producción total. Ello explica la deliberada política brasileña de precarizar la infraestructura de la subestación paraguaya para lograr un máximo abastecimiento hidroeléctrico.
La energía paraguaya generada en el sector de 50 Hz de Itaipú no podía ser integrada directamente al sistema brasileño de 60 Hz de frecuencia. La energía producida en 50 Hz en corriente alterna es convertida en corriente continua para luego ser transmitida a lo largo de 810 kilómetros, hasta Ibiúna en San Pablo, donde nuevamente se convierte en corriente alterna, pero ahora en 60 Hz, solventado por Itaipú.
El total de la deuda, transcurrido el plazo de cincuenta años, sumaría unos US$ 80 mil millones. No obstante, la descomunal cifra no goza de la credibilidad del pueblo paraguayo, de la Comisión Bicameral de Investigación del Parlamento Nacional, la Contraloría General de la República y el Informe del Vale Columbia Center (VCC) liderado por Jeffrey Sachs.
El Informe del VCC señala “… nos parece que Paraguay debería de ser liberado de cualquier cargo de la deuda después del 2013” (Comentario sobre el Informe de VCC, Pág. 16). La comprobación de este aserto redundaría un beneficio de unos US$ 10.000 millones toda vez que los negociadores paraguayos consiguieran evidenciarlo en la revisión del 13 de agosto del 2023.
Mediante una sostenida venta de su producción, Itaipú pudo pagar la prestación de los servicios de electricidad, compromiso que además de incluir gastos para la explotación engloba el pago del servicio de la deuda y regalías a los socios condóminos.
Desde 1989 hasta marzo de 2020, las regalías al Paraguay sumaban US$ 6.764 millones (otro tanto para el Brasil).
La cesión de energía no utilizada por Paraguay hasta 1986, formaba parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú. Protestas mediante, más adelante se hizo cargo el Tesoro brasileño, siendo ahora el que paga por la cesión el consumidor brasileño para que disponga gratuitamente de la electricidad paraguaya la Eletrobras.
En la contabilidad de Itaipú normalmente aparece la cesión de energía como parte del costo del servicio de electricidad. No se sabe de consejeros paraguayos que hayan reclamado esta anormalidad contable que confunde a propios y extraños. En realidad Itaipú es agente de retención de los consumidores brasileños.
Por la cesión de su energía, en 31 años, Paraguay obtuvo US$ 4.413 millones, una media anual de US$ 142,3 millones. Si la ANDE comercializara, aunque conservadoramente a US$ 50 el MWh en el mercado brasileño, la energía no utilizada (unos 30 millones de MWh), Paraguay obtendría anualmente US$ 1.500 millones.
Cabe señalar que en una reciente publicación de prensa se destacaba que la energía paraguaya de Yacyretá es vendida por Argentina (violando el Tratado de Yacyretá) al Brasil a una tarifa de US$ 120 el MWh.
Según documentos de Itaipú, entre regalías y cesión (1989 – 2020: 31 años) Paraguay logró un beneficio total de US$ 11.177 millones, una media anual de US$ 360,5 millones.
Todo ello, a cambio del Salto del Guairá -desde junio de 1965, arrebatado por fuerzas brasileñas- que sumergido en el lecho del río Paraná arrastró consigo la fauna y flora de la selva Atlántica y decenas de comunidades guaraníes. Una maravilla de la naturaleza cuya desaparición es el mayor ecocidio en la historia conocida del planeta.
Los Saltos del Guairá fueron una de las grandes víctimas del proyecto de la represa hidroeléctrica Itaipú en beneficio de Brasil. De lo que fue la mayor cascada del río Paraná hasta 1982, hoy solo se avizora una escuálida silueta cuando el nivel de agua de la represa está bajo.
Al cancelar la cuenta en 2023, conforme al Anexo"C”, se reducirá en más del 60% el costo del servicio de electricidad; la tarifa pasará de US$ 22,60 el KV mes a US$ 9,61 el Kv mes o de US$ 37 el MWh anual a US$ 17 el MWh anual.
Con la disminución de la tarifa ya no habría necesidad de la energía adicional a la garantizada. La tarifa del excedente energético, histórico reclamo de Paraguay, costaría en vez de US$ 10 el MWh US$ 17 el MWh agregando unos US$ 510 millones al Tesoro nacional (30.000.000 MWh x US$ 17).
Colateral en esta revisión del 2023, corresponde a la ANDE, conforme al Artículo XIII del Tratado, el derecho de adquisición de la energía no utilizada que, según el acuerdo, debe ser comercializada en el mercado brasileño.
Otra cuestión transversal pendiente, relacionada con la geopolítica y con el Anexo “B” del Tratado Itaipú, tiene que ver con la acostumbrada política brasileña de enclaustramiento del Paraguay, rehusándose permanentemente a construir las obras para la navegación del río Paraná. Su libre navegación, desde épocas del doctor Francia, es parte de la política exterior del Paraguay.
Concomitantemente, es tiempo de aplicar la cogestión paritaria. En las Direcciones Técnica Ejecutiva y Financiera Ejecutiva, históricamente manejados por funcionarios brasileños, corresponde la alternancia por funcionarios paraguayos según la Nota Reversal Nº 7 del 26 de abril de 1973.
El acuerdo determina en uno de sus párrafos (e), que “Este acuerdo sobre nombramientos de los directores y de los directores adjuntos tendrá efecto durante los dos primeros periodos de cinco años”.
También en Itaipú se “normalizó” la venta de la energía por sobre su costo. Esta ilegalidad, que eleva la tarifa pagada por los consumidores, debe suprimirse conforme al Tratado que prohíbe el lucro. Mediante esta ilegalidad, Itaipú cambió su misión de proveer solo energía “para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional”. Esta falacia trata de mimetizar el lucro indebido o “los gastos sociales” ocultados en los gastos de explotación.
Por medio del lucro indebido, ingresan anualmente a Itaipú entre US$ 50 millones y US$ 150 millones. Itaipú no rinde cuentas a los Estados Partes, entretanto, los Gobiernos de turno hacen y deshacen el dinero mal habido, en complicidad con la alta gerencia del emprendimiento binacional.
Cooptando a la prensa “amiga”, cooperando con magistrados, ministros, fiscales, universidades, Itaipú se presenta como indiscutible servidor de la ciudadanía y no como una asociación ilícita por encima de los Estados Parte.