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Sin embargo, pese a los términos del Tratado, una realidad manifiesta nos señala que menos del 8% de la producción total de la hidroeléctrica binacional está disponible para el Paraguay. En efecto, con la cesión a la Eletrobras a precio irrisorio de la energía paraguaya no utilizada -en promedio dos producciones anuales de Yacyretá- el Brasil tiene a su disposición más del 92% de la producción generada por la usina de Itaipú.
La cesión de la energía paraguaya de Itaipú a la Eletrobras ha ocasionado un perjuicio al Paraguay de unos US$ 75.400 millones (Miguel Cartes, PhD, Centro para la democracia, la creatividad y la inclusión social).
Hasta el momento la inconclusa obra hidroeléctrica, carente de esclusa de navegación, ha demandado aproximadamente US$ 80 mil millones a ser cancelados en el año 2023 (J.A. Pozzo, Crónica de un despojo). Aparte de pagar por la obra, Itaipú Binacional está obligado por el Tratado a desembolsar regalías en partes iguales a ambos socios; estas regalías son las utilidades del capital, los royalties y los resarcimientos.
No obstante, Itaipú para su funcionamiento requiere asignar recursos para los gastos de explotación que junto a las regalías satisfarán los compromisos anuales asumidos que se mantienen invariables desde el 2009.
Las deudas por la obra, los gastos de explotación, el pago de los intereses del capital, los royalties y los resarcimientos por administración y supervisión de la central hidroeléctrica suman US$ 3.291 millones. Estas erogaciones anuales representan al Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú que son obtenidos comercializando 145,6 millones de kW de potencia a, una tarifa de 22,60 el kW. Según el Tratado, los ingresos deben ser iguales a los egresos siendo prohibido el lucro.
Cuando el ingreso supera a los gastos, la tarifa pagada por los consumidores sufre un aumento. Con esta estrategia a costilla de los clientes, que sube el Costo del Servicio de Electricidad, Itaipú consigue ilegalmente pingües beneficios o lucros prohibidos por el Tratado.
Este lucro, camuflado como fondos sociales, aumenta el costo anual del servicio entre US$ 70 millones y US$ 100 millones.
Los fondos sociales, que no son auditados por los órganos de control estatal, integran los gastos de explotación en permanentemente crecimiento.
Los gastos de explotación, de menos de US$ 400 millones últimamente, han aumentado a más de US$ 800 millones. Este incremento, perversamente inflado a costa de otros compromisos, no condice con la realidad. Con mucho menos este rubro puede mantener, hacer funcionar la usina, pagar seguros, salarios y atenuar progresivamente los perjuicios ocasionados a las comunidades de las áreas inundadas.
Es sabido que el uso de los fondos sociales, que no son parte de los presupuestos nacionales, inspira desconfianza debido a los afanes de la corrompida política siempre dispuesta a malversar fondos públicos.