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La asistencia social a los grupos más vulnerables está contemplada en la Ley N° 6524. En la misma se declara estado de emergencia en toda la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el covid-19, y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras.
La normativa, aprobada semanas después del primer caso confirmado de covid-19 en Paraguay, contempla directivas para la implementación de medidas tendientes a salvaguardar los ingresos de los trabajadores en situación de informalidad. La figura utilizada es la del subsidio, entendida como la asistencia de carácter económico y de duración temporal realizada por el Estado paraguayo, consistente en transferencias monetarias a los beneficiarios.
En ese sentido, se establece un subsidio del 25% del salario mínimo legal vigente, el cual podrá ser otorgado en el periodo de vigencia de la ley, hasta en dos ocasiones y del mismo monto. El segundo será autorizado por resolución del Ministerio de Hacienda. Para el cumplimiento de la asistencia, la Ley de Emergencia Económica dispuso la creación de un Fondo Social (FS), cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de Hacienda. Este fondo social, de acuerdo a la normativa, podrá ser fondeado hasta G. 1.914 billones, alrededor de US$ 300 millones (artículo 23). Además, se autorizó a la cartera de Hacienda la habilitación de cuentas en entidades bancarias, financieras o de billeteras electrónicas, en cualquiera de las instituciones o en Entidades de Medio de Pago Electrónicos (EMPE), para la realización del pago de los subsidios correspondientes a los beneficiarios (artículo 24).
Programas de asistencia social: Ñangareko y Pytyvõ
De los programas de asistencia social contemplados en la Ley de Emergencia Económica, el primero en ser implementado fue el Programa Ñangareko (cuidar, proteger, en español). Inicialmente, la idea del gobierno era entregar kits alimenticios, pero el plan sufrió un cambio luego de varios desajustes.
Finalmente, Ñangareko consistió en transferencias monetarias de G. 500.000 para la compra de alimentos y productos de higiene. El programa benefició a jornaleros, vendedores informales y personas en situación de vulnerabilidad, que no fueran beneficiarios de programas sociales como Tekoporã y pensión a la tercera edad.
En principio, el objetivo apuntaba a dar asistencia a alrededor de 330.000 familias afectadas en sus ingresos por las medidas sanitarias tomadas para ralentizar la propagación del covid-19 en Paraguay (distanciamiento social y cuarentena). Sin embargo, los últimos reportes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), institución responsable de la ejecución del programa, reveló que fueron notificadas 328.045 personas de 231 distritos de todo el país. La asistencia monetaria ya fue concretada a favor de 224.001 familias. Además realizaron entrega de 12.913 kits de alimentos en la zona del Chaco. Con esto, el total de beneficiarios asciende a 236.914, según los datos oficiales.
Días después, el Ministerio de Hacienda lanzó el programa Pytyvõ (ayuda, asistencia, en español). Este subsidio o ayuda económica de G. 548.210, se prevé otro pago más adelante, estuvo dirigido a trabajadores de 18 años o más que realizan actividades por cuenta propia, domésticos, de la agricultura familiar campesina, empleados que se encuentran en dependencia de alguna Micro, Pequeñas o Mediana Empresa (Mipyme) que no aporte a la seguridad social (IPS u otra caja).
El programa Pytyvõ incluyó en su lista de asistencia a personas con o sin Registro Único del Contribuyente (RUC), exceptuando a aquellas alcanzadas por el Impuesto a la Renta Personal (IRP). Estaba previsto que el programa llegue a aproximadamente 1.500.000 personas.
De acuerdo a los últimos datos dados a conocer por la cartera de Hacienda, 1.831.703 personas se registraron para recibir el subsidio, pero el proceso de depuración de la lista permitió beneficiar a 890.241 personas. Se sigue analizando a los postulantes, por lo que el número puede cambiar en los próximos días.
La Ley de Emergencia Económica estableció restricciones para la concesión de ambos programas de asistencia social. Las personas exceptuadas del beneficio fueron trabajadores dependientes que aportan a una caja de seguridad social como ser el Instituto de Previsión Social (IPS) u otra caja. Además, no fueron admitidos los funcionarios públicos, jubilados, pensionados de alguna entidad pública y privada y beneficiarios directos de programas de asistencia social del Estado.
La intervención de los medios de pago electrónico
Para ayudar a los hogares y negocios afectados para enfrentar la inactividad temporal y repentina en la producción, como producto de la pandemia por covid-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó que los gobiernos utilicen transferencias de efectivo, subsidios salariales y desgravaciones fiscales.
Las transferencias monetarias realizadas en los programas Ñangareko y Pytyvõ solo pudieron ser utilizadas en locales habilitados para operar con billetera electrónica.
Los beneficiarios no podían efectivizar el dinero, sino utilizarlo solo como forma de pago para las adquisiciones autorizadas por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de Hacienda.
De esta manera, se buscó garantizar que los recursos sean destinados para el fin trazado, es decir, cubrir, en parte, una de las necesidades básicas del ser humano, como la alimentación. Datos del Ministerio de Hacienda revelaron que las personas asistidas tuvieron la opción de realizar sus compras en los más de 40.000 comercios adheridos para uso del subsidio, en todo el territorio nacional. Las Entidades de Medios de Pago Electrónicos (EMPE) jugaron un rol más que trascendental en el proceso de asistencia social.
Por ejemplo, los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Misiones, Ñeembucú, que albergan a una importante cantidad de personas en situación de pobreza, en las últimas semanas fueron beneficiados con las transferencias monetarias.
Efecto multiplicador
La inyección de recursos en los comercios ubicados en distintos puntos del país tuvo su efecto multiplicador, ya que la asistencia no solo llegó para las familias más vulnerables, sino también para estos pequeños comercios que recibieron en tiempo real el dinero por la venta de sus productos. De esta manera se fue inyectando dinamismo a las micro y pequeñas empresas, que a su vez, permitirá el pago a proveedores y empleados en un momento de crisis.
Inclusión financiera: séptimo país en Sudamérica
Además, miles de estas personas no contaban con una billetera electrónica, pero se les facilitó el medio de pago para que lo tuvieran. Esta acción, no solo ha permitido a muchas familias hacer uso del subsidio, sino también formar parte del proceso de inclusión financiera.
El Paraguay es el séptimo país en Sudamérica en el desarrollo de la inclusión financiera, de acuerdo a los datos del “Microscopio Global de The Economist Intelligence Unit”. En el ranking regional, la nación solo supera a Bolivia, Ecuador y Venezuela.
La necesidad aceleró la incorporación de las personas en el circuito de operaciones financieras telefónicas. Esta situación suma al mejoramiento de las tres dimensiones que mide la inclusión financiera (acceso, uso y calidad) y en las que Paraguay se encuentra lejos de la media regional.
Esta crisis sanitaria ha puesto en primera línea las deficiencias en materia de gestión con las que cargan los gobiernos, principalmente en América Latina y Paraguay no ha sido la excepción.
Faltaron respuestas rápidas
Aunque nuestro país haya sido de los primeros en adoptar las medidas sanitarias y económicas entre las naciones de la región, la implementación de su política socioeconómica ha llegado con cierto retraso. Aunque el escenario es parte de un proceso nunca vivido en el mundo, la necesidad de las personas debe ser cubierta con respuestas rápidas.
En tal sentido, el gran acierto ha sido el uso de los medios de pago electrónicos que inyectaron agilidad, facilidad y comodidad a la ejecución de los programas Ñangareko y Pytyvõ.
Las políticas de transferencia traen beneficios implícitos de seguridad, salubridad y trazabilidad. El dinero electrónico ofrece ventajas de seguridad al evitar pérdidas o incluso hurtos si el dinero fuese entregado en efectivo. Los beneficios de salubridad son importantes ya que cada usuario puede recibir la transferencia desde de su casa, sin necesidad de exponerse a realizar filas innecesarias y a su vez, evita el uso de billetes, que pueden ser focos de infección en esta pandemia. Y, por último, el dinero móvil ayuda a la trazabilidad, tanto para el Estado al momento de rendir cuentas, por lo que genera transparencia para los comercios y usuarios finales al momento de monitorear las transferencias.
Herramienta digital
La adopción de la herramienta digital permitió llegar a las más de 1.000.000 de personas que se acogieron a los dos programas de ayuda económica del Estado. Estos resultados constituyen hoy el cimiento para el diseño de políticas públicas que tengan un verdadero impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza, con las cuales se estaría mejor preparados para enfrentar otra crisis que impacte en el futuro.
Digital
La adopción de la herramienta digital permitió llegar a más de 1.000.000 de personas, que se acogieron a los dos programas de ayuda económica del Estado.
Efectos
Inyección de recursos en comercios ubicados en todo el país tuvo su efecto multiplicador. El apoyo no solo llegó a las familias sino también a las mipymes.
Acierto
El acierto ha sido el uso de los medios de pago electrónicos que inyectaron agilidad, facilidad y comodidad en ejecución de Ñangareko y Pytyvõ.
Ventaja
El dinero electrónico ofrece numerosas ventajas de seguridad al impedir pérdidas e incluso hurtos, si el dinero fuese entregado en efectivo.
Déficit
Al deficiente sistema de salud se suman altos indicadores de pobreza y recursos si no limitados, escasos, traducidos en fuertes déficits fiscales.