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En la historia de nuestro país nunca se dio un caso más vendepatria y entreguista. ¿Dónde estuvieron los senadores y diputados que se jactaban de su patriotismo ‘rasgándose las vestiduras’ ante el contenido del Acta Secreta Bilateral en Itaipú que representaba un impacto económico negativo para la ANDE y para el Paraguay de unos US$ 200 millones, sin embargo no dudaron en ratificar la Nota Reversal N° 2/17, en la que solo una (repito, solo una) de las consecuencias negativas para los intereses paraguayos en Yacyretá significa un impacto económico negativo de más de US$ 1.200 millones correspondientes a la deuda con nuestro país en concepto de Compensación por Territorio Inundado. ¡Seis veces más que el Acta Secreta de Itaipú!
Recordemos además los miles de millones de dólares de impacto negativo para el Paraguay, que representa no tener la libre disponibilidad de su energía hasta el año 2048 (otra vez).
¡Cuanta mejor calidad de vida, crecimiento económico y desarrollo social para nuestro país se hubiera posibilitado si disponíamos de esos recursos!
También la 6/14
Ojalá que esta vez el Paraguay tenga una respuesta favorable, de coraje y patriotismo de sus autoridades, anulando no solo la NR N° 2/17 sino también la NR N° 6/14.
La ciudadanía toda debe considerar esto como causa nacional, además repudiar y pedir el juicio político de los congresistas responsables, así como rigurosas sanciones a las autoridades y asesores involucrados.
La libre disponibilidad de nuestra energía (un tema fundamental para el Paraguay) ni siquiera mencionó en la Nota Reversal cuestionada, razón por la cual continuaremos con el “mismo estado de cosas” hasta el año 2048.
La deuda de Yacyretá fijada en esa Nota Reversal de US$ 4.084 millones no fue verificada, no tiene documentos de respaldo y está totalmente contaminada por la corrupción comprobada con el destape “del Cuaderno de las Coimas o de la Corrupción” an Argentina.
Para que estos instrumentos tengan validez y vigencia y puedan incorporarse al Tratado, además considerarse como acuerdos internacionales necesitan todavía de la aprobación del Congreso argentino y luego del intercambio de los instrumentos de ratificación, que es la última etapa del proceso de su incorporación al Tratado. El circuito legal todavía no se cumplió.
Otro motivo para anular la Nota Reversal, uno más entre tantos ya conocidos, es que la misma constituye un precedente o antecedente negativo para una buena negociación del Anexo C de Itaipú, o sea será un obstáculo en el camino hacia el 2023.
¿Donde están los congresistas “patriotas” de Patria Querida que votaron a favor del Acuerdo Cartes/Macri?
Sergio Godoy (ANR, cartista), titular de Legislación, indicaba que era imposible la pretensión de anular este acuerdo, dado que nuestro país ya comunicó a la Argentina la aprobación del mismo por parte del Congreso nacional. Opinó que nuestro país daría una imagen de poca seriedad en caso de volverse atrás sobre este tema. Este juicio pierde toda relevancia cuando están en juego altos intereses nacionales en el proyecto (desarrollo económico y progreso social para el pueblo paraguayo). Con el tiempo que ya transcurrió y la demora del congreso argentino en tratarlo, ¿no prueban la poca importancia y seriedad que dan los argentinos al tema? ¿Acaso no demuestran la mala fe, mala intención (lo cual es más grave) cuando se oponen a que se realicen las obras necesarias para que nuestro país pueda retirar el 100% de la energía que le corresponde por Tratado?
Los efectos negativos para el Paraguay de la Notas Reversales aprobadas el año pasado, ratificada en octubre último en la Cámara de Senadores, serán aún más nefastos que la Nota Reversal del 09 enero de 1992.
Los colorados Lilian Samaniego, Sergio Godoy y Juan Carlos Galaverna explicaron que la recomendación para el rechazo la dio el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Apuntaron que el Poder Ejecutivo es el que tiene la atribución exclusiva para celebrar los tratados y que el Legislativo puede estudiar estos acuerdos para aprobarlos o rechazarlos sin la actuación del Ejecutivo. Si el Senado decidía derogar la ley que ya modificó un tratado se crearía un conflicto constitucional innecesario”.
No hace falta ser experto en leyes para concluir que lo apuntado es falso. Es incomprensible cómo es que estos senadores y la misma Cancillería no tengan bien claro los conceptos y los procesos o realmente son ineptos e incapaces, o se hacen, respondiendo a otros intereses que no son precisamente los intereses nacionales
La senadora Masi apuntó que, “a partir de ahora, y por este acuerdo, las deudas que continuará contrayendo la entidad, dado que hay muchas obras pendientes y otros gastos, todo se dividirá en partes iguales, lo cual es altamente perjudicial a los intereses nacionales. Afirmó que el convenio no tiene nada positivo para el Paraguay”.
La senadora tiene razón, pero se quedó corta con su advertencia. Según el Acuerdo Macri/Cartes, toda obra futura será pagada por Alta Parte contratante en cuyo territorio se realice la misma. Entonces los más de US$ 300 millones que costará la relocalización del Ferrocarril Carlos Antonio López, en el tramo Artigas Encarnación (responsabilidad de la EBY según el Tratado porque es una afectación del embalse, una obra pediente) los pagará el Paraguay porque así lo establece el acuerdo Cartes/Macri.
En la misma situación se encuentra la avenida de circunvalación de Encarnación, obra sin ejecutarse todavía (compromiso del gobierno argentino) de un costo aproximado a los US$ 150 millones, que también deberá pagar el Paraguay.
En la misma situación se encuentran las obras de ampliación del sistema de agua potable, de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de Encarnación, con un costo cercano a los US$ 50 millones.
En resumen, todas las obras que originalmente eran de responsabilidad de Yacyretá o compromiso del gobierno argentino serán financiadas por Paraguay exclusivamente, si el Acuerdo Cartes/Macri o la NR 2/17 entra en vigencia.
(*) Exjefe de Obras Complementarias de Yacyretá. Exasesor del jefe Técnico. Esasesor del Consejo de Administración de la EBY.