Hace solo siete días comentamos en estas páginas (1) la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Una decisión histórica que al tribunal de La Haya le llevó meses tomar.

Como comentamos entonces, las órdenes de arresto habían sido solicitadas en mayo por el fiscal de la CPI. A su vez, el fiscal, antes de solicitarlas, había convocado a seis expertos en derecho internacional para que analizaran las evidencias existentes y decidieran si existían o no «motivos razonables para creer» que los individuos sospechosos habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los seis expertos concluyeron por unanimidad que sí.

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La tarea había sido encomendada a los expertos gracias a una querella por genocidio presentada en noviembre de 2023 ante la CPI, y suscrita por un cuantioso número de abogados de diversos países.

Como anécdota, dicho de paso, el Gobierno paraguayo «lamentó» la decisión de la CPI y lo que llamó «instrumentalización política del derecho internacional». La semana pasada hablamos del juez Theodor Meron, judío, sobreviviente de un campo de concentración nazi, miembro del panel de expertos de todo el mundo que concluyó por unanimidad que esas órdenes de arresto tenían que ser emitidas y, a diferencia de los redactores del lamento gubernamental paraguayo, doctor en Derecho Internacional. En realidad, más que doctor en Derecho Internacional, Meron es uno de los juristas que han contribuido a su codificación. Pero en sus redes sociales –fue a través de ellas que el Gobierno paraguayo difundió su lamento– hasta los influencers y los presidentes de las repúblicas pueden opinar. Y apoyamos la libertad de opinión, por supuesto. Es tan cómica…

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Por desgracia, hoy no venimos a hablar de anécdotas cómicas. Como suele suceder, detrás de la decisión de la CPI hubo muchas batallas secretas, con sus correspondientes caídos, sus pequeños y grandes avances, sus inevitables retrocesos, y hubo una persona en particular que luchó con sus últimas fuerzas por lograr que esas órdenes fueran emitidas. Esas órdenes que, para vergüenza de todos los ciudadanos de este país que, independientemente de sus intereses y credos políticos particulares, repudian que se bombardeen hospitales y escuelas llenos de niños y de enfermos, el actual Gobierno paraguayo tuvo el despiadado gesto de desaprobar.

Pero este artículo no es sobre presidentes ni miembros de gobiernos, sino sobre alguien digno de atención. Sobre esa persona que acabamos de mencionar, esa que luchó con sus últimas fuerzas para que las órdenes de arresto fueran emitidas. Esa persona que, el 9 de noviembre de 2023, presentó ante la Corte Penal Internacional la querella contra Israel por genocidio, suscrita por cientos de abogados a los que, en pocos días, se empezaron a sumar otros abogados y colegios de abogados de diversos países, con lo que la cifra de suscriptores se elevó a miles.

Esa persona llevaba décadas dedicando su trabajo como profesional a la defensa de causas que su consciencia consideraba correctas. No era la primera vez que presentaba demandas por crímenes de guerra cometidos contra los palestinos. Lo había hecho ya durante la ofensiva militar israelí de 2008-2009, y lo había vuelto a hacer en 2014. Luego de toda una vida de quijotadas, en las duras fases finales de una enfermedad mortal, esa persona seguía peleando por lo que creía justo. Y cuando la Corte Penal Internacional de La Haya emitió las órdenes de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra Netanyahu y Gallant, esa persona miró a su hijo, y comentó: «Ya puedo morir en paz».

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Esa persona había conseguido otra victoria antes del fin, como nos recuerda una sentida columna que recomendamos leer (2): era abogado del Frente Polisario, que desde 2012 venía pleiteando contra la Unión Europea y Marruecos por unos acuerdos ilegales que permitían el expolio de los recursos naturales del territorio saharaui ocupado. En octubre, la Justicia europea anuló esos acuerdos. Y consolidó sentencias anteriores reconociendo que cualquier acuerdo sobre el Sahara Occidental requiere el consentimiento del pueblo saharaui, por el derecho de autodeterminación.

Así, por primera vez un movimiento de liberación nacional ganó en un tribunal. Y esa persona lo logró. Esa misma persona que venía presentando decenas y decenas de informes ante la Fiscalía de la CPI en nombre de las víctimas palestinas desde 2009. Esa misma persona que estuvo detrás de las órdenes de arresto contra el primer ministro y el exministro de Defensa de Israel emitidas el 21 de noviembre.

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Pareció lograrlo con su último aliento, porque cinco días después, el martes pasado, esa persona falleció a los 68 años de edad, tras una larga guerra contra el cáncer.

Esa persona que desafió al poder en su propio terreno y que así, utilizando las instituciones y las reglas del juego jurídico vigentes, logró dejarnos un legado de justicia, era el doctor en Derecho y abogado francés Gilles Devers, nacido en Lyon en 1956, miembro del colegio de abogados de Lyon y profesor de la Universidad de Lyon III, pero, por sobre todo, defensor incondicional de los pueblos despojados, terco campeón de las causas saharaui y palestina, aliado generoso de los parias de la tierra. Con él, los opresores pierden un adversario y los oprimidos pierden un amigo.

Notas

(1) Montserrat Álvarez: «Dura lex, sed lex». El Suplemento Cultural, 24/11/2024.

(2) Cristina Martínez Benítez de Lugo: «Muere Gilles Devers, defensor incansable de Palestina y el Sahara Occidental». Nueva Tribuna, 27/11/2024: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/muere-gilles-devers-defensor-incansable-palestina-sahara-occidental/20241127170624232879.html