Durante la mayor parte del siglo XIX, el Estado nacional, si bien le atribuimos un carácter histórico esencialmente burgués, no se asentó sobre una formación socioeconómica estrictamente capitalista, es decir, una economía en la que el trabajo jurídicamente «libre», asalariado, fuese hegemónico. Por el contrario, durante los regímenes de Francia y de los López, el trabajo asalariado era marginal y coexistía con una combinación desigual de relaciones de producción no capitalistas –basadas en la coerción extraeconómica (1)–.

Las relaciones de producción precapitalistas no solo sobrevivieron a la independencia, sino que su proceso de erosión, aunque constante, debido a la dinámica de la economía mundial y la ausencia de rebeliones de las clases subalternas, fue lento, gradual y tardío.

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Esa era, grosso modo, la fisonomía de la estructura social sobre la que actuaba el débil Estado nacional en 1841, cuando el Consulado compuesto por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso asumió el poder. Habían recibido una máquina estatal modelada por Francia, en cierta medida heredera tanto de la revolución como de la Colonia, que, si bien garantizó la independencia nacional con una política intransigente, había legitimado lo nuevo conservando mucho de lo viejo.

A la muerte de El Supremo, problemas acuciantes amenazaban a la nación, entre ellos el reconocimiento internacional de la independencia; la definición de las fronteras y su eventual defensa militar; la libertad de navegación hasta el océano para el comercio local; la concesión de la libertad de navegación de los ríos comunes para otras banderas de paso por territorio paraguayo.

El primer López, primero como cónsul preponderante y, desde 1844, como presidente constitucional, asumió esos y otros desafíos. Para ello, contaba con un Estado en construcción, con finanzas públicas modestas pero equilibradas, que Francia había destinado en buena medida a fortalecer las fuerzas armadas para defender su gobierno y el orden económico-social internamente y proteger puntos críticos en las fronteras (2).

Puede decirse que, aunque desdibujada, los López mantuvieron lo esencial de la política económica estatista del dictador Francia. Sin embargo, a diferencia de su antecesor, les tocó gobernar durante un período de «bonanza» comercial que duró poco más de una década y permitió un crecimiento económico notable –si se lo compara con los niveles alcanzados hasta 1840–.

Así, bajo nuevas condiciones objetivas, se sostuvo el modelo de acumulación capitalista basado en el proteccionismo y la regulación económica, antes que en el librecambio (Decreto de Reglamento de Aduanas e impuesto aduanero, 1842); en monopolios y empresas estatales (Decreto que declara propiedad del Estado la yerba mate y la madera de construcción naval, 1846) (3) en lugar de grandes inversiones extranjeras; en el equilibrio de las finanzas públicas, sin endeudamiento externo; y, principalmente, en la estatización de las tierras y el arrendamiento de parte de ellas a productores directos.

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Francisco Doratioto confirma lo anterior: «El Estado guaraní era dueño, a mediados del siglo XIX, de casi 90% del territorio nacional y prácticamente controlaba las actividades económicas, pues cerca de 80% del comercio interno y externo eran de propiedad estatal» (4).

Sobre la política de arrendamiento de tierras públicas, Bárbara Potthast anota: «Durante el gobierno de Carlos Antonio López […] se prosiguió con este sistema de arrendamientos. López estableció reglas obligatorias para fijar el arriendo, que no podía exceder el 5% del valor de la tierra, e introdujo un procedimiento para el traspaso legal de las parcelas a los usuarios» (5).

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Sin embargo, entre sus primeras medidas está el restablecimiento del diezmo y la media anata, impuestos sobre las cosechas y el ganado que afectaban de modo desproporcionado a medianos y pequeños productores rurales. En parte, esto se debe a que los López se apoyaron socialmente en los grandes terratenientes y comerciantes, la facción de la clase dominante a la que pertenecían y que pasó a controlar la máquina estatal, aunque sin llegar a una ruptura definitiva con los pequeños propietarios ni a anular completamente las medidas de su antecesor.

Si bien el éxito del modelo estatista, contradictorio con el hegemónico laissez faire, era improbable a largo plazo, esos elementos sugieren que existió una naciente burguesía nacional con pretensiones de insertarse e ir ganando espacio en el mercado internacional de manera independiente, aunque, como señalamos, sin modificar el modelo basado en las exportaciones primarias.

El resultado de la batalla de Caseros impuso un giro en la región y situó esa política estatista en otro contexto. El reconocimiento oficial de la independencia del Paraguay por el nuevo gobierno argentino y las garantías a la libre navegación y comercio a través del Paraná abrieron perspectivas de desarrollo productivo y comercial que Francia difícilmente hubiera imaginado. Si comparamos las 9.084 arrobas de yerba exportadas en 1839, en el ocaso de la dictadura de El Supremo, con las 254.513 de 1861 (6) –28 veces más–, el salto es cualitativo.

Según Williams, entre 1851 y 1859 el valor del comercio exterior creció de 572 mil pesos a cuatro millones (7). En la década de 1850 se registraron importantes superávits en la balanza comercial pese a las grandes importaciones de armas, maquinaria y bienes suntuarios para la oligarquía local. Si en 1853 el superávit fue de 57.049 libras, en 1860 el saldo positivo alcanzó 161.202 libras (8). Esto, sumado a una política aduanera proteccionista, permitió financiar el programa de modernización sin préstamos extranjeros, costear los altos salarios de los especialistas extranjeros (9) y mantener el gasto militar.

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En ese nuevo escenario, era inevitable el fortalecimiento de un sector burgués paraguayo decidido a hacerse con las ganancias del «boom» exportador. Ese sector de la clase propietaria estaba encabezado por los López y un puñado de jefes militares y burócratas estatales, no pocos emparentados con la familia gobernante. Los años de marginalidad comercial parecían pertenecer a un pasado que ningún rico propietario paraguayo quería revivir. En consecuencia, el telón de fondo de las medidas económicas y políticas de los dos López será el aprovechamiento –ante todo, por la camarilla estatal– de las nuevas oportunidades económicas.

¿Una modernización al servicio de quiénes?

De manera que parte de las rentas que generaba el comercio exterior fue invertida en dos objetivos estratégicos: 1) aumentar la capacidad exportadora con monopolios estatales y proteccionismo arancelario; 2) fortalecer militarmente el país, frente a las ambiciones territoriales de sus vecinos; es decir, definir las fronteras para asegurar el mercado interno. En ambas cuestiones, la oligarquía, no el pueblo llano, acapararía el grueso de los beneficios.

En la década de 1850 Carlos Antonio López contrató a cerca de 200 técnicos extranjeros –ingenieros, maquinistas, médicos, etc.–, la mayoría británicos, para impulsar nuevas empresas estatales que, básicamente, atendiesen a dichos propósitos. Así se inició un «amplio programa de modernización» (10) por medio de importación de tecnología y conocimientos, que abarcó importantes obras de infraestructura: fundición de hierro, arsenal, astilleros, ferrocarril, telégrafo, además de caminos, un mejorado muelle y nuevos edificios en la capital. En el terreno militar, destacó la fortificación de Humaitá.

Si bien en el contexto de las décadas de 1850 y 1860 las medidas económicas y el programa de modernización estuvieron orientados en sentido capitalista, el salto de la producción pudo realizarse mediante un aumento de la extracción de excedente social obtenido a través de relaciones sociales precapitalistas –esclavos de la República, trabajo gratuito de presos y soldados del ejército, «auxilio» de los pueblos originarios, etc.–. Esas relaciones sociales arcaicas coexistían con formas de trabajo jurídicamente «libre» presentes en ciertas empresas estatales, que recibieron cierto impulso con la disolución de los pueblos de indios en 1848 (Decreto que declara ciudadanos libres a los indios naturales de toda la República, 1848) (11), relacionada con el incremento de la demanda de fuerza de trabajo que exigía el comercio exterior y con la necesidad de fortalecer el ejército. Así, el Paraguay «moderno» fue construyéndose por medio de las formas más retrógradas y despiadadas de explotación de la masa trabajadora.

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El censo de 1846 registra cerca de 15 mil paraguayos clasificados como «agregados» o «personas al servicio de otro», sin contar la esclavitud negra, que entre esclavizados y libertos abarcaba, aproximadamente, 3% de la población total (12). Si bien la esclavitud negra en Paraguay nunca tuvo el peso socioeconómico observado en el sur de Estados Unidos o Brasil, la oligarquía nacional, que incluía a los López y antes a Francia, era esclavista. El censo de 1846 revela que 176 individuos poseían diez o más esclavos o libertos. Solo tres eran dueños de un número igual o superior a 40 esclavos. El propietario de la mayor cantidad registrada, 43 esclavos, era Juan Bernardo Dávalos, estanciero de Bobi. En total, ese puñado de propietarios acaparaba 2.583 esclavos y 186 libertos: un tercio de los primeros y 36% de los segundos en toda la república. La Iglesia católica, fortalecida por López padre, era dueña de otros centenares de esclavos. Por otro lado, la represión estatal siempre se ensañó con los afrodescendientes. Se estima que 23% de los presos en Asunción eran pardos en 1819, 17% en 1847 y 39% en 1863 (13).

La dictadura de una familia

Desde su posición en el Estado, los López eran los principales terratenientes, participaban con ventajas en el comercio interno y externo, controlaban las operaciones financieras y ocupaban los principales cargos políticos, eclesiásticos y militares. El patrimonialismo y el nepotismo del Paraguay de los López harían palidecer el escandaloso manejo discrecional de la cosa pública en nuestros días. Profundizaremos esto en la próxima entrega.

(Continuará…)

Notas

(1) Para un debate ampliado sobre este tema, consultar: León Núnez, Ronald. Aproximación a una concepción marxista del Estado bajo el régimen de los López. En: Telesca, I. (coord.). Un Estado para armar. Aproximaciones a la construcción estatal en el Paraguay decimonónico. Buenos Aires: SB, 2024, pp. 51-68.

(2) Esto, de acuerdo con la concepción marxista, no debe sorprender. Las fuerzas armadas son la principal institución de cualquier Estado. Por ende, la importancia que les otorgaba Francia no era casual. El peso de los «destacamentos especiales de hombres armados» es visible en que los salarios de las tropas regulares consumieron, en promedio, 64% de las recaudaciones durante su gobierno. Consultar: White, R. A. (1989). La Primera Revolución Popular en América: Paraguay 1810-1840. Carlos Schauman Editor, pp. 122, 238-40.

(3) Por ese decreto, Carlos Antonio declaró propiedad del Estado toda la yerba y la madera aptas para la exportación, incluyendo las que crecían en terrenos privados. La explotación de esos rubros solo era posible con una licencia del gobierno, obtenida por una suerte de licitación, y su comercio se transformó en monopolio estatal (Williams, J. H. (1979). The Rise and Fall of the Paraguayan Republic: 1800-1870. University of Texas, p. 132).

(4) Doratioto, F. (2002). Maldita Guerra: Nova história da Guerra do Paraguai. Companhia das Letras, p. 44.

(5) Potthast, B. (2003). Entre lo invisible y lo pintoresco: las mujeres paraguayas en la economía campesina (siglo XIX). Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, 40.

(6) Whigham, T. (2009). Lo que el río se llevó. Estado y comercio en Paraguay y Corrientes [1776-1870]. CEADUC, p. 192.

(7) Williams, J. H. (1979). The Rise and Fall of the Paraguayan Republic: 1800-1870. University of Texas, p. 171.

(8) Herken Krauer, J. C. (2019). Proceso económico en el Paraguay de Carlos Antonio López: la visión del Cónsul británico Henderson (1851-1860), p. 35

(9) Mientras un maestro rural ganaba 100 pesos al año (20 libras esterlinas, aproximadamente), los salarios de los técnicos y maquinistas extranjeros iban de 144 a 200 libras al año, casi el doble de los pagados en Londres. En las altas esferas, el escocés William Whytehead, ingeniero jefe del Estado, recibía un salario anual de 600 libras, que se duplicó en 1861, además de otros beneficios. George Barton, jefe del servicio de sanidad militar, recibía 500 libras anuales, más caballo, casa, sirvientes y otras ventajas. A fines de 1863, el médico escocés William Steward ganaba 800 libras anuales (Williams, J. H. (1979). The Rise and Fall of the Paraguayan Republic: 1800-1870. University of Texas, pp. 181-3).

(10) Kraay, H.; Whigham, T. (2017). Muero con mi patria. Guerra, Estado y sociedad. Paraguay y la Triple Alianza. Tiempo de Historia, p. 28.

(11) Sobre las consecuencias sociales de este decreto, consultar: Telesca, I. (2018). Pueblos de Indios y tierra en el Paraguay de Carlos Antonio López.

(12) Williams, op. cit., p. 116.

(13) Ibidem, pp. 116-21.

*Ronald León Núñez es sociólogo por la Universidad Nacional de Asunción (2009), máster (2015) y doctor (2021) en Historia por la Universidad de São Paulo, Brasil, miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas (CPCH), colaborador de El Suplemento Cultural y autor, entre otros libros, de La Guerra contra el Paraguay en debate (Lorca, 2019).