Las universidades paraguayas están nuevamente bajo la lupa de la prensa. Una variedad de denuncias, incluyendo la falsa titulación de figuras políticas, la acumulación de egresados sin las capacidades o las habilitaciones legales para ejercer sus carreras, las condenas de corrupción de ex autoridades en las universidades públicas y los conflictos de interés en los entes regulatorios, representan una selección del abanico de titulares que renuevan el debate sobre qué hacer con la educación superior. Desde hace tiempo, es urgente analizar los modelos de universidad vigentes en Paraguay, evaluar hasta dónde sirven a los propósitos de los distintos grupos interesados y de los intereses comunes de sociedad en general y plantear cambios profundos.

Por el lado positivo, durante las últimas décadas la expansión del acceso a la educación superior ha aumentado mucho. El crecimiento de las universidades privadas, la multiplicación de filiales regionales de las universidades nacionales y la fundación de algunas universidades nacionales nuevas en el interior permiten que muchos jóvenes de la clase trabajadora y en el interior del país sean los primeros en sus familias en seguir carreras universitarias, motivados por el prestigio de ser universitarios, pero sobre todo por el mayor ingreso y seguridad laboral disfrutados por los profesionales universitarios.

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Esto significa que la expansión se dio casi enteramente dentro del marco de un modelo de educación superior profesionalizante. Las universidades abren carreras como Derecho, Medicina, Agronomía, Ingeniería, Administración, Contabilidad, Fisioterapia y Criminología, entre otras, para cumplir con las demandas de los alumnos interesados en una salida ventajosa en el mercado laboral. Los docentes en estos programas son profesionales que ejercen sus carreras y entrenan a nuevos entrantes como una actividad marginal a sus compromisos profesionales y laborales en el ámbito privado o en el estado.

En el mejor de los casos, este enfoque produce una oferta continua de profesionales capacitados para ofrecer servicios demandados en la sociedad. Pero, en el peor de los casos, a lo largo del tiempo esto tiende a saturar el mercado laboral y disminuir el retorno económico al estudio y nutre una dinámica de credencialismo, donde la formación no aporta mucha capacidad o conocimiento sino que simplemente impone una serie de barreras económicas, burocráticas o políticas para obtener un título exigido como credencial para cumplir con formalidades institucionales para acceder a cargos, aumentos salariales u otros beneficios. El caso más extremo es la simple compra de títulos falsos.

Con algunas excepciones puntuales, ha sido escaso el avance hacia la construcción de universidades de investigación que generen conocimiento local para vincular a las actividades docentes y profesionalizantes. En las universidades paraguayas se investiga poco, y la carrera de investigador o científico es precaria y no profesionalizada. Como tal, es limitada la autonomía de las universidades paraguayas en relación a otros espacios de disputa en la sociedad paraguaya, como las disputas partidarias, mediáticas, ideológicas, y la puja entre intereses económicos y políticos particulares. Sin la autonomía brindada, no por una normativa legal, sino por la construcción y el financiamiento adecuado de una serie de instituciones propiamente académicas y disciplinarias, como los programas de doctorado enfocados en la investigación, los grupos de trabajo, el escalafón docente, las sociedades científicas, la publicación científica con revisión ciega de pares, entre otros, es imposible que las universidades incidan productivamente y en base a evidencia y debate científico en los desafíos de la sociedad y el Estado paraguayos. Al contrario, si no rigen en las universidades las reglas científicas para debatir (uso riguroso de métodos, evidencia y teoría), se convierten simplemente en espacios para ser instrumentalizados por otros intereses en la sociedad.

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La falta de universidades de investigación contribuye a la situación de dependencia científica. En el ámbito económico, esta dependencia se manifiesta en un modelo de crecimiento basado en la exportación de productos primarios y semiprocesados y una alta dependencia en la importación de las necesidades de consumo e inversión. Sin inversiones masivas en la educación superior y en la academia será imposible transitar un proceso de actualización tecnológica (technological catch-up) y mejora de conocimiento productivo para llevar la inversión, la mano de obra y el uso del territorio hacia sectores más eficientes y productivos.

En ese sentido, la falta de investigación sobre temas como el transporte público, la salud pública, la informalidad del mercado laboral y todo el espectro de preocupaciones sociales y ambientales que se discuten a diario en Paraguay, hace difícil integrar los conocimientos actualizados generados afuera sobre estos temas a la construcción de conocimiento propio para incidir en los debates políticos sobre estas problemáticas con soluciones racionales basadas en evidencia científica local.

La censura histórica y el poco desarrollo de la disciplina de Ciencias Políticas ofrecen un claro ejemplo de cómo el conocimiento de nuestros propios procesos sociales, económicos y políticos se acumula principalmente fuera del país. La carrera se propone en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en la década de 1970. Sin embargo, recién es aprobada en 2003, sin modificaciones o actualizaciones de su malla curricular y sin la incorporación de un plantel docente formado en la disciplina, produciendo así sus primeros egresados en 2007 con una formación poco adecuada para participar en la disciplina. Realidades como esta explican por qué, en 2022, las ciencias sociales paraguayas registraron solo 25 documentos citables en la base de datos de publicaciones científicas Scopus, frente a 297 registrados en Uruguay, un país con la mitad de la población paraguaya (1). La mayoría de los libros y artículos sobre el desarrollo del sistema político paraguayo son publicados fuera de Paraguay por autores extranjeros o paraguayos en el extranjero. Sin embargo, el estudio de Paraguay es marginal, para no decir inexistente, en las agendas académicas del resto del mundo. Significa que al momento de querer debatir algo como la corrupción, sus dimensiones, causas, efectos y posibles soluciones, no contamos con los datos, el análisis o la diversidad de perspectivas teóricas para debatir independientemente de los intereses mediáticos, partidarios y personales que buscan ventaja a partir de los discursos sobre la corrupción en Paraguay.

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El camino para reformar las universidades y construir instituciones de investigación en Paraguay es largo y tiene múltiples aristas. Clave entre ellas es reducir los incentivos de invertir en el sistema de educación superior con fines de lucro y mejorar las capacidades e incentivos para poder cubrir los costos, no menores, de la investigación académica y de la carrera de docente científico profesional. En general, la generación de conocimiento no es rentable a corto plazo y muchas veces su retorno no es captable por actores privados, porque el valor que produce se difunde por toda la sociedad como un bien público. Más concretamente, será imposible generar, acumular y difundir conocimiento si la investigación y la docencia son actividades marginales a la consultoría o el empleo público y privado que ocupan el tiempo más productivo de los docentes.

Esta realidad justifica una inversión pública masiva para profesionalizar la carrera de docente universitario. Paraguay invierte solo 14% del PIB per cápita por alumno en el sistema de educación superior, frente al promedio de 25% en la región, 36% en otros países de ingreso medio alto, y 69% en el mundo (2). Cerrar esta brecha implica duplicar el gasto actual de aproximadamente 800 USD por alumno por año. Por supuesto, una expansión del gasto público de esa magnitud tiene que venir con condicionantes y acuerdos políticos que aseguren el impacto.

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Transformar la emergente máquina de títulos en una verdadera comunidad académica y científica implica un cambio radical de reglas. Significa dejar de valorar y premiar el cumplimiento de requisitos y comenzar a premiar material y políticamente la curiosidad, el debate, la producción de evidencia y la innovación conceptual y tecnológica. Esto, naturalmente, genera mucha resistencia de los actores que ganaron su seguridad bajo las reglas existentes y desconfianza hacia los actores que se formaron o acumularon su seguridad fuera del sistema universitario paraguayo y en sistemas científicos desarrollados.

En ese sentido, uno de los mayores desafíos de las universidades paraguayas es conjugar los intereses de estos dos grupos, aumentando las exigencias académicas y científicas paralelamente con las oportunidades de crecimiento que existen para todos los docentes y funcionarios que construyen la academia paraguaya. Pactar en la brevedad posible un amplio acuerdo político sobre la necesidad y las formas de transitar de un modelo cada vez más credencialista a un modelo que articule la formación profesional con la generación de conocimiento es el primer paso para responder a las críticas que resaltan en los titulares de las últimas semanas. Pasar de una acumulación de cartones a una acumulación de conocimiento, de eso se trata el pacto que necesitamos urgentemente.

Notas

(1) Scimago Journal & Country Rank: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=3300&region=Latin%20america%20Year=2022

(2) USAID Country Education Profile: Paraguay: https://idea.usaid.gov/cd/paraguay/education