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«El pueblo que oprime a otro no puede ser libre».
Karl Marx.
En marzo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se refirió al Brasil como «hermano mayor de los países de América del Sur» (1). El discurso fue pronunciado en el acto de asunción al mando del exdiputado federal Enio Verri (PT) como director general brasileño de la usina hidroeléctrica Itaipú Binacional, en presencia del entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.
El recurso retórico ciertamente pretende encubrir el histórico papel expansionista y opresor del Brasil en la región, consolidado en su período imperial.
Brasil extiende su dominio sobre el Paraguay y otros países sudamericanos. Es un hecho. En su carácter de la burguesía regional más fuerte, en términos económicos, políticos y militares, Brasil penetra en el Paraguay a través del comercio desigual (2); de la proliferación de empresas que producen con bajísimos costos tributarios, de energía y mano de obra, amparándose en el régimen de maquila garantizado por los gobiernos paraguayos (3); de la expansión desbocada del agronegocio, controlado por colonos de origen brasileño (los llamados «brasiguayos»), de modo tal que, actualmente, se estima que 14% de los títulos de propiedad de tierras en el Paraguay pertenecen a propietarios brasileños (4). Este sector, poderoso políticamente, desaloja violentamente de sus tierras a pequeños campesinos y comete graves crímenes ambientales.
En departamentos como Alto Paraná o Canindeyú, limítrofes con los Estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, la porción de territorio en manos de empresarios brasileños es escandalosa: 55% y 60%, respectivamente.
Con todo, podemos afirmar que el principal instrumento de dominación brasileña sobre el Paraguay –que, anticipamos, ningún gobierno pretende cambiar cualitativamente– es el Tratado de Itaipú, objeto de este artículo.
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El escenario en 2023
El Tratado de Itaipú, firmado en 1973 por los generales dictadores Emílio Garrastazu Médici y Alfredo Stroessner, cumplió medio siglo el pasado 26 de abril.
Más que una efeméride, la fecha indica la inminente renegociación del Anexo C, que establece las «bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad». Este es el dispositivo legal que, desde 1984, garantiza a la burguesía brasileña la parte del león en el acuerdo bilateral (5).
La renegociación estará a cargo de los gobiernos del Brasil y del Paraguay, a través de sus cancillerías. Por un lado, actuará el gobierno Lula-Alckmin, apoyado acríticamente por la mayoría de la izquierda brasileña y latinoamericana. Por el otro, el gobierno de Santiago Peña, político del ultraconservador y corrupto Partido Colorado.
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En primer lugar, es muy importante definir la esencia de la cuestión y delimitar los principales problemas históricos y sociopolíticos que plantea este tema que, en apariencia, se presenta como meramente técnico y diplomático.
A partir de ahí, nos interesa discutir cuál debe ser la actitud de la izquierda brasileña y latinoamericana, principalmente la que se reivindica socialista e internacionalista.
Destacamos este último atributo, que es un principio para la concepción marxista, dado que una concepción nacionalista, tanto en el Brasil como en el Paraguay, ofrece un camino sin salida.
El nacionalismo es una ideología reaccionaria, un engaño para las clases no propietarias, puesto que este enfoque facilita que las burguesías locales presenten sus intereses particulares como si fuesen los de la sociedad, identificada con la «nación», o como si guardasen relación con el «bien común». Por eso, el marxismo no es nacionalista. A esta ideología burguesa, el marxismo le opone la concepción de la centralidad de la perspectiva de la lucha de clases y, en este sentido, la defensa de los intereses de las clases explotadas contra las burguesías nacionales o extranjeras. Como plantea el Manifiesto de 1848: «Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen (…)».
El hecho de que el marxismo no sea una corriente nacionalista no significa, sin embargo, que no reconozca y defienda el derecho democrático a la autodeterminación de las naciones oprimidas.
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En este contexto, el punto de partida consiste en comprender que el caso de Itaipú no es un problema exclusivo del Paraguay, alejado de la realidad y de los intereses de la clase trabajadora brasileña. La agenda de renegociación, o incluso la anulación del Tratado de Itaipú, merece toda la atención de las izquierdas en el Brasil, que deberían asumir la defensa inequívoca del Paraguay, la nación oprimida, subyugada y explotada por la misma clase dominante que controla el poder en el Brasil.
En el país vecino existe un desconocimiento casi completo no solo del caso de Itaipú, sino, principalmente, de la relación histórica con el Paraguay. Esta realidad es lamentable. Y se explica por la política de discriminación, xenófoba y racista, que la clase dominante brasileña impuso contra todo aquello que pueda ser asociado al Paraguay. Es hora de romper con el ciclo de reproducción de estas ideologías reaccionarias, que nos dividen como clase trabajadora.
Para eso, es necesario conocer, profundizar y debatir sobre el carácter de esta relación desigual y cómo fue construida.
Una relación histórica de opresión nacional
En primer lugar, para comprender la naturaleza de las relaciones entre ambas naciones, es determinante comprender que, hace 153 años, Paraguay fue prácticamente destruido en la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870) (6). En nuestro país, está de más ahondar en este capítulo histórico.
Basta resaltar dos hechos. Primero, el resultado de la guerra profundizó la ubicación de Paraguay como una nación doblemente oprimida y explotada, tanto por los imperialismos hegemónicos a nivel mundial como por las burguesías brasileña y argentina, las más fuertes del Cono Sur. Segundo, la contienda más sangrienta de Sudamérica es casi desconocida en Brasil.
Esto último no parece ser casual. Los sucesivos gobiernos brasileños que, como diría Marx, no son más que «un comité para administrar los asuntos comunes de toda la clase burguesa», actuaron en el Paraguay –y en otros países más pequeños y pobres, como Bolivia– como una submetrópoli o, si se prefiere, como una semicolonia privilegiada. Eso significa que el Estado burgués brasileño trata a estos países como si perteneciesen a su «área de influencia», expandiendo los negocios de sus empresas y, principalmente, del capital y los intereses imperialistas. En resumen, la burguesía brasileña explota y oprime no solo a su propia clase trabajadora, sino también a las de otras naciones más débiles, en beneficio propio o del imperialismo.
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Los antecedentes del Tratado de Itaipú
Desde la década de 1950, Brasil estudiaba el potencial hidroeléctrico del río Paraná, especialmente en la región de los Saltos del Guairá, o Salto das Sete Quedas (7), con la intención de viabilizar una política de desarrollo industrial, aunque limitada y subordinada al capital imperialista.
El problema residía en que esta región estaba en disputa con el Paraguay desde el final de la Guerra de la Triple Alianza.
En 1954 llega al poder, en el Paraguay, una férrea dictadura militar liderada por el general Alfredo Stroessner, una figura totalmente servil a la política de Estados Unidos y a su gendarme regional, Brasil.
En enero de 1964, los dos gobiernos firmaron un acuerdo para conformar una comisión mixta que estudiase el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Paraná. Dos meses después, como es sabido, un golpe militar, con el apoyo de Washington, derrocó a João Goulart e impuso un régimen dictatorial en el Brasil.
En el contexto de la disputa de límites con el Paraguay, en junio de 1965, el dictador Castelo Branco ordenó el despliegue de tropas en la frontera e invadió la localidad denominada Puerto Renato, en territorio paraguayo. El régimen brasileño alegó como motivación el combate al contrabando y a la guerrilla. En octubre, la comisión paraguaya de límites se desplazó hasta el área en disputa, pero fue detenida por militares brasileños. Asunción guardó silencio. No hubo ninguna reacción por parte de la dictadura de Stroessner frente a estos atentados a la soberanía del Paraguay.
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El 22 de junio de 1966, tras la mediación de Dean Rusk, secretario de Estado de los Estados Unidos, los cancilleres de las dos dictaduras firmaron el Acta de Iguazú. Según ese documento, los dos gobiernos acordaban construir una usina hidroeléctrica en la región en litigio y, así, aprovechar su potencial energético.
La solución a la disputa fronteriza consistiría en inundar los Saltos del Guairá, que quedarían sumergidos con la formación del actual lago de Itaipú, hecho ocurrido en 1982. La desaparición de los Saltos del Guairá, una maravilla natural, fue fuertemente cuestionada por diversas manifestaciones locales y de ambientalistas. El área, modificada artificialmente, sería declarada «perteneciente en condominio a ambos países». Las tropas brasileñas se retiraron solo cuando el territorio en disputa quedó sumergido.
Ya en 1966 quedó claro quién se quedaría con la parte privilegiada cuando se celebrara un tratado definitivo.
Por lo tanto, lo que ahora es la usina hidroeléctrica de Itaipú nació de una invasión militar brasileña y de uno de los mayores crímenes ambientales ya cometidos en la región, además, evidentemente, de una renuncia territorial por parte de la dictadura de Stroessner.
Siete años después, el artículo 18 del Tratado de Itaipú estableció, entre otros puntos, la posibilidad de intervención militar por parte de los Estados signatarios (8).
Sería irrisorio, si consideramos la enorme asimetría entre el Brasil y el Paraguay en todos los aspectos, que una cláusula de esta naturaleza pudiera favorecer a los paraguayos en ninguna circunstancia. Por el contrario, en más de una ocasión Brasil realizó ejercicios militares simulando la toma de la hidroeléctrica, el más conocido de los cuales fue en 2009.
El Tratado de 1973
El acuerdo de 1966 definió que la energía producida por la futura central hidroeléctrica se dividiría «en partes iguales» entre los dos países. En caso de que uno de ellos no pudiese consumir la totalidad de su mitad, debería ofrecerla «preferentemente» y a un «precio justo» a su socio (9). No es necesario decir que, de antemano, se sabía que esa situación le cabría al Paraguay.
El Tratado de Itaipú, sin embargo, anuló estas declaraciones e impuso el llamado «derecho de adquisición», es decir, la transferencia obligatoria de la energía no utilizada por uno de los dos países a su contraparte, no a un «precio justo» o de mercado, sino a un precio prefijado por la propia Itaipú. De este modo, el «derecho de preferencia» se transformó en una cesión obligatoria, a cambio de una «compensación», cuyo cálculo nunca tuvo relación con el precio de mercado.
El tema es que entre 1984 –año de entrada en operación de Itaipú– y 2022, el Brasil se quedó con el 91% de la energía total producida por la empresa y el Paraguay con apenas el 9% (10). Este último dato, a su vez, representa el 18% de la mitad que corresponde al Paraguay. Por lo tanto, en 39 años, el Paraguay cedió –no vendió– el 82% de la energía que, según el Tratado de 1973, le pertenece (11). Esta cesión de derechos se realiza por un valor muy inferior al practicado en el mercado.
En otras palabras, el Paraguay está impedido de exportar su propia energía a terceros países –como Argentina, Uruguay o Chile, que en algún momento manifestaron interés–, dado que está obligado a cederla al Brasil.
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A cambio de esta cesión, el Brasil «compensa» al Paraguay con un valor fijo. Este valor sufrió ajustes desde 1984, pero los datos actualizados indican que el precio promedio pagado por el Brasil equivale a US$ 4,14 por MWh, cuando los precios de importación de energía en el mercado internacional oscilan entre US$ 80 y US$ 200 por MWh (12). En el primer trimestre de 2023, el propio Brasil recaudó alrededor de 500 millones de reales en concepto de exportación de electricidad a Argentina y Uruguay (13).
En 2009, un acuerdo entre los presidentes Lula y Fernando Lugo triplicó el valor de la compensación brasileña (14). Esto, que fue celebrado por la izquierda paraguaya como un «hecho histórico», exaltando las figuras de ambos presidentes «progresistas», en realidad no fue más que un leve aumento de las migajas que cayeron del banquete brasileño. Lula y Lugo no resolvieron nada. Según datos de 2022, el Paraguay recibe US$429,3 millones de su socio como «compensación por cesión de energía» (15). Sin embargo, si pudiese disponer libremente de su energía y negociarla a precio de mercado, en el Brasil o en otros países, podría recibir un monto anual cercano a los tres mil millones de dólares. Está claro que el acuerdo Lula-Lugo, tan alardeado por el «progresismo», no alteró nada sustancial.
No hace falta ser un especialista para entender la enorme injusticia que se comete contra el derecho del Paraguay a utilizar sus propios recursos energéticos.
El Tratado de Itaipú, en términos prácticos, no pasa de un sofisticado esquema de saqueo y corrupción que benefició, principalmente, las iniciativas industriales en el sudeste brasileño, en particular en el Estado de São Paulo. Un puñado de empresarios y banqueros, brasileños, paraguayos y de otros países, se enriquecieron obscenamente, amparados por las dictaduras militares. En el Paraguay, los empresarios vinculados a Stroessner, que se llenaron los bolsillos actuando como socios menores de la burguesía brasileña, son conocidos como los «barones de Itaipú».
(Continuará…)
Notas
(1) «Não faríamos Itaipu hoje como foi feita no passado, diz Lula». En: Folha de Sao Paulo, 16/03/2023. Disponible en línea: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/03/novo-tratado-de-Itaipú-buscara-desenvolver-brasil-e-paraguai-diz-lula.shtml
(2) Brasil es el principal socio comercial del Paraguay, representando, en 2022, el 28,5% del total de transacciones. Le siguen China (18,3%), Argentina (12,8%), Estados Unidos (6,9%) y Chile (4,8%).
(3) Aproximadamente el 72% de las empresas maquiladoras en el Paraguay son brasileñas. Ver: https://www.lanacion.com.py/negocios/2023/03/06/restablecimiento-de-condiciones-favorables-con-brasil-impulsaron-exportaciones-de-maquila/; https://www.idesf.org.br/2022/05/12/exportacoes-registradas-pelas-industrias-maquiladoras-tem-recorde-historico-no-mes-de-abril/
(4) «Proprietários brasileiros têm 14% das terras paraguaias». En: De Olho Nos Ruralistas, 06/11/2017. Disponible en línea: https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoparaguai/2017/11/06/proprietarios-brasileiros-tem-14-das-terras-paraguaias/
(5) Las operaciones de Itaipú comenzaron en mayo de 1984. Desde entonces, la empresa ha producido más 2900 millones de megawatts-hora (MWh). En términos de capacidad instalada, es la tercera usina hidroeléctrica del mundo.
(6) Secco, Lincoln. «A Guerra contra o Paraguai em debate». En: A Terra E Redonda, 06/05/2022. Disponible en línea: https://aterraeredonda.com.br/a-guerra-contra-o-paraguai-em-debate/. Consultado el 04/06/2023. Núñez, Ronald. La guerra contra el Paraguay en debate. São Paulo, Sundermann, 2021, 472 pp.
(7) El Salto das Sete Quedas, también llamado Sete Quedas do Paraná, fueron las cataratas más grandes del mundo. Con un volumen estimado de 49.000 m³/s, duplicaban el volumen de las Cataratas del Niágara y eran trece veces más caudalosas que las Cataratas Victoria, en Zambia y Zimbabue.
(8) Tratado de Itaipú. Artículo XVIII: «Las Altas Partes Contratantes, a través protocolos adicionales o de actos unilaterales, adoptarán todas las medidas necesarias al cumplimiento del presente Tratado…». Disponible en: https://www.Itaipú.gov.br/sites/default/files/u13/tratadoItaipú.pdf. Consultado el 04/06/2023.
(9) Acta de Iguazú. Disponible en: https://www.Itaipú.gov.br/sites/default/files/af_df/ataiguacu.pdf. Consultado el 05/06/2023.
(10) La energía generada por la usina representa el 8,6% de la energía consumida en el Brasil y el 86,3% del consumo paraguayo.
(13) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/exportacao-de-energia-eletrica-para-paises-vizinhos-permite-reducao-de-custos-ao-consumidor-brasileiro
(14) https://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u600336.shtml
(15) https://www.Itaipú.gov.br/es/sala-de-prensa/noticia/estado-paraguayo-recibio-usd-4293-millones-de-Itaipú-por-anexo-c-en-el-2022