Cargando...
Al analizar hechos que generan polémica en una sociedad, es importante tener en cuenta que siempre existen intereses ocultos vinculados a los mismos.
En el caso del profesor Cristian Kriskovich, docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción denunciado por acoso sexual por una exalumna de dicha casa de estudios (Belén Whittingslow), como penúltimo escenario (más adelante se hará referencia al último) se tuvo el pedido público del cardenal Adalberto Martínez, pastor supremo de la Iglesia católica en Paraguay, de desvincular al citado profesor de sus funciones académicas. Hubo una aparente rebeldía de las autoridades de la universidad al responder que el pedido sería sometido a estudio por el Consejo de Gobierno General de la UCA, máxima instancia de autoridad de la institución, en vez de cumplir inmediatamente lo solicitado por el cardenal.
La ciudadanía incauta e ingenua creyó estar frente a un claro acto de desobediencia al interior de una organización verticalista y no deliberativa como la Iglesia católica.
Sin embargo, es importante conocer las dinámicas usuales de funcionamiento de esta institución. Si el deseo del cardenal Martínez de desvincular al profesor Kriskovich hubiese sido auténtico, nunca se hubiera hecho público. Lo acostumbrado al interior de esta organización es manejar este tipo de decisiones con el mayor sigilo posible para proteger la imagen pública tanto de la Iglesia católica como de la institución dependiente de ella (en este caso, la UCA, dependencia consagrada en sus estatutos). Las acciones punitivas, «cortes de cabezas» y destituciones siempre fueron manejadas con la máxima discreción al interior del mundo eclesial y sus organizaciones dependientes. Una revisión de la historia a nivel global y también nacional permite comprobar esta dinámica operativa con relativa facilidad.
Lea más: Rector de la UC defiende a Kriskovich ante pedido de destitución del cardenal Adalberto Martínez
Entonces, ¿cuáles pueden haber sido los móviles para montar el espectáculo mediático del pedido de destitución seguido de la aparente desobediencia?
Siempre es importante para la estructura eclesial mantener impoluta la imagen de sus prelados, y máxime en este caso, tratándose de la máxima instancia jerárquica a nivel nacional. De esta manera, la cabeza de la Iglesia católica en Paraguay vendría a transmitir con su pedido una imagen de sintonía con los tiempos actuales, caracterizados por el celoso y estricto respeto de los derechos humanos en general, y de los derechos de las mujeres en particular. Delitos de tipo sexual oficialmente no pueden ser apañados por la «santa madre iglesia» (aunque una breve mirada a las numerosas denuncias formuladas por las víctimas de estos delitos a lo largo de los años en numerosos países demuestra lo contrario).
Pero ahí no se agotan los móviles. El caso del profesor Kriskovich está vinculado a otra batalla, aún más importante, que se está librando, a veces en forma pública, otras a nivel clandestino, en nuestra sociedad. Se trata de una batalla ideológica y cultural.
En pleno proceso de renovarse una membrecía del máximo organismo judicial del país, la Corte Suprema de Justicia, a partir de la salida del Dr. Antonio Fretes por razones que ya son de público conocimiento, aparece como uno de los aspirantes a dicha posición el abogado Esteban Kriskovich (hermano de Cristian), cuya candidatura se está intentando impugnar en base a una denuncia de producción de documentos no auténticos, que alega que la alta puntuación obtenida por el candidato en el criterio «docencia» está viciada debido a que las constancias de ejercicio de la misma expedidas por la Universidad Católica coinciden con el tiempo en el que el citado postulante fue embajador ante el Vaticano (2011-2019).
Según lecturas de ciertos sectores sociales, los esfuerzos por impugnar esta candidatura pueden ser interpretados en el contexto de una pugna entre grupos conservadores «provida» y grupos progresistas pro-LGBT y proaborto, dado que la Corte Suprema de Justicia, por su naturaleza y funciones, tiene y tendrá en el futuro mucha influencia a nivel nacional tanto en decisiones vinculadas con estos temas al interior del Poder Judicial, como en eventuales discrepancias entre poderes del Estado acerca de asuntos polémicos como las políticas educativas con perspectiva de género, las leyes respecto a la salud sexual y reproductiva o la legalización del aborto.
Ya en la presentación de alegatos de su candidatura a la Corte, Kriskovich menciona temas tales como la creación del «fuero de familia» y la protección de los derechos humanos (donde uno de los más importantes es el derecho a la vida).
En ese contexto (pugna entre conservadores y progresistas por la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema), se puede interpretar toda la polémica sobre el profesor Cristian Kriskovich como búsqueda de mancillar de manera colateral la imagen de honorabilidad de su hermano en el proceso de su candidatura a integrar el máximo órgano judicial. En el caso del docente acusado de acoso, se pueden también identificar posturas a favor y en contra de su destitución como docente de la UCA, asumidas por diversas instancias dentro y fuera del ámbito institucional y académico. A la defensa de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica se contrapuso la «Marcha del Silencio» organizada por otras asociaciones de profesores de la citada casa de estudios.
¿Por qué la Iglesia católica y su universidad satélite no destituyeron al profesor Kriskovich desde los inicios del escándalo? Pues justamente para evitar con esta medida afectar el buen nombre de su hermano, el candidato a miembro de la Corte Suprema. A la vista del contexto en el que se interpreta esta renovación del organismo judicial (pugna de poderes), debe tenerse en claro que la Iglesia católica está consciente de que debe tratar de ocupar, a través de sus fieles y adeptos, todas las posiciones de poder posibles al interior de una sociedad, máxime cuando se trata de instancias que tienen en sus manos la toma de decisiones fundamentales respecto a la marcha de esa sociedad.
En este mismo sentido se puede entender que no fue casual que el profesor Kriskovich ocupara una posición clave: la de representante de la universidad en el Consejo de la Magistratura y miembro del Jurado de Enjuiciamiento, lo que un sector de la prensa da en llamar «la puerta tanto de entrada como de salida del Poder Judicial».
El último episodio de esta serie nos presenta un «pedido de permiso sine die» (sin plazo) del docente, por todo el tiempo que la universidad necesite para que una Comisión Auditora Documental formada para el efecto analice todas las actuaciones llevadas a cabo en el sumario interno realizado desde 2014 y luego, en un plazo de sesenta días, eleve un dictamen al respecto. No se necesita mucha lucidez para pronosticar que dicho dictamen terminará por exonerar de toda culpa al docente en cuestión.
De manera que en realidad la respuesta, con tono de aparente rebeldía, de las autoridades de la UCA al pedido del cardenal Martínez no sería más que una acción pactada al interior de las estructuras jerárquicas eclesiales para que la «cabeza» quede impoluta y sea una parte del «cuerpo» la que resulte calificada de retardataria, conservadora o incluso desobediente.
Una lectura crítica del rol que le tocó a Judas en la historia del cristianismo afirma que, lejos de ser un traidor, Judas recibió del propio Jesús el mandato de entregarlo a los romanos para dar cumplimiento a lo que estaba profetizado respecto a su persona y su naturaleza divina, con lo cual este apóstol resultaría ser el más fiel de todos al mesías. En este caso, los que encomendaron la misión de «desobedecer» no tienen dicha naturaleza, pero se atribuyen ser sus representantes. Quien tenga ojos… que vea.