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En la penúltima década del siglo pasado, la única alternativa a la programación, en general austera, de los dos únicos canales de televisión paraguaya, el 9 y el 13, que teníamos los televidentes asuncenos era poseer una antena externa, erguida en el techo de nuestras casas y con capacidad suficiente para captar la televisión de la vecina provincia argentina de Formosa, canal 11. Como esta emisora retrasmitía el fútbol, los noticieros y los programas más vistos de Buenos Aires, el televidente terminaba recibiendo cosas interesantes. De aquella época, recuerdo con nitidez lo llamativa que me resultaba, como habitante del Paraguay estronista, la campaña electoral que concluyó con la elección de Raúl Alfonsín como presidente de Argentina en octubre de 1983. De aquellos años, un instante en particular quedó guardado en mi memoria: mi padre y yo veíamos el reporte de la noticia de las condenas a prisión de los militares de las juntas que gobernaron dictatorialmente Argentina de marzo de 1976 a diciembre de 1983; mientras miraba la pantalla, mi padre sentenció: «En el Paraguay, ni en cien años ocurrirá algo así».
La película del realizador Santiago Mitre (Buenos Aires, 1980) Argentina, 1985, estrenada este año en el Festival de Venecia, exhibida hasta hace pocas semanas en los cines asuncenos y disponible ahora en la plataforma Amazon Prime Video, reconstruye, en el marco de una ficción basada en hechos reales, aquel juicio histórico en el que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (instancia jurisdiccional civil) juzgó y condenó a prisión a los máximos responsables de la represión dictatorial.
El guión, escrito por Santiago Mitre y Mariano Linás, adopta como eje narrativo la preparación de la acusación, las vistas del juicio y la actuación de los fiscales acusadores, Julio Strassera, magistralmente interpretado por Ricardo Darín, y Luis Moreno Ocampo, papel a cargo de Peter Lanzani, quien logra un desempeño solvente que se complementa bien con Darín. Si bien la trama aborda el complejo contexto político de una frágil democracia recién recuperada y el notorio desagrado que el proceso judicial a Videla, Massera, Viola, Galtieri y compañía despertaba en los altos exponentes de la jerarquía militar, los sectores más conservadores de la sociedad argentina y los miembros aún activos de las fuerzas clandestinas de represión, el filme no se aleja en ningún momento de su principal virtud argumental; el relato de los hechos del juicio y las pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por la última dictadura argentina.
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Mérito para destacar en la película es su esfuerzo para no caer en el golpe bajo sentimental o el prejuicio ideológico. La reconstrucción de época es acertada; la recreación de paisajes urbanos del Buenos Aires de los 80, con su exigencia de extras, automóviles de aquellos años y cuantiosa utilería de ambientación, como los antiguos teléfonos públicos, por ejemplo, está muy bien lograda y atestigua un sabio uso de los recursos materiales a su disposición por parte de los realizadores. La fotografía hace un inteligente empleo de las imágenes de la grabación televisiva original del juicio, adoptando similar disposición de cámaras para las escenas en las audiencias del proceso, salvo los testimonios de las víctimas, a las que vemos de frente y no de espaldas, como se grabó el juicio real. Incluso se utilizan fragmentos de dichas imágenes originales para realzar el momento, de desbordada emoción, en que Strassera finaliza los alegatos de la fiscalía.
Con títulos como El estudiante (2011) o La patota (2015) en su filmografía, Santiago Mitre es uno de los directores y guionistas más interesantes del cine argentino contemporáneo, a cuyos futuros trabajos se debe prestar atención. Argentina, 1985 fue galardonada con el premio de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) en el Festival de Venecia, elegida como película favorita del público en el Festival de San Sebastián y preseleccionada para competir por el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
El pasado histórico en disputa
Por el tema que aborda, es obvio que, más allá de su éxito comercial, crítico y artístico, Argentina, 1985 origina reacciones y lecturas diversas. Algunos acusan al filme de sostener la llamada «teoría de los dos demonios». Según esta, las detenciones clandestinas, desapariciones forzadas y torturas fueron «excesos» cometidos en el marco de una guerra interna contra la guerrilla marxista subversiva, guerra sucia, pero guerra al fin, y, en última instancia, ocasionada por la subversión que los militares se vieron obligados a enfrentar. Francamente, encuentro esta acusación particularmente equivocada; en ningún momento del metraje se sostiene la hipótesis de «los dos demonios». Antes bien, se hace hincapié en el carácter sistemático y planificado de los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado y el objetivo genocida de la violencia desatada por los militares.
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Otro reparo esgrimido, quizás con mayor justificación, es que la película no muestra el reclamo de justicia de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo o Abuelas de Plaza de Mayo, que desde los años de plena dictadura protagonizaban una valiente lucha para encontrar a sus hijos y nietos desaparecidos, acompañadas por organizaciones de defensa de los derechos humanos. En respuesta cabe señalar que Argentina, 1985 es una obra de ficción, cuyo punto de partida narrativo es el desarrollo del juicio a las juntas militares. No es un documental, no pretende abarcar el complejo entramado de la historia política argentina anterior y posterior al proceso militar desarrollado entre marzo de 1976 y diciembre de 1983.
Otros critican que el filme de Mitre retacea protagonismo al gobierno de entonces, el del radical Raúl Alfonsín, y exagera en sus pullas a los sectores más conservadores del radicalismo, pero sobre todo repudian la no mención de los indultos en beneficio de los comandantes condenados, emitidos por el sucesor de Alfonsín, el peronista Carlos Saúl Menem, omisión significativa dado que las leyes de «Punto Final» y «Obediencia Debida», sancionadas durante el gobierno de Alfonsín, sí son mencionadas en la reseña final de la película.
Conviene aquí un breve repaso histórico: cuando, arrastradas por su fracaso económico, político y militar en las islas Malvinas, las Fuerzas Armadas, cediendo a la presión política interna y externa, llamaron a elecciones para entregar el poder, intentaron asegurarse la impunidad por medio de una ley de «Pacificación Nacional» que extinguía la persecución penal por los actos cometidos con «finalidad terrorista o subversiva»; la extinción también regía para los actos de las fuerzas militares y de seguridad realizados para «prevenir» o «conjurar» la subversión y el terrorismo.
En la práctica, dicha norma establecía una amnistía en beneficio de los militares dispuesta por ellos mismos. Durante la campaña electoral de 1983, el candidato peronista, perteneciente a la facción más ortodoxa y conservadora del justicialismo, Ítalo Argentino Lúder, se mostró partidario de la validez de esta salida, apelando a la necesidad de la reconciliación y unidad nacional, cubriendo con un manto de olvido los sucesos del pasado. En cambio, el candidato radical Raúl Alfonsín se pronunció a favor de juzgar por sus crímenes a los responsables de la dictadura, estableciendo una suerte de responsabilidad gradual. La idea de Alfonsín era: juzgar a los máximos responsables, es decir, los presidentes de facto y los comandantes de las tres armas, Ejército, Marina y Aeronáutica, que integraron las Juntas Militares, juzgar a los subalternos que cometieron los «excesos» más aberrantes y contemplar la posible exoneración de aquellos que participaron en la represión «cumpliendo órdenes» de sus superiores.
Una vez elegido presidente, Alfonsín impulsó la derogación de ley de autoamnistía de los militares y dispuso la creación de la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades de la cultura, la academia, las ciencias y la sociedad civil argentina, que por espacio de casi un año se dedicó a recolectar pruebas, denuncias y testimonios de violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar. Su informe final, presentado en octubre de 1984, titulado «Nunca Más», fue, según declaró Strassera públicamente, la base de los casos que usó para su acusación, circunstancia quizás no suficientemente reflejada en la película de Mitre.
Alfonsín, en su carácter de presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tomó las disposiciones necesarias para que Videla, Viola, Massera, Galtieri y los demás fueran juzgados por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, sustrayendo a los comandantes de la justicia militar, acción significativa de supremacía del poder civil sobre el militar. Paradójicamente, uno de los puntos de la sentencia de la Cámara de Apelación habilitó a los juzgados inferiores a recibir y substanciar las denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, lo que echó por tierra la idea de Alfonsín de limitar solo a los máximos responsables el juzgamiento y castigo. Esta situación acarrearía recurrentes crisis militares durante el gobierno radical, con alzamientos y sublevaciones de sectores del ejército acaudillados por Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín. El malestar militar fue aplacado solo en parte por la sanción de las mencionadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que solo muchos años después serían declaradas inconstitucionales.
Es relevante que el cine sea el catalizador que auspicie e inicie el debate sobre la historia reciente. Lastimosamente, a diferencia de nuestros vecinos, en el Paraguay estamos cada día más rodeados de olvido; la pérdida de la memoria colectiva nos acecha y, como dejó escrito Borges, «la pérdida de la memoria es el primer síntoma de la estupidez».