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A partir de un artículo del profesor Whigham (1) publicado aquí, en El Suplemento Cultural, surgen ideas sobre el proceso de apertura democrática iniciado en 1989 en Paraguay que merecen ser puestas en relieve.
El hombre, en su estado de naturaleza, accede al pacto social, que lo convierte en ciudadano en conformidad con las condiciones propias del Estado. Ese estado civil es tutelado por el Estado, regulador del uso de la fuerza, exponiendo a la vista la dicotomía Estado / ciudadano, correspondiente a la distinción entre lo público y lo privado, espacios en los que se desenvuelve el ciudadano.
Según la división de Marshall (2), el ciudadano se desarrolla en tres ámbitos: civil, político y social. El primero incluye las libertades individuales (no detención arbitraria, libertad de expresión, de pensamiento, propiedad privada, acceso a la justicia en igualdad de condiciones, etc.); el segundo incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de una organización política o como elector. El social implica una participación mínima en la riqueza económica y la seguridad social mediante la distribución de bienes disponibles.
Tomemos el ámbito civil para ensayar una distinción entre el periodo de gobierno autoritario de Stroessner y la apertura democrática. Desde 1989, se inicia la transición que otorgó la posibilidad del ejercicio de derechos civiles como nunca antes ocurrió en Paraguay. De hecho, en aquel entonces el Paraguay democrático se estrenaba ante el mundo, teniendo como único antecedente de su historia la primavera democrática de 1946 (3). Las anécdotas relatadas por el profesor Whigham se nos presentan como síntomas que indican que en este país se pasó de un largo periodo autoritario a uno de permisividad excesiva. Pero ¿quién hace notar este contraste? ¿El ciudadano o el Estado? En la anécdota, la actitud del borracho democrático nos muestra que es el ciudadano, pero la no intervención del policía indica que es el Estado.
La definición de la identidad política del paraguayo debe buscarse entre la noción republicana del bien común y la liberal del interés individual e independiente. En esta compleja tarea, parece ser que el paraguayo rompió el molde de su matriz autoritaria con el objetivo de alcanzar un mayor desarrollo, y al encontrarse con esta tarea deshecha, recurre a las piezas de ese molde para reutilizarlas y sostener el quehacer político del día a día. Más allá de la complejidad de la transición democrática post 1989, podemos concluir que el patrón autoritario como parte de la esencia nacional es percibido hasta nuestros días desde las situaciones ciudadanas más comunes hasta las acciones de dirigentes políticos.
El primer bloqueo de ruta
El 21 de julio de 1993, en la localidad de Gral. Resquín, departamento de San Pedro, se producía el primer corte de ruta en el periodo democrático y tal vez en la historia del Paraguay. Esta medida de fuerza sobre la ruta III fue adoptada por campesinos como consecuencia de una orden de desalojo de un juez local a instancias del Instituto de Bienestar Rural (IBR) (4).
Las crónicas indican que se vivieron momentos «dramáticos especialmente cuando los centenares de transportistas amenazaron atropellar la barrera humana, argumentando que no eran culpables de la situación de los campesinos». Por su parte, un senador opinaba «no me parece pertinente que trasladen el problema hacia la población en general. Considero un chantaje ya que ellos no conversaron con nosotros. Además, es un problema de comisiones vecinales y deberá ser resuelto entre ellos, sin involucrar a la población» (5). También se informó que «el clima de tensión y nerviosismo iba aumentando, generándose un enfrentamiento entre los manifestantes y los “parados”, hasta el punto que transportistas paraguayos y brasileños pretendieron “secuestrar” al dirigente Pablo Portillo para presionar el desbloqueo de la ruta. El intento fracasó con la espectacular huida de este con ayuda de sus compañeros» (6).
El bloqueo fue levantado luego de 36 horas después del desistimiento del desalojo por parte del IBR y la mediación de diputados y senadores que se trasladaron al sitio de conflicto, comprometiéndose a buscar una solución en el Congreso.
Esta medida de fuerza se hizo común desde entonces, siendo usada para presionar a las autoridades respecto a la causa que plantean los bloqueadores. Las consecuencias de los bloqueos afectan significativamente a personas que no tienen relación alguna con el conflicto motivador y que inclusive no se hallan físicamente cerca del cierre rutero. Para quienes transitan la ruta en cuestión, se trata de la negación de su derecho al libre tránsito, consagrado en el artículo 41 de la Constitución.
En este caso, los bloqueadores realizan su reclamo, legítimo o no, en desmedro de los derechos de otros ciudadanos, y por lo tanto causando consecuencias que exceden el ámbito de la discusión de sus reivindicaciones. Por su parte, las autoridades no ordenan el despeje de la ruta para no usar la violencia que, según dicen, empeoraría la situación. De esta manera, el dialogo se hace dificultoso y las pasiones se superponen al interés general.
El ejercicio de derechos no exime del cumplimiento de la ley. No puedo pisotear la libertad de otro proclamando el uso de mi libertad como justificativa. Estas deberían ser las máximas de una democracia pedagógica o pedagogía democrática a ser desarrollada en la ciudadanía, pues parece ser que cada persona entiende la democracia según su experiencia y conveniencia personal.
Notas
(1) Th. Whigham: «Mirando hacia 1988: los múltiples desafíos de la democracia en Paraguay (y otros lugares)», El Suplemento Cultural del diario ABC Color del 07/08/2022.
(2) T. H. Marshall: Citizenship and Social Class. En: http://academtext.narod.ru/MarshallCitizenship.pdf
(3) Tuvo seis meses de duración y fue antesala de una guerra civil.
(4) Inmueble de 6721 ha ubicado sobre la Ruta III, distrito de Lima, adquirido por el IBR (actual Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT) para asentamiento de 530 familias de campesinos de varios distritos de San Pedro.
(5) Diario ABC Color del 22/07/1993, p. 12.
(6) Diario ABC Color del 23/07/1993, p. 9.