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Entre los temas más relevantes que están en discusión hoy se destacan la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, la posible venta de 100 MW medios de energía generada en la Central Acaray, la actualización del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para el periodo 2021-2040 y la reciente promulgación de leyes que buscan regular el uso de energías renovables y combatir el robo de electricidad.
La revisión del Anexo C de Itaipú, que establece las condiciones financieras y de comercialización de la energía generada por la binacional, es un proceso que podría tener implicancias profundas para Paraguay.
El país históricamente cedió su energía no utilizada al Brasil a precios irrisorios, beneficiándose el vecino país de su participación en Itaipú. Sin embargo, la revisión en curso, que según el último acuerdo con su socio en la binacional debe concluir antes del 31 de diciembre de este año, ofrece una oportunidad para renegociar términos que podrían fortalecer la posición estratégica de Paraguay en el mercado regional.
Lamentablemente, se desconocen los temas que el gobierno de Santiago Peña busca reivindicar en esta negociación, debido a la falta de transparencia respecto a las tratativas.
Simultáneamente, la ANDE propuso la venta de 100 MW medios de energía generada en la Central Acaray al mercado abierto del Brasil, lo cual refleja la intención de diversificar las fuentes de ingresos. Esta venta podría ser una medida para aprovechar la capacidad instalada en un mercado que demanda cada vez más energía limpia y accesible, pero también podría abrir debates sobre la mejor utilización de estos recursos en beneficio del desarrollo interno.
El Plan Maestro de la ANDE 2021-2040 es otro elemento central en el panorama energético de Paraguay. Este plan establece una hoja de ruta ambiciosa que incluye la expansión de la red de transmisión y distribución, la incorporación de nuevas tecnologías, y el fomento de la eficiencia energética.
La ANDE busca así garantizar el suministro confiable de energía a largo plazo, en un contexto de crecimiento económico y aumento de la demanda, pero también enfrenta el reto de financiar e implementar estas inversiones en un contexto de restricciones presupuestarias.
Por otro lado, la Ley N° 6977/2023, que regula el fomento de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, es una pieza clave para diversificar la matriz energética del país. Esta normativa busca incentivar la inversión en proyectos que reduzcan la dependencia del país de las grandes hidroeléctricas, promoviendo un desarrollo más sostenible y resiliente. La implementación efectiva de esta ley podría posicionar a Paraguay como un líder en energías renovables en la región, pero va a requerir un compromiso fuerte de los sectores público y privado.
En paralelo, la Ley 7300, que modifica el artículo 173 del Código Penal para imponer penas más severas a quienes se dediquen a la sustracción ilegal de energía eléctrica, aborda un problema que se ha vuelto crónico en el país. El robo de electricidad no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones eléctricas. Con esta nueva legislación se espera que se reduzcan los índices de robo de energía.
En resumen, las decisiones que se tomen, tanto en términos de políticas públicas como de inversiones, serán cruciales para definir el rol de Paraguay en el mercado energético. Estos desafíos requieren una coordinación efectiva entre las distintas instituciones involucradas y un enfoque coherente que permita maximizar los beneficios para la población.