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La soja, en los últimos años, se ha convertido en la locomotora de la economía paraguaya, promediando entre el 45% y el 50% de las exportaciones totales; y en materia de empleo y seguridad social, las industrias asociadas al gremio Cappro generan trabajo para más de 8.800 personas en forma directa e indirecta y están entre los principales aportantes al IPS, explicó Sandra Noguera.
Añadió que en los últimos cinco años, las ventas al extranjero relacionadas a la actividad agropecuaria y la agroindustria han representado alrededor del 66% de las divisas generadas por las exportaciones registradas. De esta manera, prácticamente 2 de cada 3 dólares que ingresaron al país por los productos locales están relacionados a ambos sectores.
Comentó que según los datos de comercio exterior del Banco Central, eso implica que de los cerca de US$ 42.227 millones en exportaciones entre el 2015 y el 2019, US$ 27.758 millones fueron por productos del campo o la agroindustria paraguaya.
Brega por una política de Estado
En ese contexto, señaló que Cappro brega por una política de Estado que apunte al desarrollo y fortalecimiento industrial, con visión de largo plazo y en beneficio de toda la cadena de valor.
“Paradójicamente, en los últimos años nos hemos visto afectados por la inseguridad jurídica traducida en los constantes cambios a través de normas arbitrarias, donde se ha privilegiado una visión sectorial y cortoplacista”, expresó.
Destacó que el reclamo de fondo de Cappro apunta principalmente al respeto de los preceptos constitucionales, a que las agroindustrias reciban el mismo tratamiento impositivo que tienen todas las demás industrias, ya que actualmente son las únicas que no tienen la posibilidad de recuperar el IVA al exportar productos industrializados.
En el mismo sentido, destacó que la agroindustria y toda la cadena, desde la producción hasta la exportación, está preocupada por la demora en la reglamentación de las normas de valoración previstas en la última reforma tributaria.
Mencionó la Ley N° 6380 De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, que incluyó dentro del impuesto a la renta empresarial (IRE) todo un capítulo denominado “Normas especiales de valoración de operaciones”, para regular los precios de transferencia, por operaciones realizadas entre personas o entidades vinculadas, lo que podría derivar en ajustes en la determinación del impuesto.
En el inciso 7 del art. 38 de la mencionada ley se incluyen a los bienes respecto de los cuales exista una cotización internacional pública a través de mercados transparentes mundiales o regionales, bolsas de comercio o similares, que es la manera en la que se comercializa en el sector.
“Nuestra cámara, así como las entidades más importantes que conforman la cadena productiva, se ha puesto a disposición de la autoridad tributaria para disponer de la reglamentación, previo al inicio de la nueva zafra, atendiendo a las características particulares del negocio de granos. Desafortunadamente no contamos aún con dicha normativa”, destacó.
Sin embargo, la zafra 2020/21 ya está lanzada, los procesos de financiación y comercialización de la producción 2021 ya están corriendo, por lo tanto, se tiene alto riesgo de asumir compromisos que podrían ser afectados por disposiciones extemporáneas, advirtió.
“Es por ello que hemos solicitado a la autoridad tributaria que la nueva reglamentación tenga aplicación a partir de la zafra 2021/2022, por el tiempo que podría llevar la socialización de una norma de este tipo y su fuerte impacto”, propuso.