Cargando...
SANTA ROSA DEL AGUARAY, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal). Los miembros de la organización ciudadana sospechan que desde la propia Fiscalía General se muestra complicidad o blindaje a la corrupción. Desde el 2013 vienen denunciando al intendente colorado, Mario Benítez, por lesión de confianza, pero hasta ahora no existe acción de la fiscalía, pese a existir un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR).
El sacerdote Cristian Paiva, miembro de la multisectorial, lamentó la inoperancia de la fiscalía para desalentar la corrupción en la ciudad. Dijo que volvieron a presentar ante el Ministerio Público una ampliación de la denuncia sobre lesión de confianza y aguardan que ahora se inicie la investigación.
La multisectorial santarroseña denominada “Rebelión del pueblo”, compuesta por diversos sectores de la sociedad en el 2013 comenzó una campaña con el lema: ¿Dónde está la plata?, denunciando al intendente Mario Benítez ante el Ministerio Público y ante la CGR por presunta mala administración de unos G. 10.000 millones que incluyen Fonacide, royalties y recursos propios, pero hasta ahora no hay avance en la investigación.
Antecedentes
La multisectorial en el 2013 denunció al intendente Mario Benítez (ANR) ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Los fiscales Martín Cabrera, de Delitos Económicos, y Carlomagno II Alvarenga investigaban la gestión municipal y en marzo del 2014 la comitiva fiscal allanó la Municipalidad, pero no encontró documentos y tampoco a Benítez. Los funcionarios dijeron que todos los documentos estaban en poder de la CGR. Luego, en mayo del 2015 volvieron a allanar la Municipalidad y otra vez no pudieron encontrar documentos, ni al intendente.
Tras esta última situación, el Ministerio Público ordenó la captura del intendente, lo que obligó al político colorado a presentarse y entregar los documentos a la fiscalía.
Luego, el cuestionado intendente recusó al fiscal Carlomagno II Alvarenga, por supuesta “falta de objetividad, amistad manifiesta con los denunciantes y por su odio hacia el intendente”. Recusó también al fiscal adjunto Marco Alcaraz, con el objetivo de impedir que prosiga la investigación que soporta por lesión de confianza. A dos años de la denuncia, el fiscal Carlomagno II fue reasignado en el departamento de Concepción, y la fiscala Fani Aguilera quedó como interina en el caso. Ahora pasa en manos del fiscal Néstor Narváez.
“Nunca se supo nada del trabajo del fiscal Martín Cabrera que está investigando el caso desde el inicio”, manifestó, el sacerdote Paiva.