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Los delitos ambientales ocurren preferentemente en la zona noreste de Caazapá, como San Juan Nepomuceno, Tava’i y Aba’i, donde se encuentran las reservas para Parque Nacional San Rafael.
El fiscal general del Estado, el caazapeño Javier Díaz Verón, ordenó el traslado de la oficina de la fiscalía medioambiental a la ciudad de Caazapá, lejos del epicentro de los atropellos contra la naturaleza.
Según datos, una mafia empotrada en varios estamentos de la región habría influido en la decisión de trasladar la unidad a Caazapá. De esta manera se le otorga “ventajas” a los depredadores.
Tratamos de hablar con respecto a la denuncia con Díaz Verón, pero no atendió nuestras llamadas a su celular.