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Si es cierto que la democracia consiste en el ejercicio del poder por parte del pueblo, la experiencia señala que también es posible llegar al totalitarismo por la vía democrática. Existen algunas democracias que fueron evolucionando hacia formas sutiles de despotismo. La nuestra exhibe un poder manejado por cúpulas partidarias que se han distanciado de las necesidades reales de la ciudadanía campesina, que en estos días de nuevo marcha sobre Asunción con sus demandas que no obtienen solución. El sector de gente trabajadora del campo le pide al Poder Ejecutivo la transferencia de 25 millones de dólares prometidos para reactivar la agricultura familiar campesina, que está muy afectada por la pandemia y el clima adverso.
Las protestas del campesinado son acompañadas por docentes y médicos, que también se manifiestan y expresan sus quejas, ante el desinterés de las autoridades en los pedidos reiterados de equidad en los salarios, de sueldo acorde con las horas trabajadas, solicitadas por estos sectores de profesionales que son imprescindibles para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Por su parte, también los camioneros siguen con bloqueos al tránsito, en paro, movilizados en la zona de la costanera capitalina y en distintos sitios del interior del país, reclamando que el costo operativo del flete se fije mediante una ley que esperan sea aprobada por el Senado.
Ante la inefectividad gubernamental, con la intención de monitorear las actividades del Gobierno e incluso aportar posibles soluciones a estos conflictos, la ciudadanía podría crear entes jurídicos independientes, integrados por intelectuales, profesionales y personas de reconocido prestigio. Constituir contrapoderes sociales que moderen la influencia del poder político y económico, lo cual implicaría cierta cesión de soberanía por parte de las instituciones políticas en beneficio de la sociedad civil. Con la firme intención de garantizar la justicia y la igualdad, esto dejaría en manos de la libre iniciativa de la ciudadanía, algunas de las esferas de acción que los poderes públicos fueron invadiendo de manera progresiva.
Aunque se trata de un proceso que los políticos y partidos van a cuestionar, estamos ante una realidad que se impone por la fuerza de los hechos particulares. Es necesario que surja el voluntariado de una ciudadanía que percibe con claridad que este es uno de los principales retos que se plantean en forma urgente.
Sería la transición de una sociedad en la que el Estado, mediante las leyes y a través de los servicios públicos, es el único garante de la solidaridad, hacia otra en la que la propia ciudadanía goza de una mayor libertad, pero al mismo tiempo actúa como copartícipe y corresponsable de la administración del Gobierno. Una forma de asumir responsabilidades cívicas directas por parte de la ciudadanía acostumbrada a pagar impuestos y a exigir que sea el Estado (como es su obligación) el que solucione los conflictos, porque se percibe que este modelo de política es difícil, si no imposible, de sostener fuera de la corrupción burocrática.