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Alda Cardozo trabajó durante 3 años voluntariamente en el penal acompañando “Cirugía de la mente” (programa de rehabilitación a través de la lectura). La ministra de Justicia, Sheila Abed, la nombró este año directora del seguimiento de la situación procesal de los reclusos de todas las penitenciarías del país. Alda es una conocedora profunda de la situación de los presos en el Paraguay. “El último censo lanzó que solo el 27% de las personas tienen condena, y yo venía denunciando en estos años que el 63% de los presos estaban sin condena, por lo que el hacinamiento era debido al uso abusivo de la prisión preventiva y la mora judicial excesiva. Pasé por 4 ministerios de justicia durante mi trabajo y por primera vez encuentro una persona que se interesa”, dice la abogada, cuyos ayudantes en la oficina son internos. “Solo ellos entienden lo que significa este trabajo, tengo una chica que está con libertad condicional, se mata trabajando, no para si no trae la libertad para alguien, porque conoce lo que es estar adentro. Realmente esta Dirección revolucionó Tacumbú”.
–Eterna mala relación con la penitenciaría.
–No había relación, a nadie le interesaba las personas privadas de libertad. Pedimos varias veces audiencia con todos, nunca fuimos recibidos.
–¿Por qué esta ministra respondió?
–Es una persona muy sensible, hoy el foco del ministerio son las personas privadas de libertad. Ni bien yo acepté me ofreció una oficina en el ministerio, pero yo le dije que quería en Tacumbú. Asumí en un acto muy emotivo, hasta vítores tuve de los internos, porque esto trajo esperanzas. En este tiempo atendimos a 2.263 personas, y hasta el 30 de setiembre teníamos 280 libertades solo por procuraduría de esta Dirección.
–La libertad condicional de los presos no es una idea fácil para nuestra sociedad.
–Como están hoy las penitenciarías, el encierro no es la solución. Había quiénes compurgaron su pena hacía más de un año y nadie les hacía caso, no había dónde ir a pedir que se ocupen de ellos. Hace poco tuve un problema con la jueza de Capiatá, fui hasta allá porque se presentó en mi dirección un chico que estaba sin condena hacía 5 años. Fui a reclamar la libertad –porque ya pasó el tiempo– y me encuentro con que ellos habían librado hace 5 años (3 días después de entrar se concedió la medida sustitutiva) pero no notificaron al penal; simplemente le enviaron al chico a la comisaría y figuraba como si estuviera ahí, pero el comisario le había mandado a Tacumbú.
–Entre la inoperancia y el olvido.
–Sin dudas. Hace poco participé en Perú en un encuentro para optimizar recursos en las penitenciarías. Ahí se habló mucho de la ayuda humanitaria, pero esta ayuda no pasa solamente por darles comida y agua a las personas, yo planteé que tiene que reconocerse como una necesidad el saber sobre la causa, el darle información cierta y oportuna. Porque es una forma de tortura no recibir respuestas y estar ahí encerrado sin saber cuando vas a ir a comparecencia, cuántos años te van a condenar. Nada, ellos no saben nada, muchísima gente sin abogados.
–¿Qué piensa de las autoridades que comparten la férrea línea del encierro?
–Ya me dijeron en algunas reuniones “pero vos te pasás defendiendo a los delincuentes”; confunden las cosas, yo lo que hago es defender el cumplimiento de la ley. Entiendo que si cometiste un delito tenés que ser sancionado pero lo justo, no tenerle 4, 5 años sin condena. Lo peor son las autoridades que se encargan del tema “a control remoto”, no dejan su oficina con aire acondicionado, jamás pisaron la penitenciaría.
–¿Cree que la gente común comprende su visión, su trabajo?
–La gente se guía por lo que ocurrió. Si un motochorro acribilló, quiere mandarlo a la cárcel y listo. Ahí no acaba el problema, tenemos que solucionar antes. Los centros educativos de menores infractores están repletos porque ahí hay un problema de drogas, no son delincuentes, son personas enfermas. No tenemos lugares donde estos jóvenes se redescubran, se sanen. Para dejar de poblar las cárceles, hay que pensar de dónde viene la violencia. Yo estoy haciendo una serie de entrevistas con chicos presos que no tienen mamá ni papá, son historias muy fuertes.
–¿Qué puede asegurar desde su experiencia?
–Que ellos no son un expediente como los ve nuestra justicia, son personas. Por el trabajo que venimos haciendo desde hace años, nosotros sabemos quiénes son aptos para estar afuera. Pero un juez que niega la libertad, arruina todo el trabajo que hicimos; la persona piensa “para qué me voy a portar bien, para qué voy a estudiar, si igual después me voy allá y la psicóloga y el juez me niegan la libertad. No vale la pena”. Para esto la ministra creó el Viceministerio de Política Criminal, y también dentro de poco vamos a tener las clínicas legales.
–¿Para mover los expedientes?
–Sí. Estas clínicas legales van a servir para que las personas conozcan cuál es el tratamiento para un hecho punible. En las comisarías vamos a hacer las clínicas porque encontramos mucha gente privada de libertad estafada por abogados inescrupulosos, por gestores. Hay abogados que sabiendo que la ley lo impide prometen sacar a la persona por 50.000, 30.000 y 20.000 dólares o lo que sea, hasta 500.000 guaraníes. Yo me encuentro ahora con recibos con sellos de abogados/as y también vamos a tomar acción contra ellos.
–Las clínicas legales llegarán a los barrios?
–Es la idea que tenemos. Llegar y trabajar con los grupos vulnerables, mostrarles la realidad, qué les espera si cometen delitos. Yo sigo insistiendo en que hay una deuda grande del Ministerio de Educación, tenemos que trabajar seriamente. La sociedad tiene que mirar de manera diferente la penitenciaría y también los parlamentarios que recortan el presupuesto y no miran al preso como a un ser humano.
–Para toda innovación, hay resistencias, ¿cuál sufre usted?
–Nosotros tuvimos casos de defensores públicos que no asistieron a 32 audiencias, es decir 32 veces se suspendieron las audiencias, ¿qué implica esto? gasto de combustible que no tenemos, enviar al guardiacárcel, etc. Esa es la resistencia que sufro. No es que yo quiera enfrentarme con el Poder Judicial, la Defensoría Pública, el Ministerio Público, yo quiero aliarme porque ellos son los que van a ayudar a que mi trabajo se realice. Pero llega un momento en que se tiene que conocer las barbaridades que se cometen con las personas.
–¿Siente que su trabajo es de alto riesgo?
–Velamos por los derechos, soy muy bienvenida en las penitenciarías, conozco todas hasta el último rincón. Si encuentro una persona enferma canalizo, mando a DD. HH., a Salud y se solucionaron muchísimos problemas. Si bien es cierto que mi dirección sigue causas judiciales, ya hemos llevado adelante bodas y reconocimiento de niños, todo se viene a pedir. También estamos en contacto con universidades que quieren trabajar con nosotros. La verdad este es mi mundo, mi familia. Estoy trabajando para personas que nunca fueron escuchadas ni asistidas y los resultados son todos buenos.
lperalta@abc.com.py