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La socióloga Mary Lezcano comenta que como Plataforma Social de DD.HH., Memoria y Democracia buscan visibilizar las acciones de solidaridad y organización del pueblo, por eso vienen trabajando sobre un mapeo con otras organizaciones territoriales, sociales e iniciativas comunitarias que se gestaron en este tiempo de crisis sanitaria única vivida en este tiempo como país y en el mundo.
“Hemos constatado en 12 departamentos, en unas 96 ciudades, barrios y asentamientos que unas 40.950 personas están siendo alimentadas gracias a las ollas populares. Este relevamiento se ha notado que los sectores que se han organizado para paliar la situación del hambre son sectores vulnerados como las periferias, los bañados, los asentamientos, las comunidades indígenas y pueblos del interior del país que están siendo golpeados por la pérdida de trabajo, la disminución de sus ingresos entre otros y que en su mayoría no están siendo asistidas por algún ente del Estado o no les ha llegado ningún beneficio de los programas implementados para esta crisis como Ñangareko o Pytyvõ, en el caso del programa de Ñangareko implementado por la SEN no ha habilitado un mecanismo efectivo de quejas para las personas postulantes que debería ser beneficiaria, lo que significa que las ollas populares están supliendo esta necesidad básica y además están siendo autogestionadas por la solidaridad de muchísimas personas y organizaciones de la sociedad civil”, señala Mary Lezcano.
Derecho a la alimentación
La crisis económica y el desnudo en garantías de derechos humanos básicos como salud, alimentación y educación, trae consigo la presión y la exigencia de generar políticas públicas en materia de protección social traducidas en derechos humanos fundamentales para la dignificación de cada ser humano y en este caso específico el derecho a la alimentación.
“Queda evidente la ineficiencia en cuanto a los programas implementados por el Estado para esta crisis, y en un contexto de estas características, no se puede prescindir del aporte de las organizaciones populares y barriales, aquellas que se gestan en un tiempo en que el cuidado de unos con otros es imprescindible y en este caso indispensable para que cada persona lleve un bocado a la boca, es decir, ese derecho a la alimentarse, además de todo el sentido de los valores que se practican con las ollas populares, como el sentido comunitario, el jopói, la generosidad, este capital social que genera una cooperación entre los miembros”, manifiesta la socióloga.
Programas y políticas públicas
“Estamos convencidos de que la olla popular, es el programa más efectivo, organizado y solidario de la pandemia del coronavirus en Paraguay por eso nos preguntamos ¿Cuál es el pretexto o la razón por la cual el Estado no la hace una política pública o un programa en tiempo de crisis y de hambruna generalizada? Creemos que las ollas populares deben ser politizadas comprendiendo su enorme alcance, siendo así una medida de protección social poblacional.
“Además de la ineficiencia de los programas deja al desnudo la falta de organización del Estado y no de la gente, la gente está organizada, el problema es que no se llega a esa gente organizada”, explica Mary.
También afirma la socióloga que el Estado no puede dejar que estás ollas estén vacías, porque de esta manera está negando un derecho fundamental que es la alimentación, según un informe de la FAO en Paraguay existe unas 800.000 personas subalimentadas, que ya estaban pasando hambre y con esta crisis se agudiza y no puede la ciudadanía hacerse cargo de sostener por mucho tiempo una responsabilidad que toca al Estado, teniendo en cuenta todos los recursos económicos que fueron adquiridos para enfrentar esta crisis, que deben ser invertidas de manera transparente en todas las necesidades que tenga que ver con la protección de la población.