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El 28 de diciembre del año pasado, el abogado Raúl Daniel Ramírez, en representación de Villamayor y Coscia, promovió la ejecución del laudo arbitral en concepto de honorarios profesionales. El ministro del Interior reclama 2.656.502.011 guaraníes y el procurador, G. 1.328.251.006.
Villamayor y Coscia fueron abogados de la firma Ivesur, encargada de las inspecciones técnicas vehiculares, que le ganó a la Municipalidad de Asunción la suma de US$ 3,6 millones, en concepto de indemnización.
El monto fue establecido por un tribunal arbitral, cuyo fallo no fue apelado por el hoy contralor general, Enrique García, cuando fue director jurídico de la comuna a cargo de Mario Ferreiro.
El abogado Ramírez solicitó a la juez del fuero civil, Judith Gauto, que intime a la Comuna a pagar y al mismo tiempo disponer el embargo preventivo en contra la Municipalidad de Asunción. “Se ha intentado en varias oportunidades el cobro de lo adeudado por vía extrajudicial, sin éxito”, añadió el abogado Ramírez.
Sin embargo, el 28 de febrero pasado la magistrada rechazó el embargo solicitado, pero dio por iniciado el procedimiento de ejecución de sentencia promovido por Villamayor y Coscia por G. 3.984.753.896.
No apeló fallo
Los honorarios del ministro del Interior y del procurador general se dieron a raíz de la demanda que la empresa Ivesur le ganó a la Municipalidad, que fue condenada por un tribunal arbitral a pagar US$ 3,6 millones a la firma en concepto de indemnización.
Sospechosamente, la sentencia condenatoria no fue apelada por García, que entonces era director jurídico de la Comuna. La no apelación del fallo fue corroborada con sendas sentencias de los tribunales de apelación del fuero civil.
Imputación
El caso incluso le costó al hoy contralor general Enrique García una imputación por el uso de documento de contenido falso, ya que una pericia del Ministerio Público determinó que con el documento apócrifo se quiso demostrar que el fallo arbitral supuestamente fue recurrido.
La imputación la presentó el fiscal Leonardi Guerrero y la misma forma parte de la acusación de Diputados contra García, en el juicio político que se ejecutará en la Cámara de Senadores.
El procesamiento de García fue anulado por una Cámara de Apelaciones y la resolución fue confirmada por la Corte Suprema. Sin embargo, el funcionario sigue imputado.
CONTRALOR GARCÍA SIGUE IMPUTADO
Aunque su proceso fue anulado por tener inmunidad constitucional, el Contralor General de la República Enrique García sigue imputado. No es como quieren hacer creer algunos senadores como el liberal, Fernando Silva Faccetti (llanista), quien afirma que los fallos le favorecieron a García y que desapareció esta causal de su enjuiciamiento.
El contralor sigue imputado y lo que no se puede hacer es someterlo al proceso, ya que goza de la inmunidad que le otorga el juicio político. Por el cargo que ocupa, figura entre los altos funcionarios que primero tienen que ser destituidos del cargo para ser enjuiciado por la justicia como el caso de los ministros de la Corte Suprema y otros.