Victoria SA ofreció al Parlamento la donación de 30.000 hectáreas de tierra, en Puerto Casado. La propuesta de la firma coreana incluye la mensura de la fracción, a fin de que pueda ser transferida de inmediato al Estado paraguayo. Esto permitirá al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llevar a cabo la tarea de loteamiento entre las familias beneficiarias.

Aceptar la donación de las 30.000 hectáreas permitirá a las arcas del Tesoro el ahorro de una considerable suma de dinero, que deberá destinarse indefectiblemente al pago de indemnización por la expropiación de las tierras de Victoria SA, medida adoptada precisamente por el Parlamento, a través de la Ley 2730/05.

Hay que agregar que se requiere una multimillonaria suma de dinero para financiar la instalación de las familias que recibirán sus lotes. Las tierras que fueron expropiadas el año pasado no pueden ser utilizadas para actividades agrícolas, lo que limita seriamente las posibilidades de empleo económico.

A las limitaciones económicas se suma la imposibilidad de aplicar la Ley 2730/05, por los gruesos errores técnicos y jurídicos. El proyecto fue elaborado por la organización no gubernamental Comunidad y Desarrollo Sustentable (Codes), dirigida por el licenciado Alfonso Olmedo. Basta con mencionar que cuatro mojones del perímetro de expropiación fueron ubicados en pleno río Paraguay, para reflejar la mediocridad del trabajo elaborado por Codes.

Los técnicos dirigidos por el licenciado Alfonso Olmedo incluyeron en el proyecto de ley el listado de fincas y padrones que debían desafectarse. Aquí surgieron dos problemas muy serios: primero, las fincas superan el área expropiada por ley, totalizando 130.000 hectáreas; segundo, los límites no incluyen la ribera del río, lo que significa que no tienen acceso directo al río Paraguay, que era precisamente uno de los reclamos de los dirigentes casadeños.

Por esta circunstancia optaron por expropiar la finca 21.051 en su totalidad, en decir las 330.000 hectáreas de superficie que abarca. La Ley 2730/05 dice que la superficie desafectada es 52.000 hectáreas.

El proyecto de ley fue presentado al Parlamento por el senador José Nicolás Morínigo, quien defendió el documento a pesar de las graves falencias que contenía. Arrastró a sus colegas del Congreso a cometer un error, con la consecuencia actual de la prolongación de un conflicto, que en definitiva está hundiendo en la miseria a la población casadeña.

Dirigentes políticos casadeños obtienen ganancias "en río revuelto". Las instalaciones de la empresa están siendo saqueadas impunemente, en abierta complicidad con efectivos de la Policía Nacional. Victoria SA es víctima del robo descarado de sus bienes: desde motores trifásicos hasta herramientas, pasando por sierras de la carpintería, que desaparecieron a pesar de la "custodia" policial.

Aceptar la donación de las 30.000 hectáreas es un buen negocio para el Gobierno, que podrá terminar de este modo con un conflicto social que se prolonga ya en exceso. Victoria SA espera que el Parlamento derogue la ley 2730/05, a fin de iniciar en forma inmediata las tareas de mensura con los técnicos de Indert.

Es probable que la Comisión Pro Tierra exprese oposición a la propuesta de la firma afectada, sobre todo por el interés que despierta tomar posesión sobre inmuebles que se encuentran en el área urbana de Casado, muy especialmente despierta interés las oficinas administrativas.

La donación prevé la entrega al Estado paraguayo de 50 hectáreas dentro de la ciudad, para su empleo por diversas instituciones. Habría que ver si el griterío que suelen armar los dirigidos por Francisco Dick de nuevo es suficiente para cegar a los parlamentarios.


Roque González Vera, roque@abc.com.py