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Víctor Casas denunció que los dos procesos penales en su contra son producto de la injerencia política en la Justicia de parte del vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, con quien tiene un conflicto partidario y personal desde 2013. La “diferencia” entre ambos políticos surgió en el año 2010, cuando Casas asumió la intendencia a la que llegó mediante la chapa de la ANR y con apoyo del “afarismo”.
Según Casas, cuando asumió el cargo decidió no permitir que Afara maneje la administración comunal, tal como lo hizo y lo sigue haciendo con otros intendentes colorados. Esa posición molestó a Afara y empezó a “perseguirlo”.
De hecho, las denuncias en su contra fueron presentadas por la esposa del vicepresidente, concejala Luz Argüello de Afara, y por Hermenegildo González, locutor de la radio de la familia Afara (Kokue Poty) y quien en el año 2013 fue puesto en el cargo de intendente por la Junta Municipal tras la destitución de Casas. Ese mismo año, el nuevamente electo jefe comunal fue expulsado de la ANR.
Sin embargo, los fiscales Héctor Garay y Luis Albertini, quienes investigan a Casas, sostienen que poseen sólidos elementos que prueban que existe sobrefacturación y otras irregularidades en la construcción del Palacete Municipal y la Terminal de Ómnibus.
Ambos casos son paralizados constantemente por medio de chicanas que presentan los abogados defensores de Casas: José Domingo Almada, Carmelo Caballero, Osvaldo Bittar y Arnaldo Gaona, denunciaron los Garay y Alderete. Los agentes fiscales pidieron sanción para los letrados por la interposición de recursos dilatorios.
En el caso de la construcción del Palacete Municipal, la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de G. 382.306.609. Incluye un presunto sobrecosto de G. 116 millones de la obra y más de 265 millones como daño patrimonial por la demolición del antiguo edificio del local comunal, considerado histórico por los “afaristas”.
Además, acusan a Casas de transgredir la disposición de su Junta Municipal que le autorizó la “refacción y ampliación” del edificio municipal por más de G. 1.522 millones. Sin embargo, Casas permitió el derribo del antiguo edificio municipal y construyó uno nuevo.
Igualmente, los fiscales acusan que Casas adjudicó en las tres etapas de la construcción a la oferta más elevada, presentada en todos los casos por la arquitecta María Gloria Guerrín Salomón. Con ese sistema eludió el llamado a licitación para la obra, aseguraron los agentes del Ministerio Público.
El caso de la terminal
El otro proceso contra Casas es por el presunto sobrecosto en la construcción de la Terminal de Ómnibus. Según una pericia arquitectónica del Ministerio Público, la obra no habría costado más de G. 130 millones. Sin embargo, fue presupuestada en G. 550 millones.
En ambas causas, Casas dice tener los documentos que avalan que el dinero se utilizó correctamente.
Sin embargo, desde hace un año evita llegar a juicio oral y público. Alega que no se someterá porque “no sería un juicio justo” porque existe presión de Afara sobre el Poder Judicial.