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Solo para el nombramiento del defensor del Pueblo, los parlamentarios tardaron siete años, y no lo hubieran hecho si no fuera por las presiones de las víctimas que realizaron movilizaciones y prolongados campamentos frente al Congreso.
Una vez instalada la Defensoría y nombrado el defensor, otra vez se iniciaron las trabas legales promovidas desde el Poder Ejecutivo con la acción de inconstitucionalidad presentada por el procurador general Juan Carlos Barreiro Perrota.
A pesar de existir antecedentes en la Corte Suprema de Justicia que rechazó un pedido similar, igual se presentó la acción, evidentemente con el solo objetivo de dilatar la indemnización a las víctimas.
Mientras, cientos de estos compatriotas que pasaron años de su juventud en los calabozos y fueron salvajemente torturados porque no estaban de acuerdo con el régimen, siguen sufriendo las secuelas de aquellos tormentos en la indigencia, incluso varios murieron en ese estado.
Hastiados de este juego perverso, los afectados se reunieron en el local del Partido Comunista para definir nuevas acciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Indemnizaciones.
‘‘No nos quedaremos con los brazos cruzados. Si en los momentos más difíciles hemos enfrentado al aparato del Estado, ahora no vamos a arriar la bandera de la lucha’’, dijo el presidente del Movimiento Nacional de Víctimas, Antonio González.
Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y adelantó que si no encuentran justicia en nuestro país recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También piden al defensor del Pueblo, Manuel María Páez, imprimir más agilidad a los trámites y que sea justo a la hora de firmar las resoluciones de indemnización.
Las víctimas no descartan la posibilidad de realizar nuevas movilizaciones.