Ventas sucesivas mientras litigaban

Lo llamativo del caso es que mientras aún se discutía en tribunales la titularidad de las tierras ocupadas por los Ayala Garcete, las ganaderas que decían ser propietarias realizaron ventas sucesivas de la estancia hasta que quedó en manos de Agro Inversora Occidental SA (AGROOSA).

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AGROOSA tiene como directores a Martin Furlong, Juan Enrique Mackkinnon y Rossana Porfiria Zárate Ferreira. Entre sus accionistas aparecen Raúl Emilio Zapatar, Matías Gallart, Alberto Gabriel Quintas y Santiago León Casado. 

Precisamente fue contra este último que la familia Garcete inició el juicio de usucapión, porque había abandonado las tierras y se desconocía si seguía en el país. Curioso, quien era el dueño original y abandonó la propiedad decidió regresar para comprarla de otros.

La empresa fue constituida en julio de 2012 ante el escribano José María Livieres, profesional que ha constituido varias de las empresas del expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara. En julio de 2015, los representantes de la firma decidieron realizar gestiones a través de la escribana Nélida Chávez de González, esposa de González Daher.

Santiago León Casado figura además como accionista y vicepresidente de la empresa Carlos Casado SA, empresa que adquirió grandes extensiones de tierras del Chaco durante el gobierno de Bernardino Caballero. Una vez más, Nélida Chávez de González figura como la actual escribana de esta empresa con un largo historial de denuncias por abusos contra los pobladores de la zona e indígenas.

Fue precisamente AGROOSA, vinculada a Santiago León Casado, la que denunció la supuesta invasión de la propiedad ante el Ministerio Público. Como abogada de la empresa apareció Beatriz Chávez, cuñada del legislador colorado cartista. Y fue la camioneta de esta empresa la utilizada para llevar presa a la familia Garcete.

Chávez denunció a la familia Garcete por invasión y abigeato. Invasión por estar en tierras que ellos ocupaban desde hace medio siglo y abigeato por faenar animales que le pertenecían a la familia Garcete y que serían consumidos por ellos y sus empleados.

El fiscal Morales estuvo a punto de dar lugar al pedido hasta que encontró férrea oposición de la madre de la familia, Alicia Garcete Fleitas.

Las intervenciones, los pedidos de imputación, los desalojos tenían un único objetivo: conseguir que desistan del reclamo sobre las tierras y firmaran los documentos para cederlas a las empresas brasileñas. Eran los últimos que resistían los embates, sus vecinos no tuvieron otra que rendirse.

Hoy las 12.600 hectáreas se encuentran en manos de AGROOSA, y la familia que las ocupó y trabajó durante medio siglo se quedó sin nada. Todo por la intervención del senador González Daher y su entorno.

Ni Beatriz Chávez ni el fiscal Morales respondieron a nuestros mensajes y llamadas.

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